Editorial
Las Comunidades del Exterior: Un Verdadero Capital Social, Político y Económico del País.
La falta de oportunidades que tienen los jóvenes y las mujeres, así como la población en general, alimenta las aspiraciones del dominicano a buscar suerte en otras tierras, muchas veces con la adversidad del idioma y otras barreras culturales.
Es impresionante la cantidad de criollos que ya han perdido la esperanza de mejorar sus condiciones de vida en el territorio nacional por el manejo inadecuado de las riquezas nacionales y cuyo último propósito es irse del país, tal vez para nunca más volver.
Todo joven que termina una carrera universitaria no ve otro sendero que la emigración para poder garantizar una vida digna junto con sus familiares.
Ahí está la razón de que en los últimos años la emigración de dominicanos hacia el exterior sea realmente impresionante, muchos de ellos inmersos en esfuerzos extraordinarios para insertarse en el mercado de los Estados Unidos y Europa y cuyo principal escollo lo constituye el idioma.
Sin embargo, cuando el dominicano logra superar esa barrera se convierte en un elemento de primer orden para evitar que la República Dominicana reviente por los cuatro puntos cardinales por el desempleo, los altos precios de la canasta familiar y los bajos salarios que se pagan en la industria nacional.
La suma del que logra superarse académica y tecnológicamente con el que va al exterior a ser un simple trabajador de una factoría, constituyen una fuerza económica que prácticamente lleva sobre sus hombros la pesada carga de mantener a segmentos muy importantes del país.
El asunto reviste tanta importancia desde la perspectiva de la sociología, que los dominicanos se iban al extranjero con la aspiración de regresar años después para con sus ahorros iniciar algún tipo de negocio en el entorno del calor familiar.
Pero hasta eso murió, ya que el llamado síndrome del regreso ha desaparecido porque los dominicanos del exterior se han convencido de que ello no es posible, porque el mismo generalmente se convierte en una pesadilla.
Ahora ocurre lo contrario, porque el dominicano cuando recibe una visa para irse a vivir al exterior no quiere volver, aunque nunca reniegue de sus vínculos con las tierras que le vio nacer y a partir de esta realidad lo más importante es determinar en qué medida el Estado dominicano puede desarrollar políticas públicas que impacten al criollo que vive fuera y que de esa menara sienta el peso de las autoridades del lar nativo.
Pero el asunto es tan complejo que las falencias del Estado dominicano impactan de muy mala manera a los que han huido del país como resultado del mal manejo de las riquezas nacionales y cuyo lastre lo persigue cuando las autoridades envían a los consulados, como el de New York, a burócratas que sólo buscan enriquecerse a la sombra del poder con la imposición de tarifas abusivas en contra de los que se han ido del país como resultado de la vocación mafiosa en el manejo de la administración de la cosa pública.
Le sacan hasta la sangre a su gente con tarifas tan altas que rayan en abusivas con el fin de enriquecer a un burócrata enviado desde el país a hacerse millonario con el esfuerzo de los que se han ido a trabajar duro para protegerse a sí mismos y a sus familiares que quedan en el territorio nacional.
En virtud de este complejo problema y que está asociado al mismo comportamiento de los partidos tradicionales que tienen el control del Estado dominicano, se impone que esta situación sea sometida al escrutinio público para por lo menos reflexionar sobre el tema.
Por tanto, el periódico La República entra en el escenario de representar y tratar con justicia a los hombres y mujeres de la llamada diáspora, que llevan sobre sus hombros la manutención de sus familiares sin empleos o con empleos de mala calidad, pero además de todo el mal comportamiento del Estado, el cual no se corresponde con la buenas y desinteresadas intenciones del dominicano del exterior que sólo da a cambio de prácticamente nada.
Gobiernos vienen y gobiernos van a hacer promesas en el exterior que nunca cumplen y que ha llevado incluso al cansancio a gente que aporta tanto a la economía y la democracia dominicanas.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.