Editorial
¿Qué va a pasar con la corrupción del Gobierno de Leonel Fernández ?
La corrupción es uno de los eventos deportivos dominicanos que simplemente no se ha oficializado. No se sabe por qué no participó en las pasadas olimpíadas del Reino Unido.
Ahí hubiéramos tenido múltiples preseas a nivel mundial.
(No menos risible es la encuesta que otorgó la agencia de muestreos Asisa con un 70 por ciento de popularidad a un Leonel Fernández que de haberse lanzado a la reelección no hubiera ganado ni en Villa Juana, su barrio natal, en la capital).
Se sabe asimismo que fue Vincho Castillo quien lo persuadió de que no intentara reelegirse o permitir que ganara Hipólito Mejía, como era su intención, dado que le iban a preparar un expediente tipo Jorge Blanco.
Aunque no se han recreado en la opinión pública dado el hábito presidencial por la discreción, se sabe que hay escandalosos actos de corrupción de la administración saliente en muchas dependencias del Estado.
Para mencionar un solo caso por ahora, se cree que el ministerio de Cultura es uno de los más infectados por actos reñidos con la ética y con la ley.
A nivel de Santiago es un grito a voces que hay irregularidades a montones. Estas deben ser investigadas y sancionados sus posibles autores
No se sabe cómo será enfrentado ese complejo problema al que no se refieren los grandes medios nacionales que aparentan sedados a esos efectos.
No reclaman informaciones confiables, no censuran nada, no parece importarles la suerte de los recursos del pueblo dominicano, como es su deber moral y periodístico.
En uno de sus discursos de campaña el ahora presidente Danilo Medina dijo que si alguien cometía actos de corrupción en su gobierno sería enviado a los tribunales.
Pero no dijo nada de aquellos actos cometidos antes de su toma de posesión.
Todo esto huele a borrón y cuenta nueva en vista de que,
a) El ex presidente Leonel Fernández, de quien el rumor público dice que tiene hasta
cinco testaferros o más, es y no por casualidad, el presidente y líder principal del partido de gobierno.
b) Resulta complejo en este momento marcharle a la realidad hiriente de la corrupción
en las circunstancias en que el PLD está cubierto por figuras muy influyentes
a las que el mismo rumor señala como gente enriquecida con los dineros del pueblo.
El presidente Danilo Medina tendría que empoderarse de un valor personal fuera de lo común para trazar una raya fiable y vigorosa en torno a ese problema que es un reclamo nacional.
c) El actual presidente no va a darse el lujo de distraer su atención con un show político que a lo mejor no concluirá en su favor pues Leonel Fernández tiene en sus manos los resortes de la Justicia y por demás, lo que resulta siniestro, a su esposa como vicepresidenta.
d) Se sabe que hay gente capaz de producir violencia en el PLD a una señal de su líder para impedir cualquier sanción en contra de los sacrosantos peledeístas hoy multimillonarios y con poder todavía.
e) Y lo que es aún más comprometedor: Medina todavía va a necesitar de Fernández, no tal vez ahora sino más adelante.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.