Editorial
Otro caso más que pone en entredicho el sistema de justicia nacional.
El desenlace que tuvo este lunes el caso Antipulpo, independientemente de las razones que lo motivan, pone en un cuestionamiento permanente al sistema de justicia nacional.
Por un lado, pone en tela de juicio la capacidad del Ministerio Público por no haber hecho la diligencia necesaria para que el caso tomara otro curso, lo cual no es nada nuevo, y por otro lado impacta negativamente la credibilidad de los jueces que intervienen en los casos.
Todo ello tiene su razón de ser, porque si se hace un simple ejercicio de análisis, se puede concluir que resulta difícil hablar de confianza en el sistema de justicia nacional cuando ya han fracasado los casos Odebrecht, Super Tucanos, Félix Bautista, entre otros.
De manera, que este caso que involucra a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, lleva a cualquier ciudadano a pensar que todas estas persecuciones terminarán de la misma manera, lo cual no parece ser una coincidencia.
Ello así, porque nadie puede negar el hecho de que los peledeístas se cuidaran de tener al frente de la Suprema Corte de Justicia a verdaderos cuadros políticos como Mariano Germán y ahora Luis Henrry Molina, ambos miembros de su Comité Político y Central.
En realidad, aunque una cosa aparenta no tener nada que ver con la otra, pero quién será tan inocente para pensar que ese elemento no tiene un gran peso a la hora de juzgar casos como el de Antipulpo.
Se entiende que no es de justicia que una persona sea mantenida en prisión preventiva por más de 18 meses que establece el Código Procesal Penal en los casos declarados complejos y que también se debe evitar el cumplimiento de una pena anticipada y todavía peor cuando se violenta el principio universal de la presunción de inocencia.
Todo ello justifica, podría decirse, la variación de la medida de coerción, pero la pregunta que cualquier ciudadano común y corriente se hace es por qué todo tiene que terminar de la misma forma o es que la defensa técnica tiene tantas herramientas y argumentos para doblegar y deslucir el papel del Ministerio Público.
Estas preocupaciones y reflexiones no quitan méritos a la gallardía y arrojo del Ministerio Público en las personas de Miriam German, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, quienes honran a este órgano del Estado, pero evidentemente que comienza a fracasar su estrategia procesal.
Porque una pregunta simple que surge a propósito de la decisión del juez Deibi Timoteo Peguero es por qué el Ministerio Público no introdujo las pruebas y la acusación formal en contra de los imputados y no manejó este caso complejo de nombre Antipulpo por partes, que el primero se conectara con el segundo y el tercero con cualquier otro a través de la figura jurídica de la litispendencia, pese a que ella no es tan aplicable en lo penal porque podría traer consigo otra herramienta como lo es el sobreseimiento.
Es sólo una pregunta en virtud de que al tratarse de un caso super complejo la inversión de tiempo y energía conlleva mucho esfuerzo y recursos y cuya circunstancia podría tumbar el caso o por lo menos arrojar como resultado lo ocurrido con Alexis Medina y los demás imputados.
De cualquier modo, el caso Antipulpo ha llegado a un punto que va a servir de referencia para otros que están en fase de juicio preliminar y que igual pudiera ocurrir en lo que respecta al cambio de la medida de prisión carcelaria preventiva, lo cual crea una percepción perjudicial para el Ministerio Público en razón de que los precedentes no ayudan mucho.
Ojalá que lo ocurrido con Alexis Medina no sea la pendiente para que todos los demás casos, que son muchos, terminen por el mismo bajadero y la sociedad dominicana pierda la oportunidad de recuperar lo robado y castigar a los que van al Estado a apropiarse de lo que no es suyo.
La preocupación ahora es más por la percepción que por lo que implica cambiar la medida de coerción de prisión carcelaria preventiva a domiciliaria, porque para la gente ésta se trata de una libertad disfrazada que no conlleva el castigo que demanda el caso.
Esta creencia también está fundamentada en que aquel que sale en libertad condicional, que es naturalmente otra figura jurídica, prácticamente no regresa a cumplir ninguna condena y muchos menos se somete a los requerimientos que manda el sistema.
De cualquier modo, ya veremos!
Aunque el deseo es un componente importante en cualquier esfuerzo para que las cosas sean mejores, pero la realidad no se cambia sólo con eso.
Sino que los grandes cambios tienen que conllevar un alto nivel de planificación y de trabajo consistente para poder alcanzar las metas trazadas.
En la República Dominicana todos los esfuerzos de algunos para alcanzar, por ejemplo, el manejo de la administración pública es muy marcado, pero desde que los actores de la vida política nacional se sienten con algún poder estatal, entonces desvían su atención y la solución de los problemas de la población pasan a un segundo plano.
Por esta razón los discursos de la oposición son muy atractivos y convincentes, pero cuando se llega al poder el mismo da un giro que lleva a la gente a perder la confianza en quien se apoyó en esa narrativa para dirigir el Estado.
Esa debilidad de los partidos políticos ha querido cubrirse con el fenómeno del clientelismo, pero la verdad que es prácticamente imposible darle de forma personal alguna dádiva del Estado a todos y cada uno de los ciudadanos, pese a que ello sí es posible mediante la satisfacción de necesidades sociales, es decir, de la solución colectiva de los problemas.
Si el Estado a través de la gestión de los partidos logra una buena educación o buen sistema de salud, la gente lo aprecia y respeta al que lo hace, pero además crea una buena imagen de la administración pública.
En el país el problema estriba en que los partidos no ven las cosas de esa manera, ya que a los principales actores de la actividad política sólo les interesa resolver los problemas individuales o personales, sobre todo a nivel monetario, pero no promover una inversión estatal que fortalezca el sistema.
Por esta razón, ha tomado tanto poder la corrupción administrativa, cuyos responsables gozan además de impunidad, la cual no tiene límites y que se puede decir que sale del Palacio Nacional, entra a un sector importante del empresariado, penetra en los principales medios de comunicación y luego se convierte en un cometa, que nadie sabe dónde termina.
Este problema, conjuntamente con otros tan o más graves, no es tan fácil de erradicar porque se trata de un mal que tiene un profundo componente cultural, que viene desde de los tiempos de la colonia, cuyas consecuencias han lacerado toda la vida nacional.
El asunto ha derivado en que todo se ve desde la perspectiva de los negocios y en realidad no debe ser así, porque hay renglones que su manejo tiene que ver principalmente con la preservación de una serie de valores sociales y morales que no respetarlos hace que la sociedad pase de los tiempos de la civilización a la época de las cavernas.
En este contexto está, por ejemplo, la educación, la cual es el alma de un verdadero desarrollo humano, pero que cuando la misma es contaminada con la corrupción y con otros hechos que le quitan sentido, la sociedad entra en un nivel de estancamiento y retroceso de la que nadie la puede salvar.
El problema es que ya esta crisis ha tocado fondo y que la solución de la misma no puede estar en manos de los que la provocaron, ya que ellos no abandonan la idea de que el Estado es para usarlo en beneficio individual y de los grupos que están anidados en el seno de los partidos políticos del país.
¡Es así de sencillo!
Editorial
Los intereses y la conveniencia es lo que determina el respeto a la Constitución y la jurisprudencia del TC en el país.
Con toda razón diversos sectores de la sociedad dominicana han salido al frente de una de las tantas violaciones constitucionales en que incurre la Junta Central Electoral (JCE).
El debate ahora tiene que ver con el reglamento dictado por el órgano comicial que dispone la prohibición de encuestas antes del inicio de la precampaña y la campaña electoral.
La preocupación es legítima, sobre todo por la acción ilegal provenir de un órgano que es el que tiene que ver con el montaje y fiscalización de las elecciones para escoger las autoridades nacionales.
Sin embargo, llama a la atención de que en algunos casos se quiera hacer valer las jurisprudencias del Tribunal Constitucional y en otros se haya querido justificar la violación que proviene de la JCE.
Son innumerables los errores de la JCE, cuyos peores son aquellos que consistieron en el sometimiento de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que violaba una serie de derechos fundamentales y los que llevaron al organo comicial a acogerse a la promulgacion ilegal del presidente Luis Abinader de una pretendida ley, la 13-26, que viola la sentencia TC/0788/24 que sentó jurispredencia en el pais en esta materia.
Es como una especie de ver sólo lo que conviene en violación de la regla general que establece la Constitución como ley suprema de la nación.
Naturalmente, no es de ninguna manera, que el reclamo no tenga asidero en lo que se refiere a la prohibición de encuestas, sino que de igual modo que se ha rechazado el reglamento de la JCE sobre la prohibición de encuestas, igual debió ocurrir cuando el presidente Luis Abinader viola la Constitución con la promulgación de una supuesta ley que debió ser observada.
De cualquier manera, los fiascos cometidos por la Junta Central Electoral ponen en tela de juicio la eficiencia de este órgano para controlar unas elecciones donde se supone que debe primar el principio de legalidad y de juridicidad y los cuales viola cotidianamente.
Este periódico pese a que entiende que las encuestas son un instrumento, muchas veces, para desinformar y manipular al votantes por empresas que su regla del juego es buscar dinero por esta vía, pero no hay otra opción que acogerse a los principios de legalidad y de juridicidad y al mandato de la Constitución de la República.
Sin que tenga la necesidad, aunque la justificación podría estar explicada en un problema de ignorancia, intereses o de miedo, el gobierno de Luis Abinader, tal vez el peor en lo que respecta a irrespetar el orden constitucional establecido, no se detiene en su imitación de lo que ocurre en los Estados Unidos.
Este periódico ha dicho y ahora por igual lo repite que la constitucionalización del derecho conlleva una gran confrontación con una partidocracia que ha demostrado históricamente que no cree en la ley ordinaria y orgánica, pero mucho menos en la carta magna.
El respeto de la Constitución es parte de una retórica que forma parte de una formalidad que en la realidad no tiene ningún valor, lo cual implica un alto riesgo para la democracia nacional.
El comportamiento del gobierno del PRM y Luis Abinader no difiere en prácticamente nada con los demás que conforman la llamada partidocracia, pero éste por la poca formación que lo caracteriza para conducir el Estado incurre en peores errores que los que le precedieron.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional e internacional el actual gobierno ha llegado a extremos que pueden crear serios escollos jurídicos, políticos y sociales al país, porque ponen en cuestionamiento todo el sistema legal, la seguridad jurídica y la justicia constitucional y convencional, la cual se fundamenta en los derechos fundamentales.
La audacia parece ser cada día más peligrosa, porque Abinader y su gente lucen no tener presente que la República Dominicana es el único país del mundo donde se produjo una revuelta armada para exigir el respeto a la constitucionalidad con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en 1963.
Sin embargo, Abinader no para de cometer torpezas que violentan de forma vulgar la Constitución y todo el derecho internacional, en algunos casos por razones de geopolítica y otras veces por responder a los intereses de la desgraciada partidocracia.
El presidente actúa sobre la base de los parámetros que impone la administración de Donald Trump, que es experto en violar la Constitución de los Estados Unidos y todo el derecho internacional.
Y definitivamente Abinader ha decidido acompañar a Trump en sus andanzas en contra del orden legal internacional y de lo que dispone el derecho interno, cuyos mejores ejemplos, entre muchos otros, está el decreto que promulga la Ley 13-26 que persigue eliminar las candidaturas independientes, pese a que las mismas ya son el resultado de una interpretación del órgano facultado para ello como lo es el Tribunal Constitucional, cuya corte sentó una jurisprudencia al respecto que debe ser respetada por todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, que preside el presidente de la República.
Pero el jefe de Estado dominicano no tiene la menor idea de nada y en consecuencia ahora incurre, tal vez por miedo a las travesuras de Trump, a firmar un memorando de entendimiento para recibir indocumentados deportados a terceros países por disposición de los Estados Unidos, el cual debió conocerse en el Congreso Nacional.
La vocación anti-constitucional de Abinader es de tal magnitud que aun con el control del Congreso Nacional, cuyos diputados y senadores aprobarían el referido acuerdo, aunque vulnera la Constitución, él no ve necesario acudir a ellos por lo ocurrido anteriormente con la carta magna y que esa conducta no ha recibido la respuesta que se produciría en cualquier pueblo con un menor nivel de contaminación y enfermedad que el dominicano.
Sólo falta esperar cuál será el próximo paso en términos de violación constitucional de un gobierno que no siente ningún respeto por el orden legal, la justicia constitucional y el derecho internacional, lo que podría implicar una grave amenaza para la democracia nacional.