Santo Domingo, RD.-David Sosa, senador por la provincia de Dajabón, respondió este miércoles las acusaciones hechas por el presidente Luis Abinader de que el trabajo en la construcción del muro fronterizo no ha ido “más rápido” porque el legislador incita a los lugareños a cobrar más al Estado por los terrenos.Más Noticias
Senador de Dajabón responde acusación hecha por el presidente Abinader en su contra.
Santo Domingo, RD.-David Sosa, senador por la provincia de Dajabón, respondió este miércoles las acusaciones hechas por el presidente Luis Abinader de que el trabajo en la construcción del muro fronterizo no ha ido “más rápido” porque el legislador incita a los lugareños a cobrar más al Estado por los terrenos.Al agotar un turno en el hemiciclo, Sosa resaltó cualidades del presidente y lo invitó a sacar la política del tema migratorio al asegurar que seguirá apelando a que no se maltrate a alrededor de 35 “casitas” que quiere adquirir el Estado para la construcción del muro fronterizo.
“Usted puede decirme de todo y siempre lo voy a tomar como un consejo, porque para mí usted es un hombre íntegro, sano y serio, para mí usted es un caballero, pero en este caso que los destino de la vida lo han puesto a usted a dirigir y a mí a fiscalizar, tendremos nuestras diferencias, pero nunca dejaré de valorar”, dijo.
Aseguró que lo que pasa en esa provincia es que quieren coger unos terrenos bajo el alegato de utilidad pública para “regalárselo a los poderosos, como ocurrió en el gobierno de Hipólito Mejía”.
“Yo voy a seguir apelando a la sensatez, a ese hombre de familia, a ese hombre hijo de una madre, que no deje que maltraten a esas 35 familias que hoy no tienen nombre, que quizás no tienen documento de título, pero sí tienen un documento en la mano que le tasaron a 500 pesos el metro. En Dajabón, en ningún sitio venden un pedazo de tierra en menos de 2,000 pesos el metro. Pero con qué van a hacer la casita. Pero señor presidente, tanto yo como esas familias, como esas doñas siempre hemos estado a favor del muro, nadie ha dicho que está en contra del muro”, continuó.
Indicó que pensó que el presidente iba a ir a Dajabón a dar golpes en la mesa y a pedir informes a los militares, a quienes consideró antipatriotas, ya que la promesa era construir el muro en 9 meses y hasta la fecha en esa provincia no hay “ni un kilómetro listo”.
Insinuó, además, que los guardias son responsables del tráfico de haitianos y los mismos “no dejan dormir” a los moradores de su demarcación.
Contó que fue a un destacamento a ver cuántas personas había detenidas por tráfico de inmigrantes y la respuesta fue que ninguna.
“Por eso le digo, señor presidente, que no siga premiando a esos que no han tenido la capacidad ni de llevar a uno preso, porque no es la justicia, no, que estemos claros, es que los guardias lo agarran y los sueltan”, concluyó.
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Abinader promulgó ley que autoriza pagar obras realizadas sin contrato: No precisa cantidad adeuda
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional se avocó en los últimos meses al conocimiento de dos proyectos de ley que tienen el objetivo de autorizar al Gobierno el saldo de deudas con empresarios y constructores, los cuales habrían realizado obras, en algunos casos, sin la formalización de un contrato.
Primero, los órganos del Poder Legislativo lograron aprobar una pieza que fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación el pasado 1 de diciembre. Sin embargo, el documento propuesto por el senador Franklin Romero fue observado por el presidente Luis Abinader, luego de haber detectado diversas inconstitucionalidades en su contenido.
Dentro de estas se encontraba la ausencia de un monto específico a pagar, así como la especificación de una fecha para delimitar cuáles casos serían beneficiados por la posible ley, la implementación de un mecanismo que permitiera garantizar la veracidad de lo adeudado, entre otras.
Tras haber enviado sus observaciones el pasado 16 de enero, la Cámara de Diputados decidió enviarla a una comisión para estudiar las modificaciones requeridas. Pero los representantes optaron meses después por hacer otro proyecto de ley para solucionar las inconstitucionales, dejando el antes mencionado en el olvido.
Finalmente, el gobernante acogió la nueva versión enviada por los congresistas, ordenando el pasado 1 de mayo su promulgación a través de la numeración Ley 16-26.
Pero, ¿la nueva ley resolvió las inconstitucionalidades?
La iniciativa promulgada por el presidente Abinader aún continúa sin precisar la cantidad de dinero que deberá pagar el Poder Ejecutivo.
Según establece el tercer artículo, el tren gubernamental crearía una comisión dirigida por el Ministerio de Hacienda y Economía que estaría encargada de validar las reclamaciones para acoger “su eventual reconocimiento”.
“En el caso de que el Ministerio de Hacienda y Economía acoja las recomendaciones de pago (realizadas por la comisión), la programación de los recursos estará sujeta a la disponibilidad financiera de corto y mediano plazo, sin que ello implique, en caso de imposibilidad presupuestaria, una obligación de pago inmediata ni la afectación de los techos presupuestarios vigentes”, indica el primer párrafo del artículo octavo.
La pieza establece que los pagos dispuestos por la comisión “estarán exentos del cumplimiento de la normativa vigente sobre contratación pública, incluyendo el registro de contratos”. Mientras tanto, las autoridades aún desconocen el monto que entregarían como parte de las deudas.
Observación de Abinader
El presidente Abinader expresó en la observación realizada al primer proyecto aprobado que las deudas públicas, para ser reconocidas, deben ser ciertas y líquidas: “Es decir, debe acreditarse su existencia mediante la documentación correspondiente y determinarse con exactitud el monto adeudado. Reconocer primero a presuntos acreedores y verificar después su calidad”.
Abinader explicó en esa ocasión que el cumplimiento de ese procedimiento le permite al Estado “evitar sorpresas que puedan superar su capacidad de pago o distraer fondos del presupuesto general de la nación”.
“La prudencia normativa impone identificar inequívocamente a los acreedores, establecer el monto adeudado y, con esa información verificada, aprobar la ley disponiendo el pago. Hacerlo en sentido inverso podría contravenir principios esenciales de la Constitución”, reiteró el mandatario en la misiva enviada el pasado 16 de enero.
11 empresas
El artículo 10 de la ley identifica como “candidatos a acreedores del Estado” a un extenso grupo de ingenieros, empresas contratistas que obtuvieron el derecho de ser evaluadas por la comisión del Gobierno, sin la posibilidad de que se adicionen otros casos.
En la lista se encuentran los nombres de las compañías. Estas son Asfaltos del Cibao S.R.L.; Alba Sánchez y Asociados S.A.S; Aridos S.R.L.; Gil + Gil Constructora S.R.L.; Constructora Campos S.R.L.; Cubierta Dominicana S.R.L.; Ingeniería Estrella S.R.L.; Constructora JM S.R.L; Fepan Construcción S.R.L.; Carimex, Llc; Consultores Nacionales Dominicanos, S. A. (Canadosa).
Además, menciona a constructores que, según aseguran, realizaron o participaron en el remozamiento o la edificación de infraestructura.
“Ing. Flavio Ramos (fallecido), Arq. Emiliano Martín Família Santos, Nelson Núñez García, Ing. José Paulino G. y asocs. S.R.L./ Ing. José D. Paulino Gutiérrez, Ing. Luis Manuel Paulino / Ing. Ovidio Rosario, Ing. Manuel Ygnacio Reyes Pérez, Ing. Enrique Estrada Gómez (fallecido), Ing. María Esther Alba Alba, Ing. José A. Torres Vargas”, precisa el documento, aclarando que en el caso de los obreros muertos el dinero sería entregado a sus familiares.
El artículo 18 ordena la entrada en vigencia inmediata de la ley. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda aún no ha informado públicamente si inició con el proceso de evaluación.
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Sobre el tapete nuevas tarifas de los servicios de streaming si la DGII les aplica el ITBIS?
Santo Domingo, R.D.-Pedro Urrutia, titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), informó estar creando las disposiciones necesarias para que todas las plataformas digitales que ofrecen servicios en el país comiencen a pagar el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), que representa un 18% en su tasa general.
“Este es el único país donde las plataformas piensan que no están obligadas a pagar impuestos; nosotros estamos en conversación con todas. Estamos creando un mecanismo para que ellos ingresen el ITBIS”, comunicó.
Con esta posible medida a aplicar, los usuarios que utilicen estos servicios podrían esperar un incremento en sus tarifas en los próximos meses, tomando en cuenta que Urrutia espera tener la propuesta formal en un plazo de 60 días.
De esta forma, para los suscriptores con servicios de streaming en el país, como Netflix, Spotify, Disney+, entre otras más, podría suponer un reajuste en el presupuesto personal y el consumo por suscripción.
Para llevarlo a la práctica, un plan básico de Netflix mantiene un costo de US$6.99 (RD$411.43); si a este monto se le suma la tasa del ITBIS, el total sería (US$8.24) RD$485.01. El incremento sería de RD$74.05 en un mes y al año de RD$888.6.
En Disney+ el plan estándar equivale a US$10,99 (RD$646.87) al mes. Con un incremento del 18%, el precio se modifica a US$12.96 (RD$762.83). En HBO Max los planes empiezan desde RD$208 al mes, pero con el tributo el monto final sería RD$245.44.
La medida pasaría a formar parte del cuarto intento del Gobierno dominicano por imponer impuestos a estas plataformas a pesar de que en las anteriores ocasiones no logró ser implementada.
Ya sea por falta de apoyo o cuestionamientos en las veces anteriores, en esta ocasión Urrutia declaró que si este planteamiento no aplicara en las normativas del Código Tributario, crearía alguna legislación adicional para su cumplimiento.
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Abinader retira condecoracion al agente Melitón Cordero tras supuestas irregularidades en la DEA.
Santo Domingo, R.D.-Uno de los más alto reconocimiento que otorga el gobierno dominicano, la Orden del Merito Duarte, Sanchez y Mella en el Grado de Caballero, fue entregado por el presidente Luis Abinader en septiembre de 2024 uno de los hombres más importantes en el pais de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quien ahora está imputado de la comision de una serie de irregularidades desde la posicion que ocupaba.
Esta distinción fue otorgada a Melitón Cordero, uno de los representantes que tenía la agencia antinarcótica de Estados Unidos (EE.UU.) laborando en el territorio nacional, asignado a la Embajada durante aproximadamente seis años.
Sus funciones finalizaron el pasado 12 de febrero cuando el cuerpo diplomático estadounidense informó el arresto de Cordero por haber cometido supuestas irregularidades, provocando así el cierre temporal de las oficinas de la DEA en República Dominicana.
De acuerdo con lo comunicado por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, quien está a cargo del caso, Cordero habría agilizado al menos 119 solicitudes de visa, una de las cuales presuntamente fue entregada de manera fraudulenta.
La acusación presentada en el tribunal del Distrito de Columbia en Estados Unidos señala a Cordero por haber cometido “soborno y fraude de visas”.
El documento judicial establece que supuestamente el imputado habría recibido miles de dólares como recompensa por ayudar a ciudadanos extranjeros en la obtención de una visa para ingresar al territorio estadounidense de manera temporal.
Según estableció el Departamento de Justicia de EE. UU., Cordero asesoraba con frecuencia a personas antes de asistir a la entrevista con el personal consular.
“El pueblo estadounidense le confió a este individuo el fiel cumplimiento de sus funciones y la representación del Gobierno estadounidense en el extranjero como líder dentro de la DEA. Sin embargo, se le acusa de haber violado la ley, malversado esta confianza especial y socavado las prioridades migratorias del presidente. Este comportamiento por parte de cualquier funcionario del gobierno es inaceptable y no será tolerado”, declaró Jeanine Pirro en un comunicado de prensa enviado a Listín Diario.
Aunque no había sido divulgado públicamente, el presidente Luis Abinader decidió el pasado 17 de febrero derogar el decreto 520-24, eliminando así el mérito entregado a Melitón.
El mandatario Abinader explicó en los considerandos del decreto 107-26 que el Estado dominicano “tiene el deber de preservar el prestigio, dignidad y valor simbólico de sus condecoraciones nacionales, las cuales están asociadas a los símbolos patrios plasmados por los Padres de la Patria”.
Según precisa el documento, Abinader decidió distinguir a Melitón Cordero tras acoger una recomendación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien preside el Consejo de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella.
Los hechos atribuidos a Cordero son investigados por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Newark, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la DEA.
Sin embargo, hasta el momento se desconocen los avances del proceso judicial que enfrenta el exsupervisor de la DEA en el tribunal situado en la capital estadounidense de Carolina del Sur.