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Presentan conclusiones en caso de muerte pareja religiosa en Villa Altagracia
VILLA ALTAGRACIA.- Serán enviados a juicio los miembros de la Policía Nacional implicados en la muerte a tiros de una pareja de religiosos que se desplazaban en un automóvil por la autopista Duarte en marzo del pasado ano y el Ministerio Público aseguró la fortaleza del expediente.
Luego de finalizada la audiencia preliminar en el Juzgado de la Instrucción de Villa Altagracia, la fiscal de esta demarcación Dalma Díaz, destacó que el órgano de la persecución penal cuenta con una acusación sólida.
“El Ministerio Público está claro: tiene una acusación sólida y entendemos que la jueza va a dar auto de apertura a juicio, acogiendo de manera total la acusación presentada por el Ministerio Público de Villa Altagracia”, destacó, en respuesta a preguntas de periodistas que la entrevistaron a la salida del tribunal.
Al respecto, Díaz añadió: “En este caso que tenemos en el día de hoy, estamos más que seguros que la presunción de inocencia va a ser rota en contra de los acusados”, tras indicar que el próximo miércoles se reanudará la audiencia con los reparos de las defensas de los imputados Juan Samuel Ogando Solís, Norquis Rodríguez Jiménez, Anthony Castro Pérez y Victorino Reyes Navarro.
“El Ministerio Público presentó sus conclusiones, iniciamos haciendo los reparos a los escritos de defensa presentados por cada uno de los abogados representantes de los hoy acusados”, detalló con respecto al desarrollo alcanzado hasta este jueves en la fase preliminar del proceso.
Explicó que la audiencia quedó suspendida para continuar en la próxima semana con los reparos y conclusiones de los cuatro imputados que faltan todavía por presentar sus alegatos de defensa.
La jueza de la Instrucción Kenty Nuesí aplazó para el próximo miércoles 26 de octubre, a partir de las 11:00 de la mañana, la continuación de la audiencia preliminar.
En este caso, el Ministerio Público está representado por Dalma Díaz, Nancy Ovalle y Eleuterio Reyes.
Los procesados César Maríñez Lora, Guillermo Rosario Melo, Emil Alexander Rincón Martes, Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel de los Santos, Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís están vinculados a la muerte a balazos de los esposos Elisa Muñoz Marte, de 32 años de edad, y Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35.
También, se les atribuye incurrir en intento de asesinato contra los acompañantes de la pareja, los jóvenes Claudio Alberto Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez.
El hecho se produjo el 30 de marzo de 2021, alrededor de las 10:50 de la noche, cuando las víctimas se trasladaban a bordo de un vehículo marca Kia, modelo K5, color blanco, por la Autopista Duarte, a nivel del Kilómetro 45, luego de haber participado en un evento religioso en el paraje Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia.
El expediente acusatorio detalla que los esposos Díaz Ferrer y Muñoz Marte murieron por múltiples heridas, mientras Ramírez Lamais resultó herido y Carlos Pérez Báez salió ileso.
Especifíca que la citada noche, el acusado Maríñez Lora, luego de escuchar a través de la radio de comunicación de la Policía Nacional que los ocupantes de un carro blanco, marca Hyundai, habían cometido varios atracos en el municipio Bonao y que se desplazaban en dirección a Santo Domingo, se dirigió al kilómetro 45, junto a los acusados Reyes Navarro, De los Santos, Rosario Melo (quien no estaba de servicio) y Rincón Martes.
Señala que unos minutos después llegaron al lugar dos unidades motorizadas compuestas por Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez, Juan Samuel Ogando Solís y Anthony Castro.
El órgano acusador indica que los procesados improvisaron un retén y obstaculizaron la vía a los fines de detener los vehículos que se desplazaban en sentido norte-sur. En esas circunstancias, al momento de notar la llegada del Kia color blanco de los esposos, realizaron ráfagas de disparos con armas de varios calibres y desde distintas direcciones, sin una requisa previa del automóvil y sus ocupantes.
Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.