Opinión
Los hacedores del infortunio al pueblo dominicano nos pretenden africanizar.
Por Isaías Ramos
Cuando los pueblos habitan en un territorio con riquezas mineras y carecen de una clase política con principios, conciencia social y patriótica estas bendiciones se convierten en maldición, opresión y miseria para su pueblo. Ejemplos nos sobran , como lo son la mayoría de los países africanos. Otro más cercano como lo es el bendecido territorio venezolano, que cuenta con la mayor reserva petrolera, agua, oro y otros recursos mineros de los más importantes del mundo. Sin embargo una clase política convirtió aquella inigualable riqueza en la peor desgracia para aquella nación.
En contra posición podemos mencionar a Japón un país carente de riquezas naturales, pero dotado de políticos y dirigentes nacionales cargados de principios y valores que han hecho de aquel país una nación de las más ricas del planeta.
No es para menos sentir gran preocupación por lo que aún pueda realizar esta clase política que aún nos gobierna. Estos podrían continuar entregando nuestros recursos mineros bajo esquemas y condiciones similares al famoso contrato realizado en el gobierno del PLD presidido en ese momento por Leonel Fernández, quien fue capaz de entregar nuestros recursos mineros a la Barrick Gold bajo un contrato inmoral e injusto y sobre todo muy dañino para el pueblo dominicano, el cual podríamos de calificar como un delito de lesa humanidad, pues poco le importó el daño a la salud y las muertes prematuras que esta explotación minera ocasionaría, y también podríamos catalogarlo como un delito de lesa naturaleza pues el daño a la ecología es irreversible.
Este tipo de contrato no es más que robo y saqueo legalizado, en donde esas grandes empresas mineras se ocupan de comprar la voluntad de la clase política para incidir en todos los poderes fácticos. Esto, con la finalidad de lograr la protección e impunidad absoluta para llevarse nuestros recursos y dejarnos los desastre ecológicos sin ningún tipo de consecuencias para ellos. Nos dejan la contaminación y la miseria de este lado, mientras ellos se llevan nuestro minerales y riquezas .
Del pueblo dominicano permitir la pretensión de esta élite política o prolongar la estadía de ellos más allá del 2024, estaremos condenados a que nos conviertan en un país minero y, como consecuencia, en uno de miseria como nuestro vecino más cercano Haiti, Venezuela, o la mayoría de los países africanos. Destruirían las formas de sustento y el medio ambiente en las zonas impactadas por este tipo de explotación.
El efecto que genera esta actividad es tan dañina que lo más sabio es ni siquiera contemplar su explotación. Esta actividad provoca la devastación de los ecosistemas ( contaminación y alteración de las aguas, destrucción del hábitat de sus flora y fauna) y ese es el enorme pasivo ambiental que nos dejan cuando se van. Así como aquella canción famosa de Los Guaraguaos, agrupación musical de los años 70, que decía : “Solo nos van dejando miseria y sudor de obrero.” Solo los lacayos, cipayos y traidores de la patria pueden aprobar, apoyar y dar sustento a este saqueo a nuestros recursos.
Definitivamente, la minería que se realiza en nuestro país sería inaceptable en otros países. Esa explotación minera a cielo abierto es la más contaminante, pero también la más rentable para las empresas. En algunos estudios y análisis como los del 1999 de Arborvitae, sugieren que “los países del sur, ricos en recursos minerales, tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentos, niveles más bajo de bienestar social y distribuciones de ingreso mucho más asimétricas que en los países en desarrollo no dependientes de minerales.”
Estas megaminerias se llevan los minerales, los bosques, el agua, la salud, la vida y el futuro de quienes habitan en sus zonas de explotación. Zonas que se van extendiendo de manera sutil, como ocurre con el decreto presidencial 270-22, donde se le añade a la empresa Barrick Gold 3115.47 hectáreas para la construcción de una presa de cola, la cual causará más daño y desastre ecológico al pueblo dominicano. Esta semana la República Dominicana acoge la XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), donde se quiere promover una supuesta minería sostenible. Esto, sin embargo, no es más que una utopía, pues a menos que ciertas tecnologías y sistemas de gobernanza se creen, los impactos negativos ecológicos y sociales serán una realidad.
Estas palabras pronunciadas por Juan Pablo II ante el parlamento europeo son tan necesarias hoy en día: “Reconciliar al hombre con la creación, tratando de preservar la integridad de la naturaleza, de su vida animal y vegetal, su aire y sus aguas, su equilibrio sutil, sus recursos limitados, su belleza que da alabanza y gloria al creador». El afán de esta élite política económica por ir en pos de la riqueza material, sin mirar las consecuencias para las presentes y futuras generaciones, nos invita a que emprendamos una resistencia a este despropósito sin darle tregua a sus intenciones malignas.
Cambiar esa tendencia actuales que quieren llevar a cabo esta clase política es nuestro deber, luchar por preservar nuestros recursos naturales , a fin de transmitirlos como herencia a las generaciones futuras es nuestro deber. Unidos podremos construir un país que al contacto con la ecología genere paz, armonía y alegría de vivir.
¡RD SI PUEDE!
Por Robinson Lebrón
En el año 1994 a raíz de la crisis política producto del presunto fraude colosal provocado en las elecciones generales celebrada el 16 de mayo de ese mismo año, encabezado por el líder del Partido Reformista Social Cristiano Joaquín Balaguer, en contra del Dr. José Francisco Peña Gómez y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), generó el llamado pacto por la Democracia, en el que se planteó la modificación de la constitución, y en esta una series de cambios que incluyó la reducción del mandato presidencial a dos años para luego entregarlo a su más cercano competidor.
Esa propuesta fue rechazada por el candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de entonces, el doctor José Francisco Peña Gómez. Ante esta situación, el presidente Joaquín Balaguer aceptó reducir su período a 18 meses y cedió a la celebración de elecciones presidenciales el 16 de noviembre del año 1995.
Sin embargo, mediante un trastrueque de documentos, se firmó un “Pacto por la Democracia” diferente al acordado por los dos líderes. Y es que Joaquín Balaguer también se había mantenido en conversaciones con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El convenio firmado definitivamente en la Mansión Presidencial, el día 10 de agosto del año 1994, instituía, entre otros aspectos, convocar a la Asamblea Nacional a fin de reformar la Constitución para establecer una nueva fecha de elecciones presidenciales, el 16 de mayo de 1996, y no en noviembre de 1995 como se había acordado, con lo cual se separaban de las elecciones municipales y congresuales, que serían en mayo de 1998; prohibir la reelección en dos períodos consecutivos, y establecer la segunda vuelta si ningún candidato obtenía más del 50 por ciento de los votos, así como reformas al sistema judicial, en la podemos mencionar la creación del consejo nacional de la magistratura.
Posteriormente en el año 2002 el entonces presidente constitucional 2000-2004 Rafael Hipólito Mejía Domínguez, con la intención de mantenerse en el poder más allá del periodo para el cual fue electo el 16 de mayo del año 2000, somete ante el congreso de la Republica Dominicana un proyecto de reforma al entonces Articulo 49 de dicha Constitución que establecía lo siguiente:
Cito: “El poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo, no pudiendo ser electo para el periodo constitucional siguiente”.
Cabe destacar que lograda la reforma constitución en el periodo antes mencionado (2000-2004), quedó modificado el Artículo 49 de dicha Constitución que establecía lo siguiente:
Enumero: El poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo, el presidente de la Republica podrá optar un segundo y único periodo de manera consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la Republica.
El Articulo 124 de la Constitución de la República Dominicana que entra en vigencia el día 10 de enero del año 2010 retoma la disposición de la Elección Presidencial del Poder Ejecutivo que se ejercerá por el o la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente, el cual posteriormente fue reformado a petición del entonces presidente constitucional del periodo 2012-2016 el Licdo. Danilo Medina Sánchez, y quedó nueva ves instaurada la reelección presidencial para el siguiente periodo de forma consecutiva, con el impedimento de que el presidente pueda optar por otro periodo de forma consecutivo. Lo que queda claro que el presidente no podrá jamás volver a aspirar a la presidencia ni la vicepresidencia de la nación.
Por consiguiente, los ciudadanos y ciudadanas en sus diferentes niveles sociales están totalmente convencidos y convencidas que el punto especifico de la relección presidencial no representa una novedad en nuestra amada carta magna.
En cuanto a la intención de la independencia del ministerio público, dicho estatutos establece su funcionamiento y queda claro que, aunque es un funcionario que depende de la designación del poder ejecutivo, las acciones de sus funciones y sus funcionarios deben estar dirigida a la persecución penal de los crímenes y delitos que afecten a la comunidad y deben ser totalmente independientes y apegados a los principios, constitucionales, legales, éticos y morales.
La iniciativa del poder ejecutivo en la persona del excelentísimo señor presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona debe ser vista y analizada minuciosamente, ya que si bien es cierto este propone que el máximo representante del ministerio público sea elegido por 4 años, y que sea el consejo nacional de la magistratura quien lo escoja, no menos cierto es que deja la posibilidad que este importante funcionario sea propuesto por el propio poder ejecutivo en la persona del o la presidente de la Republica Dominicana, es preciso recordar que quien preside el consejo nacional de la magistratura es quien preside el poder ejecutivo.
El autor es abogado y Docente Universitario.
Por Isaías Ramos
La noticia sobre el tren metropolitano en la República Dominicana debería generar esperanza. Sin embargo, en vez de celebración, ha sembrado una inquietud profunda. La reciente decisión del Fideicomiso para el Desarrollo del Transporte Masivo (FITRAM) de cancelar el proceso de licitación para la construcción de la infraestructura del Tren Metropolitano de Santo Domingo y replantearlo bajo el modelo de alianza público-privada, seguida tan solo 24 horas después por la declaración de Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien expresó su disposición de apoyar en los diseños, estructuración y financiamiento privado, nos trae amargos recuerdos de proyectos que prometieron desarrollo, pero terminaron saqueando al país para beneficio de unos pocos. Hoy, más que nunca, el pueblo dominicano debe exigir transparencia y evitar convertirse en víctima de otro gran atraco.
En su espacio semanal, el presidente anunció que el tren se financiará a través de una concesión o alianza público-privada, pero sin especificar términos ni condiciones. Esto debería encender todas las alarmas: las alianzas público-privadas, fideicomisos públicos y concesiones suelen presentarse como herramientas de progreso, pero en la práctica terminan convirtiéndose en mecanismos de pillaje, latrocinio y depredación, donde las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan. En este sistema tan opaco, ¿cómo podemos asegurar que el bienestar del pueblo será realmente el centro de esta iniciativa?
Recordemos cómo otros modelos, como el tristemente célebre «peaje sombra», resultaron una carga insostenible para el pueblo. Este sistema de financiamiento le costó al país más de dos mil millones de dólares, sin que nadie rindiera cuentas. Es solo uno de los muchos ejemplos de cómo en las últimas décadas la nación ha sido saqueada, acumulando una deuda económica y social insostenible. ¿Permitiremos que el tren metropolitano se convierta en otro fracaso monumental? La República Dominicana no puede soportar otro “peaje sombra” ni seguir endeudándose en esquemas que empobrecen al Estado mientras enriquecen a las empresas financieras.
El transporte es un derecho fundamental, no una oportunidad de negocio. Cada dominicano merece un transporte público digno y accesible; la movilidad no es un lujo ni un privilegio, sino una necesidad básica. Un sistema de transporte accesible es clave para construir una sociedad justa, conectando a las personas con oportunidades y servicios esenciales. Pero cuando los intereses privados dominan las decisiones y la transparencia es inexistente, esta promesa de un transporte accesible se convierte en una ilusión vacía.
También vemos cómo los fideicomisos públicos, que deberían proteger el interés de los ciudadanos, muchas veces parecen diseñados para canalizar recursos hacia intereses privados. RD Vial es un claro ejemplo de esto: la mitad de cada peso recaudado se destina únicamente al pago de intereses de la deuda acumulada, dejando apenas el resto para operación, mantenimiento e inversión. Existe además el riesgo de impago, lo que podría llevar a que nuestras carreteras terminen en manos de corporaciones o, peor aún, de fondos buitres. Este tipo de estructura obliga a preguntarse: ¿quién está realmente beneficiándose?
Cada vez que estos proyectos se ejecutan sin escuchar ni informar al pueblo, miles de familias quedan excluidas, luchando por acceso a servicios básicos mientras las inversiones fluyen hacia zonas privilegiadas. Es el momento de exigir transparencia y un compromiso auténtico con el bienestar social. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se están utilizando sus recursos y cómo estos proyectos afectarán sus vidas y economías. Los términos de los proyectos que involucren al Estado, ya sea con fondos públicos o privados, no pueden seguir siendo secretos o ambiguos. No permitamos que estos acuerdos se decidan a puerta cerrada, con condiciones ocultas y sin el escrutinio de quienes finalmente pagarán la cuenta.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS), hacemos un llamado a la reflexión sobre el tipo de país que queremos construir. Cada ciudadano merece una infraestructura que realmente esté a su servicio, no una que lo endeude o lo excluya. Hoy, más que nunca, estamos convencidos de que el pueblo dominicano está despertando, y que la llama de la justicia social arde con fuerza en nuestros corazones. Hemos comprendido que los bienes comunes no son mercancías para ser negociadas por una élite insensible, sino derechos fundamentales que nos pertenecen a todos.
Este despertar no es solo un grito de resistencia; es un llamado vibrante a construir juntos una nueva realidad, donde el poder del pueblo sea invencible y los sueños colectivos se conviertan en nuestra mayor fortaleza.
¡Despierta, RD!
Por Nelson Encarnación
La noche del 4 de noviembre de 1980, tras conocer su derrota frente al republicano Ronald Reagan, el presidente Jimmy Carter aseguraba que el desenlace electoral no representaba una decepción del pueblo estadounidense con su administración, sino que era el reflejo de la frustración.
Hablaba Carter sobre un descalabro reputacional de los Estados Unidos, en aquel momento representado en la toma de su embajada en Irán justamente un año antes de las elecciones, el 4 de noviembre de 1979, cuyos capítulos pasaron por negociaciones fallidas y una operación de rescate que terminó en un estrepitoso desastre con varios militares fallecidos.
No poder regresar a casa a los estadounidenses retenidos en Teherán, supuso la frustración de los electores que le dieron la espalda a un presidente que luego sería un importante referente de integridad, lo cual perdura hasta hoy cuando acaba de cumplir 100 años de vida.
Para el Partido Demócrata, en las elecciones de hace una semana, no existía un horizonte tan sombrío como el de 1980, pero no hay duda de que importantes segmentos de votantes no estaban a gusto con la administración de Joe Biden.
Los trabajadores, por ejemplo, un bastión tradicional de los demócratas, le dieron la espalda a Kamala Harris en estados que habían mantenido lealtad a los azules, y que, de manera insospechada, votaron a Donald Trump.
Mientras se producía ese desapego hacia los demócratas, se ponía de manifiesto la capacidad única de Trump para conectar con una amplia base de votantes estadounidenses y atráesela.
Esta conexión con Trump y desconexión con los demócratas, no se limita a las promesas de políticas específicas del republicano, sino que tiene que ver con una combinación de su estilo de liderazgo, su dominio de los medios de comunicación y su habilidad para apelar a las emociones, temores y aspiraciones de sectores de la sociedad.
Es decir, un encantador de serpientes, capaz de mentir sin ningún rubor, se encuentra compitiendo con un partido que presenta un candidato visiblemente disminuido, incapaz de mantener un debate fluido y con ostensibles limitaciones físicas y cognitivas.
El presidente Biden, aferrado a una candidatura inviable, de la cual se baja apenas tres meses antes en medio de fuertes tensiones internas en su partido, no dejó margen para armar una opción competidora. En realidad, mucho logró Kamala.