Opinión
Los hacedores del infortunio al pueblo dominicano nos pretenden africanizar.
Por Isaías Ramos
Cuando los pueblos habitan en un territorio con riquezas mineras y carecen de una clase política con principios, conciencia social y patriótica estas bendiciones se convierten en maldición, opresión y miseria para su pueblo. Ejemplos nos sobran , como lo son la mayoría de los países africanos. Otro más cercano como lo es el bendecido territorio venezolano, que cuenta con la mayor reserva petrolera, agua, oro y otros recursos mineros de los más importantes del mundo. Sin embargo una clase política convirtió aquella inigualable riqueza en la peor desgracia para aquella nación.
En contra posición podemos mencionar a Japón un país carente de riquezas naturales, pero dotado de políticos y dirigentes nacionales cargados de principios y valores que han hecho de aquel país una nación de las más ricas del planeta.
No es para menos sentir gran preocupación por lo que aún pueda realizar esta clase política que aún nos gobierna. Estos podrían continuar entregando nuestros recursos mineros bajo esquemas y condiciones similares al famoso contrato realizado en el gobierno del PLD presidido en ese momento por Leonel Fernández, quien fue capaz de entregar nuestros recursos mineros a la Barrick Gold bajo un contrato inmoral e injusto y sobre todo muy dañino para el pueblo dominicano, el cual podríamos de calificar como un delito de lesa humanidad, pues poco le importó el daño a la salud y las muertes prematuras que esta explotación minera ocasionaría, y también podríamos catalogarlo como un delito de lesa naturaleza pues el daño a la ecología es irreversible.
Este tipo de contrato no es más que robo y saqueo legalizado, en donde esas grandes empresas mineras se ocupan de comprar la voluntad de la clase política para incidir en todos los poderes fácticos. Esto, con la finalidad de lograr la protección e impunidad absoluta para llevarse nuestros recursos y dejarnos los desastre ecológicos sin ningún tipo de consecuencias para ellos. Nos dejan la contaminación y la miseria de este lado, mientras ellos se llevan nuestro minerales y riquezas .
Del pueblo dominicano permitir la pretensión de esta élite política o prolongar la estadía de ellos más allá del 2024, estaremos condenados a que nos conviertan en un país minero y, como consecuencia, en uno de miseria como nuestro vecino más cercano Haiti, Venezuela, o la mayoría de los países africanos. Destruirían las formas de sustento y el medio ambiente en las zonas impactadas por este tipo de explotación.
El efecto que genera esta actividad es tan dañina que lo más sabio es ni siquiera contemplar su explotación. Esta actividad provoca la devastación de los ecosistemas ( contaminación y alteración de las aguas, destrucción del hábitat de sus flora y fauna) y ese es el enorme pasivo ambiental que nos dejan cuando se van. Así como aquella canción famosa de Los Guaraguaos, agrupación musical de los años 70, que decía : “Solo nos van dejando miseria y sudor de obrero.” Solo los lacayos, cipayos y traidores de la patria pueden aprobar, apoyar y dar sustento a este saqueo a nuestros recursos.
Definitivamente, la minería que se realiza en nuestro país sería inaceptable en otros países. Esa explotación minera a cielo abierto es la más contaminante, pero también la más rentable para las empresas. En algunos estudios y análisis como los del 1999 de Arborvitae, sugieren que “los países del sur, ricos en recursos minerales, tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentos, niveles más bajo de bienestar social y distribuciones de ingreso mucho más asimétricas que en los países en desarrollo no dependientes de minerales.”
Estas megaminerias se llevan los minerales, los bosques, el agua, la salud, la vida y el futuro de quienes habitan en sus zonas de explotación. Zonas que se van extendiendo de manera sutil, como ocurre con el decreto presidencial 270-22, donde se le añade a la empresa Barrick Gold 3115.47 hectáreas para la construcción de una presa de cola, la cual causará más daño y desastre ecológico al pueblo dominicano. Esta semana la República Dominicana acoge la XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), donde se quiere promover una supuesta minería sostenible. Esto, sin embargo, no es más que una utopía, pues a menos que ciertas tecnologías y sistemas de gobernanza se creen, los impactos negativos ecológicos y sociales serán una realidad.
Estas palabras pronunciadas por Juan Pablo II ante el parlamento europeo son tan necesarias hoy en día: “Reconciliar al hombre con la creación, tratando de preservar la integridad de la naturaleza, de su vida animal y vegetal, su aire y sus aguas, su equilibrio sutil, sus recursos limitados, su belleza que da alabanza y gloria al creador». El afán de esta élite política económica por ir en pos de la riqueza material, sin mirar las consecuencias para las presentes y futuras generaciones, nos invita a que emprendamos una resistencia a este despropósito sin darle tregua a sus intenciones malignas.
Cambiar esa tendencia actuales que quieren llevar a cabo esta clase política es nuestro deber, luchar por preservar nuestros recursos naturales , a fin de transmitirlos como herencia a las generaciones futuras es nuestro deber. Unidos podremos construir un país que al contacto con la ecología genere paz, armonía y alegría de vivir.
¡RD SI PUEDE!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.