Opinión
Los hacedores del infortunio al pueblo dominicano nos pretenden africanizar.
Por Isaías Ramos
Cuando los pueblos habitan en un territorio con riquezas mineras y carecen de una clase política con principios, conciencia social y patriótica estas bendiciones se convierten en maldición, opresión y miseria para su pueblo. Ejemplos nos sobran , como lo son la mayoría de los países africanos. Otro más cercano como lo es el bendecido territorio venezolano, que cuenta con la mayor reserva petrolera, agua, oro y otros recursos mineros de los más importantes del mundo. Sin embargo una clase política convirtió aquella inigualable riqueza en la peor desgracia para aquella nación.
En contra posición podemos mencionar a Japón un país carente de riquezas naturales, pero dotado de políticos y dirigentes nacionales cargados de principios y valores que han hecho de aquel país una nación de las más ricas del planeta.
No es para menos sentir gran preocupación por lo que aún pueda realizar esta clase política que aún nos gobierna. Estos podrían continuar entregando nuestros recursos mineros bajo esquemas y condiciones similares al famoso contrato realizado en el gobierno del PLD presidido en ese momento por Leonel Fernández, quien fue capaz de entregar nuestros recursos mineros a la Barrick Gold bajo un contrato inmoral e injusto y sobre todo muy dañino para el pueblo dominicano, el cual podríamos de calificar como un delito de lesa humanidad, pues poco le importó el daño a la salud y las muertes prematuras que esta explotación minera ocasionaría, y también podríamos catalogarlo como un delito de lesa naturaleza pues el daño a la ecología es irreversible.
Este tipo de contrato no es más que robo y saqueo legalizado, en donde esas grandes empresas mineras se ocupan de comprar la voluntad de la clase política para incidir en todos los poderes fácticos. Esto, con la finalidad de lograr la protección e impunidad absoluta para llevarse nuestros recursos y dejarnos los desastre ecológicos sin ningún tipo de consecuencias para ellos. Nos dejan la contaminación y la miseria de este lado, mientras ellos se llevan nuestro minerales y riquezas .
Del pueblo dominicano permitir la pretensión de esta élite política o prolongar la estadía de ellos más allá del 2024, estaremos condenados a que nos conviertan en un país minero y, como consecuencia, en uno de miseria como nuestro vecino más cercano Haiti, Venezuela, o la mayoría de los países africanos. Destruirían las formas de sustento y el medio ambiente en las zonas impactadas por este tipo de explotación.
El efecto que genera esta actividad es tan dañina que lo más sabio es ni siquiera contemplar su explotación. Esta actividad provoca la devastación de los ecosistemas ( contaminación y alteración de las aguas, destrucción del hábitat de sus flora y fauna) y ese es el enorme pasivo ambiental que nos dejan cuando se van. Así como aquella canción famosa de Los Guaraguaos, agrupación musical de los años 70, que decía : “Solo nos van dejando miseria y sudor de obrero.” Solo los lacayos, cipayos y traidores de la patria pueden aprobar, apoyar y dar sustento a este saqueo a nuestros recursos.
Definitivamente, la minería que se realiza en nuestro país sería inaceptable en otros países. Esa explotación minera a cielo abierto es la más contaminante, pero también la más rentable para las empresas. En algunos estudios y análisis como los del 1999 de Arborvitae, sugieren que “los países del sur, ricos en recursos minerales, tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentos, niveles más bajo de bienestar social y distribuciones de ingreso mucho más asimétricas que en los países en desarrollo no dependientes de minerales.”
Estas megaminerias se llevan los minerales, los bosques, el agua, la salud, la vida y el futuro de quienes habitan en sus zonas de explotación. Zonas que se van extendiendo de manera sutil, como ocurre con el decreto presidencial 270-22, donde se le añade a la empresa Barrick Gold 3115.47 hectáreas para la construcción de una presa de cola, la cual causará más daño y desastre ecológico al pueblo dominicano. Esta semana la República Dominicana acoge la XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), donde se quiere promover una supuesta minería sostenible. Esto, sin embargo, no es más que una utopía, pues a menos que ciertas tecnologías y sistemas de gobernanza se creen, los impactos negativos ecológicos y sociales serán una realidad.
Estas palabras pronunciadas por Juan Pablo II ante el parlamento europeo son tan necesarias hoy en día: “Reconciliar al hombre con la creación, tratando de preservar la integridad de la naturaleza, de su vida animal y vegetal, su aire y sus aguas, su equilibrio sutil, sus recursos limitados, su belleza que da alabanza y gloria al creador». El afán de esta élite política económica por ir en pos de la riqueza material, sin mirar las consecuencias para las presentes y futuras generaciones, nos invita a que emprendamos una resistencia a este despropósito sin darle tregua a sus intenciones malignas.
Cambiar esa tendencia actuales que quieren llevar a cabo esta clase política es nuestro deber, luchar por preservar nuestros recursos naturales , a fin de transmitirlos como herencia a las generaciones futuras es nuestro deber. Unidos podremos construir un país que al contacto con la ecología genere paz, armonía y alegría de vivir.
¡RD SI PUEDE!
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.