Editorial
La Izquierda está más dividida que la derecha en la República Dominicana.
El síndrome de la división o atomización de la sociedad dominicana se expresa con mayor fuerza en los partidos de la izquierda que en los de la derecha.
La razón consiste en que los dirigentes de la izquierda en la práctica parecen ser más egoístas que los de la derecha, ya que estos últimos siempre han logrado unirse para estructurar los partidos que les sirven de guía.
La derecha tiene una serie de divisiones en sus partidos más importantes, como por ejemplo el Revolucionario Dominicano, el cual, aunque siempre mantuvo una posición considerada muy liberal, su llegada al poder lo puso al servicio de los grupos económicos y los sectores más conservadores de la sociedad.
Lo mismo se puede decir del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el cual luego de la muerte de Joaquín Balaguer se ha dividido en reiteraciones ocasiones y ahora es una especie de visagra, cuya condición genera una serie de confrontaciones que crean profundas escisiones en su seno.
Igual camino luce haber escogido el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ahora en el poder, pero que ya han salido a la superficie brotes divisionistas que podrían condenarlo a correr la misma suerte que el antiguo nido de quienes lo conforman, el PRD.
Nada menos se puede decir del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo síndrome hizo su presencia cuando Leonel y Danilo terminaron en una confrontación a muerte, que permitió que éste fuera sacado del poder por haberse convertido en una corporación económica.
Todos sin excepción terminan impactados por la cultura de la división que prevalece en la sociedad dominicana por tratarse de una herencia histórico cultural, en la que predomina el caudillismo, el jefismo y el amiguismo, cuyas escisiones no obedecen a cuestiones ideológicas, sino individuales y personales.
Sin embargo, hay que decir que igual fenómeno ha impactado a la izquierda, donde se ha hecho prácticamente imposible una unidad que en la realidad se ha convertido en una utopía, lo cual inclusive lleva a las organizaciones de esta corriente a estar al correr el tiempo más disminuida cualitativa y cuantitativamente.
Un detalle que llama a la atención es que los que pertenecen a la derecha generalmente tienen mayor poder de convocatoria que los de la izquierda, aunque no se sabe si este resultado es una consecuencia del clientelismo que ha tomado mucho cuerpo en el país.
Pero debe decirse también que la izquierda o por lo menos la mayoría de ella ha estado inmersa en la micro corrupción a través de los ayuntamientos y otras fuentes de la gestión pública, mientras la derecha ha sido la que ha contado históricamente con la que se genera a nivel macro.
Independientemente de los fenómenos que producen ambas situaciones, lo cierto es que la izquierda no logra tener una presencia importante en la vida política nacional y que al final de las contiendas electorales tienen que sumarse a los partidos que promueven aspectos que son la esencia de la diferencia entre ambas corrientes, como muy bien se podría citar el neoliberalismo.
Lo lamentable del asunto es que amenos que el cuadro no cambio, la derecha seguirá con el control del Estado y a la izquierda no parece quedarle más remedio que recibir migajas y seguir como visagra para que la primera siga con el disfrute de la masa y la segunda de los huesos y en consecuencia no se vislumbra que por el momento pueda surgir una propuesta que vaya en beneficio de los mejores intereses nacionales, al margen de los grupos económicos y de los sectores más conservadores de la nación.
De manera, que este cuadro de la política nacional aleja por el momento la posibilidad de que la República Dominicana cuente con una propuesta como ha ocurrido en muchos países latinoamericanos que abra el camino para que la izquierda pueda llegar al poder con los partidos que la integran en la actualidad, en los que se impone la división, el chisme y la falta de visión para trabajar sobre la base de la alta política.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.