Editorial
El Cambio Climático y el Síndrome de la Improvisación de la Sociedad Dominicana
El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el cambio climático y que de igual modo lo han hecho otras entidades especializadas en el tema, presenta un panorama muy amenazador para los países que carecen de políticas públicas para contrarrestar el fenómeno por un asunto de falta de planificación.
Es importante que el dominicano se focalice en el impacto que tiene y tendría el cambio climático en su territorio a partir de la gravedad del problema, ya que por una razón profundamente cultural en el país no hay planes absolutamente para nada.
Y los problemas se ven venir sobre el país, pero nadie elabora planes para que la desgracia sea menor.
Recientemente la nación tuvo una experiencia amarga porque desde hace décadas se habla del drenaje pluvial, pero no ha habido un solo gobierno de los tantos que registra la historia moderna que haya hecho algo aun después de que llega la desgracia.
Imagínense lo que implicaría para el país los efectos del cambio climático visto desde la perspectiva de los organismos internacionales especializados en el tema, sobre todo si a eso se le agrega la histórica falta de planificación que nos afecta desde los tiempos de la colonia.
La República Dominicana no hace planes para nada, no hay un solo sector de la gestión pública que conciba un proyecto a largo plazo para acabar con la mayoría de las falencias que caracterizan al Estado.
Todas las naciones como la República Dominicana que adolecen del mencionado síndrome, se puede asegurar que prácticamente colapsarían frente a las consecuencias que arrastra el cambio climático en el mundo.
Desde ya el país tiene todos su ríos, lagos y arroyos contaminados, al borde de la desaparición, por la carencia de políticas públicas que garanticen la preservación del medioambiente, pese a lo dispuesto por la Constitución de la República y las leyes adjetivas sobre la materia.
En el país no ha surgido el primer gobierno que tenga planes para, por ejemplo, resolver el problema de la contaminación ambiental con efecto invernadero como consecuencia de un parque vehicular fundamentado en combustibles fósiles.
Pero lo propio habría que preguntarse con otras problemáticas sociales, como los feminicidios, los embarazos en adolescente y el monstruo de mil cabezas del consumo y tráfico de drogas.
Mucho se puede hablar de políticas migratorias, pero es poco lo que se hace, aunque todos los días este tema se aborda a todos los niveles en virtud de la llegada al país por razones socioeconómicas de miles y miles de haitianos.
En realidad, la República Dominicana está ante grandes amenazas por una serie de razones, incluido el cambio climático y la falta de planificación de los que tienen la responsabilidad de diseñar políticas públicas para contrarrestar el problema.
Sin embargo, el país está cubierto por sus cuatro puntos cardinales de politiquería y de una enorme cantidad de partidos políticos, conformados por ¨¨vividores¨¨, que solo buscan pegarse de la teta nacional, aunque se hunda la isla.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.