De portada
Salen a la superficie problemas que comprometen la ética y la moral de jueces del sistema de justicia nacional.
Por Elba García
La investigación que se desarrolla en contra de un juez del Distrito Nacional debe ser extensiva a otras instancias del sistema de justicia nacional en virtud de que el asunto no parece que se trate de un hecho aislado, sino general.
La suspensión del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró se produjo tras el desarrollo de una investigación del Consejo del Poder Judicial, en virtud de denuncias muy graves en su contra, que incluían sospechas por haberse inhibido en casos muy conocidos como el de la muerte del comunicador Manuel Duncan, cuyo responsable fue el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés y por la paliza que junto a varios hombres le dio la ucraniana Natalya Kasianova a un joven dominicano, quien era su novio.
Pero tal vez el más escandaloso de los fallos de este magistrado fue liberar de responsabilidad a todos los acusados de la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, cuyo caso llevaba casi cinco años en la justicia sin enviarlo a juicio de fondo.
Posteriormente el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), Wilson Camacho, reveló que hay indicios de que la estructura de que es parte este magistrado incluiría a otras personas, sin dar mayores detalles.
El magistrado como se indicó más arriba se había inhibido en casos sonoros, como el de la muerte del comunicador Manuel Duncan y en la que se señala como responsable de la misma al expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés.
También el de la paliza que, junto a varios hombres, dio la ucraniana Natalya Kasianova a un joven dominicano, quien era su novio.
Hace casi cinco meses que este juez de instrucción descargó de responsabilidad a todos los acusados en la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, el cual llevaba casi cinco años en la justicia sin enviarlo a juicio de fondo.
Por el momento la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial ha dispuesto una suspensión provisional con disfrute de sueldo de Rodríguez Consoró, juez del Noveno Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional por las supuestas faltas cometidas.
Este caso, que de acuerdo al Consejo del Poder Judicial y del Ministerio Público se trata de un asunto muy grave que empaña la imagen de la justicia, demuestra la gravedad de la corrupción en el sistema de justicia, ya que es importante que se tome en cuenta que el problema de este instrumento del Estado es mucho más grave de lo que cualquiera se pueda imaginar.
No es verdad que se trata de una casualidad o sólo de la negligencia de muchos jueces, sobre todo de primera y segunda instancia, que emiten regularmente sentencias que no tienen una explicación lógica, ya que violentan las leyes sobre la materia, sin que nadie se interese en desarrollar una investigación al respecto.
Este periódico siempre ha dicho que si el Consejo del Poder Judicial se dedicara a fiscalizar las sentencias emitidas por los jueces de los tribunales inferiores, pudiera darse cuenta de la gravedad y complejidad del problema.
Esta descomposición no sólo afecta a una jurisdicción, sino a todas, como la civil ordinaria, la laboral, la inmobiliaria y todas las demás y en muchos casos queda lo suficientemente claro de que se trata de un problema que tiene que ver no sólo con negligencia, sino con ignorancia y complicidad.
Sin lugar a dudas, que la justicia es una de las principales amenazas que se cierne sobre el estado de derecho y la democracia dominicana, porque la violación de derechos y principios constitucionales, así como la vulneración y suplantación del legislador cuando de la aplicación de las normas jurídicas se trata, ocurre como el pan nuestro de cada día.
Todo ello indica que el caso del magistrado Consoró es propio de todo el sistema de justicia nacional y de que se trata de un problema integral que se constituye en una grave amenaza de la democracia, el estado de derecho y de la armonía social.
La cuestión descansa en que la descomposición del sistema de justicia nacional es parte del problema integral que impacta a la sociedad dominicana, donde el mal es encontrado en los principales, por decir todos, los órganos y entes que conforman el Estado.
Sin embargo, lo que espera la sociedad es que a partir de este caso se puedan investigar otros que necesariamente no están en el contexto del Distrito Nacional, sino de otros lugares del territorio nacional, como por ejemplo Santiago, donde el Estado prácticamente ha desaparecido.
Las sentencias emitidas por este magistrado eran una causa de generación de sospechas, pero otros casos iguales o parecidos también deben ser investigados si de verdad hay un interés de sanear una parte tan vital del aparato estatal dominicano.
En ocasiones anteriores igual se llegó a descubrir, suspender y tramitar a la justicia ordinaria a jueces que eran parte de una mafia que se dedicaba a vender sentencias y a negociar incluso con narcotraficantes, pero las cosas no pasaron de una simple investigación que no tuvo un final satisfactorio.
Ojalá que ahora no pase lo mismo con una investigación que reviste una gran importancia para la preservación del Estado de derecho en la sociedad dominicana y por lo menos iniciar un proceso de saneamiento que arroje resultados beneficiosos para un país que tanto lo necesita.
De portada
La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
De portada
Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
De portada
Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.