Opinión
¡Gracias a la vida!
Por Narciso Isa Conde
¡GRACIAS A LA LUCHA POR DEFENDERLA!
“No es que estemos condenados a luchar, sino que luchamos porque queremos vivir”. La frase no es mía, sino de uno de mis maestros, Iñaki Gil de San Vicente, pero he decidido asumirla como propia. No es para menos.
A este encuentro solidario asisto con esa convicción y con la frente en alto, decidido como siempre a vencer desde la alegría que brota de nuestros ideales redentores, el dolor del recuerdo de los héroes y heroínas de la Patria y de nuestros seres queridos ya fallecidos; muy presente en los predios de esta UASD, fragua de una camada de luchadores y luchadoras de alto calibre.
Decidido no solo a recordarlos, sino a darle continuidad a su ejemplo de dignidad y decoro, y a su voluntad de hacer revolución.
De entrada opto por darle un cálido e intenso abrazo a nuestras autoridades universitarias y a todos y a todos los/as presentes. Un abrazote colectivo, fuera de todo protocolo…
Decía Gardel que 20 años no eran nada, pero 80 de vida y algo más de 60 luchando contra el imperio y sus súbditos, es alguito.
Creo que Gardel no se atrevería a contradecirme.
Ahora bien, al llegar a esta meta respetable, pendientes no pocos años más de combates, doy ¡GRACIAS A LA VIDA!, a pulmón lleno.
¡Gracias a la vida!
Gracias a la madre tierra, a mi madre y mi padre, a mi pueblo y a la humanidad.
A Lourdes Mercedes Contreras Pérez (Lulú), mi eterna compañera de lucha y amor, a mis hijos y sus compañeras, a nuestra dulce nietada, a mi hermano del alma, primos y sobrinos queridos; a mi familia toda, de la que he recibido a lo largo de estos años torrentes de solidaridad, cariño, amor y buenos augurios.
Gracias a mis camaradas y amigos/as, a todas las personas, organizaciones, sociedades y países solidarios que me protegieron, acogieron o acompañaron en tiempos muy difíciles.
Gracias a quienes permanecen en esa actitud.
Gracias a mis compañeros/as de estudio de medicina y profesionales de la salud que me brindaron -y me brindan- sus sabios consejos e invaluables atenciones.
Gracias a los/as intelectuales, comunicadores, religiosos, militares, familias, personas humildes, partidos hermanos (de aquí y del exterior), dirigentes políticos y sociales, que oportunamente me ayudaron a evadir los entramados criminales en diferentes ocasiones.
Gracias, en el presente y de cara al futuro, a quienes mantienen esa disposición y asumen esa generosa actitud.
Gracias a los movimientos sociales y al pueblo digno y trabajador que a cada paso, en cualquier esquina, lugar o espacio de la vida en sociedad, me brindan su cariño y expresan reconocimiento y respeto por las luchas libradas.
Gracias del alma por contribuir tanto a esta feliz, fructífera y satisfactoria existencia, que en estas condiciones me empeño en prolongar hasta el máximo posible.
Gracias por permitirme vencer los riegos y peligros durante 62 años de combate contra todo tipo de injusticias y opresión social y política.
A los 13 años adquirí conciencia antitrujillista. Antes de cumplir los 16 ingresé a la Universidad y abracé la Revolución Cubana (1959), y poco después los ideales socialistas.
A los 18 participé en mi primera iniciativa conspirativa-revolucionaria contra la Tiranía (1960), relacionada con el asesinato de las Mirabal y Rufino, seguida de otras más.
A los 20 ingresé a la militancia comunista y de ella no me he separado nunca.
La ruta posterior es conocida: sin pausas ni dobleces, sin arrepentimientos en la trayectoria escogida.
Siempre bien acompañado y rodeado de amor, cariño y solidaridad.
Siempre apelando al marxismo creador; renovando pensamiento y acción, practicando solidaridad sin límites y enriqueciendo sentimientos de amor.
Yo no soy yo. Soy un colectivo: soy Lulú, Asdrúbal, Silvano, Orlando, Amín, Narcisazo y muchos oros y otras.
Estoy marcado por el recuerdo de Minerva, Maria Teresa y Sina Cabral…por Manolo, la Expedición de Junio, Fidel, el Che y la Madre de Gorki.
Soy FRAGUA-UASD, 1J4-MPD-PCD, soy Abril 65, soy Loma Miranda y numerosos combates por liberación de nuestro pueblo y de la humanidad.
De las enseñanzas de José Martí se deriva que “Patria es Humanidad”.
La tierra donde se nace, se quiere con pasión.
La humanidad que la desborda, Nuestra América y el planeta, se aman y se defiende a cualquier precio.
Soy dominicano de pura cepa y jamás podría separarme de este lindo, alegre y cruelmente pisoteado terruño caribeño; pero asumo también la condición de ciudadano del mundo.
Soy un producto de una época y de un entorno familiar político y social maravilloso, que me ha catapultado a la lucha por el supremo ideal de una sociedad solidaria y un mundo sin fronteras.
Mi mérito es abrazar esos ideales y persistir en ellos sin claudicar y sin convertirlos en dogmas despojados de emociones y belleza; y a eso no renunciaré jamás.
Esa es mi fortuna, procurando transferirlas a las nuevas generaciones para ayudar a que se decidan -y creo que lo harán- a renovarla, recrearla y enriquecerla, para ponerle fin a este capitalismo putrefacto y decadente, y optar definitivamente por sembrar y cultivar socialismo, aquí y en todo el universo.
¡Gracias a la vida que me ha dado tanto!
Gracias a ustedes por dejarme entrar a sus corazones este día de tanta significación para mí, mi familia y mis camaradas.
Besos y abrazos.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.