Opinión
Una pretensión Internacional Inaceptable
Por Isaías Ramos
El pensar que un territorio, una raza, o un idioma define una nación es una grandísima aberración.
Cuando escuchamos a comunicadores, sobre todo del ámbito internacional referirse a nuestra isla, donde conviven dos culturas diametralmente opuestas, se nota un alto desconocimiento de la realidad de ambos pueblos.
Ese desconocimiento sería la única excusa posible para querer imponer a los pobladores de esta isla una camisa de fuerza que en el fondo ninguna de las partes persigue.
Este afán de unificación, de continuar, lo que hará es traer sangre, dolor y sufrimiento a ambas poblaciones.
Para verlo, solo debemos recordar cómo terminó la usurpación de nuestro territorio por los pobladores de la parte occidental de la isla.
Las pretensiones de imposición de una nación sobre otra siempre conlleva graves consecuencias.
Las poblaciones de ambos lados de la frontera siempre han actuado como el aceite y el agua; es decir, no existe posibilidad alguna de asumir una a la otra a menos que se imponga con métodos sangrientos.
De este lado somos una nación multi-raza, donde tenemos ADN nativo, Africano, Europeo, del Medio Oriente y Asiático.
Mientras, los pobladores Haitianos carecen de mezcla porque, de manera visceral, se les enseña a no aceptar ninguna otra raza.
Parte de esas enseñanzas han derivado en una renuencia hacia la población dominicana, justificada en la creencia de que los dominicanos son responsables de sus miserias, y llevando a sus pobladores a desconfiar hasta de la intención sana del pueblo dominicano.
De este lado continuamos abiertos a recibir extranjeros, siempre y cuando lleguen de manera legal y respeten nuestro territorio.
Por eso hoy en día somos una nación de los más variados cruces genéticos del mundo.
Del lado occidental eso es simplemente impensable.
Ellos se niegan a mezclar razas y culturas, por lo que debemos de respetar su forma de vida, siempre y cuando no perjudiquen a nuestra nación.
Debido a la reacción pasiva ante esta invasión silenciosa que estamos siendo víctimas, fruto de gobernantes inescrupulosos que se hicieron los graciosos con organismos internacionales y potencias extranjeras, hoy tenemos un enorme monstruo migratorio.
Este monstruo, de continuar creciendo, creará una segregación social que podría terminar en hechos violentos y sangrientos.
Esto es precisamente lo que debemos evitar, realizando un programa de desalojo ordenado, humano y acorde a cumplir con nuestras leyes y nuestra constitución.
La comunidad internacional debe recibir un mensaje claro de nuestro lado de que no permitiremos una fusión o invasión territorial bajo ningún pretexto.
Las naciones no se imponen, ni siquiera cuando exista lengua, raza, territorio y religión en común, que no es el caso en cuestión.
Para eso se requiere una voluntad de estar unidos bajo un propósito y un fin de convivencia en los valores y principios que nos definen.
No debemos permitir que nos echen en el mismo saco por el simple hecho de habitar una misma isla.
No existen intereses comunes para crear esos principios espirituales que le dan origen a una nación.
Hoy más que nunca nos toca trabajar para refundar esta patria, bajo ese legado que nos dejaron nuestros libertadores sin intrusos que perturben nuestra paz.
Es tener la voluntad por hacer realidad ese sueño inconcluso que ha sido imposible porque hemos sido a sometidos por los traidores una y otra vez.
Es unificar ese pasado con nuestro presente y esa herencia que recibimos.
Tal herencia no la podemos ignorar, desperdiciar y mucho menos abandonar, porque simplemente malos dominicanos nos hayan entregado a la merced de intereses de organismos y potencias extranjeras, que no conocen nuestro arraigo y nuestra fuerza.
No permitamos que esta nación continúe a la deriva, como un barco que no sabe dónde ir.
Buscar ese rumbo conlleva esfuerzo y sacrificio, que debemos asumir en busca de nuestra libertad y paz.
De lo contrario nos espera mucho sufrimiento, dolor y sangre.
No perdamos de vista el sacrificio y la sangre derramada de los que lograron liberar esta patria tantas veces.
No continuemos alimentando a esos traidores que han logrado casi su propósito. Rescatemos este pueblo y defendamos nuestro territorio, para preservar lo que nuestros antepasados conquistaron.
A Duarte le tocó fundar la patria, a Luperón restaurarla.
Ahora nos toca a nosotros refundarla. De lo contrario estamos condenados a perecer.
Trabajemos juntos para lograr ese país que la mayoría soñamos, con ciudadanos respetuosos a Dios, amantes de la patria y defensores de la libertad.
Una nación que sea sinónimo del orden, la justicia y la igualdad, ante la ley y las oportunidades.
RD si puede!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.