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Está contemplada en carrera judicial solicitud de ascenso de juez del Distrito Nacional.
El juez que tiene a su cargo el conocimiento de la audiencia preliminar del caso Medusa y que solicitó ser trasladado a un tribunal colegiado sólo podrá ser beneficiado con la misma cuando concluyan los procesos judiciales que tiene pendiente.
Amauri Martínez, juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con su pedido ha generado una serie de opiniones en diferentes sectores de la vida nacional por el momento en que hizo su pedido al Consejo del Poder Judicial.
El abogado Valentin Medrano es de los que piensan que este pedido del juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se debe a que “no quiere vivir los abusos propios del avasallamiento, juzgamiento, exposición negativa y cuestionamientos públicos”.
Por otra parte, el abogado Plutarco Jáquez entiende que la petición de Martínez es un derecho que le corresponde en su condición de juez.
De su lado, los letrados Javier Ulloa y Robinson Reyes, coincidieron al entender que el magistrado Amauri Martínez cumplió con el tiempo y es electivo para el ascenso.
Para el togado Manuel Sierra es normal que ocurra este tipo de solicitudes, ya que es el interés de todo juez seguir creciendo en el sistema.
Sobre este tema la Ley No. 327-98 de Carrera Judicial, en su artículo 23 contempla de que los jueces pueden ser ascendido por sus méritos y años laborados dentro del Poder Judicial.
Puestos que ha ocupado el juez Amauri Martínez
De acuerdo con la declaración jurada del juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, del año 2005 al 2006 ocupó la posición de alguacil ordinario de la Corte Penal de Apelación de la Primera Sala en Santo Domingo Este.
Del 2012 al 2014 fue juez provincial del juzgado de paz ordinario de las Charcas, y del 2014 al 2016, juez del Juzgado de Paz de Cambita Garabito en San Cristóbal.
Estuvo como juez de Paz Especial de Tránsito de la Sala IV del Distrito Nacional del año 2016 al 2018.
Casos vistos por el juez Amauri Martínez
Aunque estuvo apoderado de conocer la revisión obligatoria de medida de coerción contra Juan Alexis Medina en el caso Antipulpo, fue recusado por este imputado, requerimiento que fue acogido por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. También conoció el juicio preliminar Operación 13 por fraude a la Lotería Nacional.
Actualmente es el encargado de conocer el juicio preliminar del caso Medusa, proceso sobre supuesta corrupción administrativa, que señala a 41 personas y 22 empresas, entre ellas al exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.