Editorial
Leyes del Régimen Electoral, un reflejo del ADN de los dominicanos.
No se entiende que el Congreso Nacional se abocara a discutir y aprobar con una gran deficiencia las leyes del régimen electoral.
Las normas jurídicas en esta materia se han constituido en un símbolo de la ilegalidad que afecta todo el sistema legal de la República Dominicana.
No se trata sólo de las leyes 15-19 y la 33-18, sino de muchas otras legislaciones que violan la Constitución de la República y que en consecuencia penden de que cualquier abogado o ciudadano someta un recurso director de inconstitucionalidad.
Hasta ahora son varios los artículos anulados de estas leyes que conforman el régimen electoral de la República Dominicana, las cuales representan una cuestión vital de la democracia nacional, ya que involucra un aspecto fundamental del derecho constitucional, como es el de elegir y ser elegible.
Pero este problema, el cual proyecta lo que muy bien se podría definir como el ADN de los dominicanos, cuyas principales características son la improvisación y por consiguiente la falta de planificación, significa lo mal que está el país institucionalmente hablando.
Estas cosas provocan mucha tensión e incertidumbre entre los ciudadanos dominicanos, ya que podría constituirse en un revés muy peligroso en contra de un sistema democrático lleno de falencias y debilidades institucionales.
En los actuales momentos el país observa que las leyes 15-19 y la 33-18 pasan por una serie de cuestionamientos que no resisten ser un instrumento eficiente y garantista de unas elecciones que están apenas a menos de dos años.
Pero estos asuntos son los de nunca acabar, porque habría que esperar que las modificaciones que introduzca ahora la Cámara de Diputados no puedan provocar una intervención del Tribunal Constitucional, lo cual podría aumentar el retraso y representar una amenaza de muerte para la democracia dominicana.
Se sabe de antemano que las cosas no saldrán como se espera, porque donde predomina la improvisación lo menos que se puede esperar es que se apruebe lo recomendable y constitucionalmente correcto.
De cualquier modo, si todo lo incorrecto e improvisado forma parte del ADN de los dominicanos, entonces sería un sueño buscar que las cosas sean como nunca antes han ocurrido.
Por lo pronto, ojalá que los senadores y diputados puedan de una vez y por todas corregir todas las ilegalidades que tienen las leyes del régimen electoral, exactamente así como se oye, aunque sería mucho pedir.
Porque en algún momento tendrá que llegar la oportunidad de corregir todos los entuertos cometidos en el sistema jurídico nacional, ya que antes de la existencia del Tribunal Constitucional habían muchos disparates legales que requieren de su rectificación.
Y aunque las leyes del régimen electoral fueron aprobadas y promulgadas después del año 2010 cuando se crea el Tribunal Constitucional, lo cierto es que son un contundente ejemplo de lo mal que anda la sociedad dominicana.
Se espera que no hayan más dolores de cabeza con errores cometidos por el legislador, solo por complacer intereses políticos y de otros géneros que tienen una gran incidencia en el Congreso Nacional.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.