Félix Bautista

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Lupa Sin Trabas denunció que el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, trata de censurar la revista, al intimar a su presidente, Fernando Hasbún, mediante un acto de alguacil en el que pide la rectificación del texto de un artículo que compara los costos de la cárcel de Moca, construida por la Procuraduría General por un monto de unos RD$300 millones, con la de Higüey, ejecutada por Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con un presupuesto de RD$1,200 millones.

Mediante el acto de alguacil número 1318-12, del 10 de este mes, el senador Bautista intimó a Hasbún y a la periodista Mercedes González, que publicó el reportaje bajo el título: “Dos cárceles similares construidas con casi RD$900 millones de diferencia”.

Tanto Hasbún, como el director de La Lupa Sin Trabas, Bernardo Vega, interpretaron la intimación de Bautista como “un esfuerzo del senador por censurar el trabajo independiente de la revista”, algo que aseguraron “es inaceptable”.

Bautista dio un plazo de cinco días franco para que la revista rectifique la información, lo cual, según explicó Hasbún, “resulta imposible para un medio que sale cada 15 días y que ya tiene su tercer número en imprenta para circular este miércoles”.

Informó que precisamente 11 días antes del acto de alguacil habló con la asistente del legislador para una entrevista en la que el senador podía explicar su punto de vista sobre la cárcel y otros temas de interés periodístico, y así ofrecerle el derecho a réplica que ahora exige por la vía legal. Aclaró, sin embargo, que Bautista nunca le devolvió la llamada telefónica.

La semana pasada, el jefe de redacción de la revista, Panky Corcino, gestionó una entrevista con Bautista a través de su oficina de relaciones públicas en la Fundación Nacional de Desarrollo Integral (FUNDI).

También, la periodista González contactó a sus asistentes en el Senado y en la fundación para una entrevista, con el objetivo de tratar el tema de la cárcel de Higüey.

Sin embargo, Karina Díaz, una persona que se identificó como su asistente particular, llamó a la Lupa Sin Trabas para explicar que el congresista no tenía necesidad de ofrecer la entrevista y que la revista debía limitarse a reproducir sus conceptos expuestos en el citado acto de alguacil.

En su tercera edición de este miércoles 12 de septiembre la revista incluye otro artículo sobre la gestión del senador Bautista en la OISOE, basado en la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas sobre su desempeño en la citada dependencia gubernamental.

La dirección de la Lupa Sin Trabas explicó que está abierta a entrevistar al legislador sobre la cárcel de Higüey, que construyó la OISOE, así como sobre otros temas periodísticos de interés nacional. Bautista dirigió esa dependencia durante 64 de los 72 meses que duró el levantamiento de la obra.

A continuación el reportaje: Cárcel de Félix Bautista costó 300% más que otra similar

La construcción de la cárcel modelo de Higüey tardó seis años y costó al gobierno RD$1,200 millones. Tiene capacidad para 1,152 internos, similar a la de Moca, que sólo requirió RD$300 millones. La primera estuvo a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y la segunda, de la Procuraduría General, organismo que hizo o reparó 16 centros carcelarios con RD$1,366 millones.

Con los fondos que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) destinó a la construcción de una sola cárcel del nuevo modelo penitenciario, la Procuraduría General casi levantó y remodeló 16.

Bajo la dirección del ingeniero Félix Bautista, la OISOE contrató en abril de 2005 la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, de Higüey, por  un monto de RD$1,200 millones, suma que supera cuatro veces el costo de un recinto similar levantado en 2009 en Moca, en sólo nueve meses y con alrededor de RD$300 millones.

En sendos actos de inauguración, Radhamés Jiménez Peña, procurador general en la gestión de Leonel Fernández, calificó los recintos como los más grandes del nuevo sistema penitenciario. La Procuraduría informó que el centro de Moca tenía una capacidad para 1,200 internos, aunque en las memorias se escribió una cantidad distinta: 908.

El costo de la cárcel modelo de Higüey no solo cuadruplica al de Moca, sino que contrasta también con la inversión en infraestructura y equipamiento hecha por la Procuraduría durante un período de seis años.

Las memorias de esa dependencia presentan un balance de RD$1,366.4 millones en la inversión en los 16 centros construidos o reparados hasta el momento. Un monto que sólo supera en RD$166 millones a los RD$1,200 destinados por la OISOE a la edificación y equipamiento del centro de Higüey, concebida por el Estado como una obra de urgencias tras el incendio en la cárcel pública de esa ciudad en el que fallecieron 136 reclusos en marzo de 2005.

Falta de transparencia en la OISOE. Con evidentes características similares en los servicios y la capacidad de alojamiento, y marcada diferencia en el precio, las cárceles modelo de Moca e Higüey fueron edificadas por instituciones que tienen una visión totalmente opuesta en lo que respecta a la transparencia. La Procuraduría puso los datos sobre la mesa, mientras la OISOE, dirigida por el ingeniero Bautista durante 64 de los 72 meses que duró la construcción de la cárcel, mantiene el hermetismo alrededor del complejo carcelario.

Sin ofrecer ninguna explicación, la OISOE, dirigida hasta el pasado 16 de agosto por Luis Sifres, no permitió el acceso a los datos sobre contratos de construcción, presupuestos y licitación, en violación a las disposiciones de la Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, lo cual le fue advertido por La Lupa Sin Trabas mediante varias comunicaciones.

La denegación de documentos por parte de la OISOE podría sugerir una intención de ocultar datos en torno a cuáles empresas participaron en el proceso de construcción del centro Anamuya, qué porcentaje ejecutó cada concesionaria, y la forma en que se gastaron los RD$1,200 millones.

Todo lo contrario acontece con la Procuraduría, que dentro del plazo indicado por la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, ofreció los documentos requeridos. La directora del Centro de Higüey puso a la disposición de la prensa los detalles a su alcance sobre ese recinto. Hilda Patricia Lagombra Polanco resaltó los beneficios que tienen los internos. Destaca que la forma en que se edificó y equipó facilita la integración de cada interno a los procesos productivos, de formación académica, así como a las actividades deportivas.

Explica que, si bien no maneja en detalle los datos sobre la construcción de la cárcel, en su levantamiento participaron varias firmas de ingenieros.

Al observar algunos planos, se puede apreciar entre las compañías que participaron en su ejecución a las firmas Andrés & Camila, Ramírez Vidal y Consorcio Orosa. También, Mapek, encabezada por Rafael David Pérez Sánchez y Juan Christian Maluf Khoury, según el Registro Mercantil, y la firma Ingeniero Alexis Ortega, representada por Alexis de Jesús Ortega González, también de Orosa.

Andrés & Camila Materiales y Construcciones, constituida en 2005, según el Registro Mercantil.

En la inauguración, Sifres entregó a su predecesor, el senador Félix Bautista, una placa de reconocimiento por su aporte a la construcción de la obra.

Transparencia. La Oficina de Acceso a la Información de la Procuraduría entregó cada uno de los contratos, sus adendas, y los presupuestos de la construcción de la cárcel modelo de Moca. Los nombres de los 18 ingenieros y firmas por cada lote, entendido como tales, los edificios de celdas, seis en total, construidos por un monto de RD$18.1 millones cada uno; otro edificio donde operan el comedor, celdas conyugales y aulas, por un monto de RD$28 millones. El edificio administrativo implicó una inversión de RD$23 millones. En la construcción de un edificio de celdas de reflexión, cacheo y caseta, se invirtieron RD$6.3 millones.

Los informes dan cuenta de que la Procuraduría destinó también RD$10 millones para el edificio donde operan los talleres, la lavandería y otras áreas; RD$6.7 millones para instalar la malla ciclónica interior; RD$5.5 millones en la torre de vigilancia y la caseta de control. En cisterna y verja exterior e instalación sanitaria exterior, la Procuraduría invirtió RD$9.3 y RD$5.5 millones, respectivamente.

Para la instalación eléctrica se destinaron RD$13.3 millones; en materiales de caliche para el relleno y ladera, RD$20 millones, y RD$37.2 millones en la construcción de talud y canaletas. El resultado de la suma de estas cantidades es el costo del Centro de Corrección y Rehabilitación de Moca, RD$275.4 millones, aunque en las memorias de la institución se establece un monto de RD$347.5 millones.

Si bien alguna de las cárceles modelos auspiciadas por la Procuraduría General tienen baja inversión por ser más pequeñas, y otras fueron reestructuradas, al menos cuatro tienen una capacidad que se aproxima a los mil internos: los recintos de Moca, La Vega, San Pedro de Macorís y La Romana.

La edificación de La Isleta, en Moca, tiene capacidad para 1,200 internos, según se informó en la inauguración. Consta de 12 edificios, seis de ellos para celdas.

Pero como analizó Jiménez Peña, las instalaciones de Higüey poseen todas las facilidades propias del nuevo modelo penitenciario en materia de alojamiento, educación, asistencia legal, médica, psicológica y odontológica. El centro de Moca cuenta también con estos servicios, como se pudo constatar.

Ambos recintos tienen seis camas en cada celda. Las de Moca son literas, las de Higüey tienen bases de concreto. Las dos cuentan con baños dentro de los alojamientos, y un salón de recreación con televisión en cada pabellón, lo mismo que área de lavado y ducha común.

Tanto Anamuya como La Isleta tienen, además, escuelas para educación básica y secundaria ‒incluida la alfabetización, y ofrecen clases de inglés. Hay talleres de ebanistería, costura, tapicería, zapatería, repostería, artesanía, área de arte y cultura, biblioteca, salón de informática, iglesia, salón multiuso y dos comedores. Además, canchas y mini canchas y “play” de softbol.

Las dos ofrecen servicios médicos. En la de Higüey, un pequeño hospital con ocho habitaciones, una sala común y un salón de atención integral; en la de Moca, tres unidades para recuperación, odontología y tratamiento, consulta y medicación.

Cada uno de los centros incluye cocina, peluquería, economato y lavandería, un área conyugal y otra infantil, donde los padres reciben a sus hijos.

Poseen un helipuerto, invernaderos, granjas de aves, una granja de conejos, área para el cultivo de plátanos, yuca y auyama.

En cada recinto hay un amplio espacio para estacionamiento, una planta de tratamiento de agua y celdas para reflexión y observación.

Adolfo Serrata, director del Centro de Corrección y Rehabilitación de Moca, asegura que se concibió conforme a los estándares establecidos por Naciones Unidas para el trato de las personas privadas de libertad.

Destaca como un gran logro de este sistema penitenciario, que los internos de La Isleta están integrados a las actividades productivas del centro: “Aquí estamos fabricando los colchones que se usan en otros centros. Fabricamos butacas, a través de un acuerdo que tenemos con el Ministerio de Educación. También hacemos los uniformes de los internos, los que uso yo, las chaquetas que usan las licenciadas del área de tratamiento y el área administrativa; las batas de la cocina y los talleres”.

Asegura que los internos reciben un 90% de los beneficios que generan los talleres y los terrenos. El 10% se destina al centro para auspiciar la producción, así como para resolver necesidades en otras áreas.

La Ley 224 sobre Régimen Penitenciario regula la distribución y remuneración a los internos que participan en actividades productivas. En su artículo 61 detalla que 10% debe ir a la Dirección General de Prisiones, 50% para la manutención de los familiares de los internos, 10% para uso personal y 30% para un fondo de reserva que se les entregará a su salida del recinto cuando cumplan condena.

Cada una de las áreas y los servicios que tienen estos centros del nuevo modelo responden a las normas trazadas por organismos internacionales sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad, con el objetivo de que los internos sean rehabilitados y reinsertados en la sociedad. Ese modelo contempla que cada ser humano que se encuentra en prisión tenga un espacio para el descanso, el trabajo, la educación y la recreación, así como facilidades para compartir con sus hijos e hijas y el resto de su familia.

Procuraduría dice que operó con “presupuestos normales”

Marisela Vargas, encargada del departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Procuraduría General para el período en que se llevó a cabo la construcción de la Isleta, de Moca, explica que se adquirieron los materiales necesarios para cumplir con los requisitos que indican las normas en este tipo de edificaciones: “Fueron presupuestos normales, con precios normales y a eso fue que salió (unos RD$300 millones), y nosotros estábamos supervisando que no podían poner un material que no tuviera las especificaciones. Es decir, se cumplieron todos los estándares de construcción”.

“El criterio –especificó Vargas– no era escoger los materiales y servicios porque sean más baratos. No fue en detrimento, de que ahí se hizo una porquería, no, no, no. Se cumplieron todos los estándares de precio y de especificaciones”.

Señaló que el departamento bajo su dirección trabajó con la mística de que había que hacer las obras con el mejor costo, en el menor tiempo posible y con la participación de la mayoría de los profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Esto determinó que el proyecto se ejecutara en tiempo récord.

“Esa cárcel se dividió en 16 lotes. Es decir, 16 ingenieros y arquitectos estuvieron trabajando en Moca. Por eso se hizo en un tiempo récord, nueve meses, porque cada ingeniero por separado estuvo trabajando al mismo tiempo”, refiriere Vargas. Se comenzó el 22 de febrero de 2009 y se inauguró en noviembre.

La profesional expone el procedimiento que utilizó la Procuraduría para adjudicar la obra: “Es un compromiso que teníamos de hacer el ejercicio profesional de la ingeniería y la arquitectura de forma ética. No grado a grado. Graciosamente darle grado a grado a una persona, ¡no! Había requisitos mínimos para participar en ese sorteo y entre los que cumplían esos requisitos, se sorteaba. Se sorteaba delante de todo el mundo, en una mesa con muchas instituciones participando para que vieran que se hacía de una forma transparente”.

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