Santo Domingo, RD.-El flagelo de la corrupción ha golpeado el patrimonio publico y estremecido la conciencia nacional, según lo sostuvo el presidente del Tribunal Constitucional.Nacionales
La corrupción ha golpeado el patrimonio público, según Ray Guevara.
Santo Domingo, RD.-El flagelo de la corrupción ha golpeado el patrimonio publico y estremecido la conciencia nacional, según lo sostuvo el presidente del Tribunal Constitucional.Expuso como un logro del TC, la obtención de la certificación bajo la Norma Internacional ISO37001 sobre el sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), emitida el 17 de enero del 2023.
Sostuvo que con esa certificación se busca prevenir y eliminar posibles prácticas fraudulentas y mitigar riesgos de soborno, asegurando la sostenibilidad de una cultura fundamentada en valores en los procesos jurisdiccionales, financieros, administrativos, de recursos humanos, tecnología de la información y comunicación, planificación, fortalecimiento institucional y seguridad de la institución.
En una audiencia solemne de rendición de cuentas, con motivo del undécimo aniversario de esa alta corte, Ray Guevara afirmó que tienen que predicar con el ejemplo, dotándose de mecanismos para prevenir y sancionar prácticas constitutivas de la corrupción.
“Con el sagrado respeto del debido proceso, robustecido por las múltiples decisiones del TC, no es posible que el poder jurisdiccional no trate de dar el ejemplo, sirviendo así de aliado esencial de los poderes públicos en el combate contra la impunidad y la corrupción”, precisó en la audiencia, celebrada en la sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, el día del natalicio del patricio, Juan Pablo Duarte.
Igualmente, puntualizó que en el 2022, el TC obtuvo la certificación AENOR de la Carta Magna de Servicios del Tribunal hacia los ciudadanos; se realizó la auditoría externa de seguimiento vale sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma ISO9001:2015 y se concluyó la encuesta de percepción positiva del TC.
A la audiencia que encabezaron los jueces del TC, asistieron representantes de los poderes públicos de las altas cortes, y de instituciones públicas y privadas y del cuerpo diplomático.
Protección de nacionalidad.
El presidente del Tribunal Constitucional expresó que con su labor jurisprudencial el órgano ha protegido y seguirá protegiendo la soberanía y la nacionalidad dominicana.
Citó las sentencias TC/0315/15, que declaró no conforme con la Constitución el acuerdo sobre estatus del personal de Estados Unidos en República Dominicana, y la TC/0168/13, que estableció las condiciones para otorgar la nacionalidad. Enfatizó que en la sentencia TC-0168/13, el Tribunal reafirmó la validez de las disposiciones establecidas en la Constitución del 20 de junio de 1929, que excluyó de la nacionalidad dominicana por jus solis a los nacidos en país, hijos de padres extranjeros en tránsito y se establecieron los perfiles para adquirirla por el derecho a suelo.
“La protección de la dominicanidad por parte del Tribunal Constitucional no solo ha sido en defensa de la soberanía. Se ha manifestado también al establecer los perfiles de adquisición de la nacionalidad, reconocer el carácter único e invariable del himno nacional, proteger y reconocer los derechos fundamentales que defienden la Constitución y el Estado de derecho, así como cuidar del patrimonio cultural e histórico de la nación”, afirmó.
Consenso político y social
Señaló que el Tribunal Constitucional nació de un consenso político y social, y que desde sus primeros años fue encomendado a cuidadores conscientes de su valor y trascendencia para un pueblo, que según afirmó ha sido “históricamente lastimado, desde sus entrañas y cientos de veces víctimas de desaprensivos, que han querido desmembrar su democracia, quebrantar su soberanía y encarcelar su libertad.”
“Ya lo he dicho: !Que se lea bien, que se escuche bien, desde cabo Engaño hasta cabo Irois, desde cabo Isabela hasta cabo Beata, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana siempre será el guardián de la Constitución y la soberanía dominicana!”.
Desacato
Dijo que en el tribunal reposan 92 sentencias pendientes de ejecución de las cuales 58 casos corresponden a ineficiencia de entidades del gobierno central y autónomas.
Ray Guevara informó que a partir de la próxima semana notificarán a esas instituciones para que cumplan con el fallo, otorgándoles un plazo razonable
Indicó que transcurrido el plazo, publicarán un listado con los responsables, los números de las sentencias y las acciones a emprender.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.