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La corrupción ha golpeado el patrimonio público, según Ray Guevara.

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Santo Domingo, RD.-El flagelo de la corrupción ha golpeado el patrimonio publico y estremecido la conciencia nacional, según lo sostuvo el presidente del Tribunal Constitucional.

Expuso  como un logro del TC,  la obtención de la certificación bajo la Norma Internacional ISO37001 sobre el sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), emitida el 17 de enero del 2023.

Sostuvo que con esa certificación se busca prevenir y eliminar posibles prácticas fraudulentas y mitigar riesgos de soborno, asegurando la sostenibilidad de una cultura fundamentada en valores en los procesos jurisdiccionales, financieros, administrativos, de recursos humanos, tecnología de la información y comunicación, planificación, fortalecimiento institucional y seguridad de la institución.

En una audiencia solemne de rendición de cuentas, con motivo del undécimo  aniversario de esa alta corte, Ray Guevara  afirmó que tienen que predicar con el ejemplo, dotándose de mecanismos para prevenir y sancionar prácticas constitutivas de la corrupción.

“Con el sagrado respeto del debido proceso, robustecido por las múltiples decisiones del TC, no es posible que el poder jurisdiccional no trate de dar el ejemplo, sirviendo así de aliado esencial de los poderes públicos en el combate contra la impunidad y la corrupción”, precisó en la audiencia, celebrada en la sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia,  el día del natalicio del patricio, Juan Pablo Duarte.

Igualmente, puntualizó que en el 2022, el TC obtuvo la certificación AENOR de la Carta Magna de Servicios del Tribunal hacia los ciudadanos; se realizó la auditoría externa de seguimiento vale sistema de gestión de la calidad certificado bajo la Norma ISO9001:2015 y se concluyó la encuesta de percepción positiva del TC.

A la audiencia que encabezaron los jueces del TC,  asistieron representantes de los poderes públicos de las altas cortes, y de instituciones públicas y privadas y del cuerpo diplomático.

Protección de nacionalidad. 

El presidente del Tribunal Constitucional expresó que con su  labor jurisprudencial el órgano  ha protegido y seguirá protegiendo la soberanía y la nacionalidad dominicana.

Citó las sentencias TC/0315/15, que declaró no conforme con la Constitución el acuerdo sobre estatus del personal de Estados Unidos en República Dominicana,  y la TC/0168/13, que estableció las condiciones para otorgar la nacionalidad. Enfatizó que en la sentencia TC-0168/13, el Tribunal reafirmó la validez de las disposiciones establecidas en la Constitución del 20 de junio de 1929, que excluyó de la nacionalidad dominicana por jus solis a los nacidos en país, hijos de padres extranjeros en tránsito y se establecieron los perfiles para adquirirla por el derecho a suelo.

“La protección de la dominicanidad por parte del Tribunal Constitucional no solo ha sido en defensa de la soberanía. Se ha manifestado también al establecer los perfiles de adquisición de la nacionalidad, reconocer el carácter único e invariable del himno nacional, proteger y reconocer los derechos fundamentales que defienden la Constitución y el Estado de derecho, así como cuidar del patrimonio cultural e histórico de la nación”, afirmó.

Consenso político y social

Señaló que el Tribunal Constitucional nació de un consenso político y social, y que desde sus primeros años fue encomendado a cuidadores conscientes de su valor y trascendencia para un pueblo, que según afirmó ha sido  “históricamente lastimado, desde sus entrañas y cientos de veces víctimas de desaprensivos, que han querido desmembrar su democracia, quebrantar su soberanía  y encarcelar su libertad.”

“Ya lo he dicho: !Que se lea bien, que se escuche bien, desde cabo Engaño hasta cabo Irois, desde cabo Isabela hasta cabo Beata, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana siempre será el guardián de la Constitución y la soberanía dominicana!”.

Desacato

Dijo que en el tribunal reposan  92 sentencias pendientes de ejecución de las cuales 58 casos corresponden a ineficiencia de entidades del gobierno central y autónomas.

Ray Guevara informó que a partir de la próxima semana notificarán a esas instituciones para que cumplan con el fallo, otorgándoles un plazo razonable

Indicó que transcurrido el plazo, publicarán un listado con los responsables, los números de las sentencias y las acciones a emprender.

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Por efecto de vaguada declaran 21 provincias en alerta amarilla y 7 en verde.

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SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el  Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del  colentamiento diurno, segun  el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

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En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.

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Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.

Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.

«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.

  • El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.

Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».

«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».

Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».

Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y  «con rencor», así como por interés político.

Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.

Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.

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Fijan lectura de sentencia del caso Coral para el 15 de junio.

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Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado  de fallo el juicio  seguido  contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos  implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.

La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.

La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.

El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.

A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.

Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.

Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.

El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

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