Santo Domingo, RD.-La Junta Central Electoral es facultada por la ley 4-23, sobre los actos del estado civil a requerir a un juez la autorización de una prueba científica, cuando la declaración de nacimiento sea realizada por el presunto padre y el oficial civil tenga dudas sobre la paternidad.Más Noticias
Si hay duda JCE pagaría prueba de paternidad.
Santo Domingo, RD.-La Junta Central Electoral es facultada por la ley 4-23, sobre los actos del estado civil a requerir a un juez la autorización de una prueba científica, cuando la declaración de nacimiento sea realizada por el presunto padre y el oficial civil tenga dudas sobre la paternidad.Según la nueva legislación, esa prueba científica será pagada con el presupuesto de la JCE.
“Si la declaración de nacimiento del niño o niña es realizada por el padre y el oficial del Estado Civil tuviese alguna duda sobre la paternidad, solicitará a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, a los fines de que promueva ante el juez de paz del municipio correspondiente, la autorización de la prueba científica que permita establecer la paternidad, cuyo costo estará a cargo del presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE)”, establece el artículo 73, en el párrafo III.
La norma legal también dispone, en el párrafo II del artículo 73, que “si el oficial civil tuviese alguna duda sobre la existencia del niño o la niña cuyo nacimiento se declara, podrá exigir su presentación inmediata.”
Mientras, en el párrafo I de ese mismo artículo, la norma legal señala si en las solicitudes de inscripción de nacimiento fuera de la jurisdicción donde ocurrió, existieran desavenencia entre los padres, será asentado en la oficialía de la demarcación donde se produjo el nacimiento.
La ley 4-23 obliga a registrar el nacimiento, además de los progenitores, al Ministerio de Salud, a los centros médicos, al personal de salud que haya intervenido en el parto cuando ocurriera fuera de un establecimiento médico, al pariente más cercano, o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad que haya estado presente en el lugar del parto.
Por EFE
El despliegue de la fuerza multinacional para restaurar la seguridad de Haití, liderada por Kenia, comenzará el próximo 26 de mayo, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell.
Bahamas se ha comprometido a enviar 150 oficiales de las Fuerzas de Defensa para ayudar a la seguridad marítima en el marco de esta fuerza multinacional que busca estabilizar Haití.
Mitchell también dio la bienvenida a la elección el martes pasado de Fritz Bélizaire, extitular de Deportes, como nuevo primer ministro de Haití.
«Este es un proceso liderado por Haití, y Caricom (Comunidad del Caribe) ha hecho todo lo posible para llevarlo a este punto», dijo el jefe de la diplomacia de Bahamas, que forma parte junto a otros 14 países de la mencionada organización caribeña, que ha mediado entre las partes haitianas.
En su opinión, el nuevo primer ministro «cuenta con la más amplia aceptación en este momento por parte de las élites de Haití y la comunidad internacional acepta que esta es la dirección correcta a seguir», según las declaraciones publicadas por los medios bahameños.
Tardanza ante todo por problemas financieros
Sobre la fuerza multinacional, autorizada por el Consejo de Seguridad y que debe dar apoyo a la Policía Nacional Haitiana, la ONU reconoció la semana pasada que esta tarda en ver la luz por problemas ante todo financieros.
El portavoz Stéphane Dujarric informó que no hay novedades sobre el número de países dispuestos a participar en esa fuerza -principalmente Kenia, Burkina Faso y varios países del Caribe-, y que la financiación de esa fuerza no ha superado el 10,6 % del presupuesto requerido.
La inseguridad sigue siendo la nota dominante en la zona metropolitana de la capital haitiana desde que, a finales de febrero pasado, se registrara una escalada de la violencia a manos de las bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe.
Santo Domingo, R.D.-Fueron elevadas a alerta amarilla por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) las provincias El Seibo y La Altagracia, que estaban en verde.
Con la inclusión de estas provincias, se incrementa a 13 las localidades en ese nivel de alerta, mientras otras 12 se mantienen en verde.
La decisión fue tomada, en virtud del último informe de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) que estableció que «la vaguada ha continuado provocando un ambiente húmedo e inestable sobre gran parte del país, generando las ocurrencias de lluvias de diferentes intensidades y frecuencias, así como, aisladas tronadas y ráfagas de viento, para esta tarde y horas de la noche».
La Onamet prevé un incremento de la nubosidad más significativo acompañado de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.
En amarilla también se encuentran: el Distrito Nacional, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Santiago, Samaná y Hato Mayor.
Mientras que en verde permanecen: Hermanas Mirabal, San Cristóbal, La Romana, Santiago Rodríguez, San Juan, Espaillat, Dajabón, Montecristi, Elías Piña, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa y Valverde.
El COE recuerda que emite los niveles de alerta ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
Acumulados de lluvias podrían llegar a 180 milímetros
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé un incremento de las lluvias a partir de este jueves y cuyos acumulados de agua podrían oscilar entre 150 y 180 milímetros durante las próximas 24 a 72 horas en el territorio nacional.
Heriberto Fabián, predictor de la Onamet, informó este jueves a Diario Libre que según los modelos de pronósticos, los acumulados máximos podrían estar entre 150 y 180 milímetros durante 24 a 72 horas, pudiendo incluso ser superiores en puntos aislados.
Se recuerda que una pulgada de agua equivale a 25.4 milímetros, por lo que esos 150 y 180 milímetros representan entre cinco y siete pulgadas.
El predictor destacó que esa cantidad de acumulados representa mucha lluvia, la cual es generada producto de una vaguada que afecta al país.
Santo Domingo, R.D.-Vanessa Acosta Peralta, jueza de la Suprema Corte de Justicia, consideró que al darse prioridad a la privación de libertad de personas infractoras relacionadas con el uso problemático de las drogas, se obvian cuestiones importantes como la salud mental y la participación de la víctima en este proceso de recuperación.
En ese sentido, la jueza de la primera sala del alto tribunal judicial del país favoreció un cambio de paradigma y un abordaje distinto a la represión para personas infractoras relacionadas con el uso problemático de las drogas, a fin de encontrar alternativas que les permitan reivindicarse en la sociedad y la familia.
Sostuvo que la cultura de penalización ha sido un gran obstáculo para ese fin de reinserción y recuperación de la persona que infringe la ley penal, pues se ha considerado la sanción privativa de libertad como la respuesta a la criminalidad.
“Para el Poder Judicial constituye una gran responsabilidad tener un rol preponderante en la restauración de estas personas y ser copartícipe de esa transformación”, adujo durante su participación en el taller “Sensibilización en género, justicia penal y alternativas al encarcelamiento, celebrado por el programa Género en el Sistema de Justicia Penal.
La jueza insistió en que las personas privadas de libertad merecen tener la oportunidad de reinventarse y dar un salto cualitativo a su vida, al tiempo de señalar que existen alternativas al encarcelamiento por delitos de drogas que algunos países están implementando.
Agrega la magistrada que esto con el objetivo de reducir las tasas de reincidencia, descomprimir los sistemas penitenciarios y ofrecer oportunidad de rehabilitación más efectiva, tomando en cuenta al ser humano.
Expuso que implementar estas alternativas requiere un cambio significativo en la legislación, una mejora en la colaboración interinstitucional y un fuerte compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género.
“El objetivo siempre debe ser tratar la raíz del problema y proporcionar soluciones sostenibles que beneficien la persona y la sociedad en su conjunto”, concluyó la magistrada en la actividad realizada con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y la Comisión Interamericana de Mujeres (OEA/CICAD/CIM) y Canadá.