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Caso Donald Guerrero vuelve a calentarse a dos años de los primeros interrogatorios
El exfuncionario ha sido cuestionado en la Procuraduría General de la República desde principios de 2021
Tras unos seis meses sin exposición pública de aspectos relacionados a la investigación que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sigue al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el tema vuelve a calentarse en la última semana.
A las informaciones dadas por la Cámara de Cuentas, de que avanza una auditoría al exfuncionario a solicitud de la Procuraduría General de la República, se suman comentarios de figuras políticas que anuncian acciones prontas de parte del órgano investigador.
Sin embargo, a la fecha todavía no hay informes oficiales sobre la suerte de la investigación en curso, pese a que han pasado ya dos años desde que el exfuncionario fuera llamado a interrogatorios de parte de la Procuraduría.
A Donald Guerrero se le investiga por supuestamente ser parte de una red mafiosa que estafó al Estado con unos 17,000 millones de pesos, mediante la cesión de crédito para reclamar supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos.
En esa presunta red, que habría accionado durante su gestión como ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina, también estarían involucrados varios exfuncionarios y empresarios, conforme se desprende de una autorización de información financiera que emitió, el 23 de agosto de 2022, la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a favor de la Pepca.
La autorización detalla que por el caso son investigados, además de Donald Guerrero, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.
El hecho
En el documento, bajo la firma del titular de la Pepca, Wilson Camacho, se indica que “bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.
También señala que la “simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a contrato de cesión de créditos por más de 10,500 millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta”.
La Pepca soporta su investigación en un informe de la Contraloría General de la República, que detectó los libramientos de pagos. El informe, no obstante, fue atacado en los tribunales por el abogado Ángel Lockward, uno de los favorecidos de los pagos, por entender que no se tramitó legalmente.
“El informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría General de la República indica que, en la mayoría de los casos, se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos…”, dice la solicitud de la Pepca al tribunal.
Camacho: Se ha recabado «enorme cantidad de pruebas» en caso que involucra a Donald Guerrero
Agrega, además, que esos documentos fueron asumidos con errores tipográficos por los técnicos evaluadores, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos legales.
En lo que respecta a Donald Guerrero, la Pepca plantea en el documento que el exfuncionario era recurrente en instruir, mediante comunicación, el registro de órdenes de pago como deuda administrativa por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir libramientos de pagos.
Entre los beneficiarios de los pagos que se libraron se citan firmas de abogados y empresas, algunas de las cuales tienen registro de incorporación en el año 2020, a pocos meses antes de que Guerrero saliera del cargo por cambio de gobierno.
Violaciones señaladas
Al exministro de Hacienda se le investiga por los tipos penales preliminares asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos, que fueron expuestos por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, en un escrito de reconsideración que remitió a su superiora, la procuradora Miriam Germán Brito.
En el documento, publicado en agosto pasado, Reynoso pedía a la procuradora reconsiderar la instrucción que le dio en marzo de 2022, para que se le diera acceso a Guerrero a la carpeta fiscal de investigación cursada en su contra.
Alegaba Reynoso que se trataba de una investigación distinta a las que dieron motivo para que el exfuncionario fuera interrogado en varias ocasiones en la Procuraduría. Los interrogatorios se suceden desde principios de 2021.
En la misiva de la directora de Persecución se indica que el exfuncionario había sido interrogado por el caso de corrupción que involucra al hermano de Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, quien el pasado 7 de febrero fue enviado a juicio de fondo, igual que otros exfuncionarios y otros presuntos colaboradores, por las imputaciones que le formuló la Pepca.
Coerción y devolución
La Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) afirmaba el lunes pasado que próximamente se solicitaría una medida de coerción contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero y otras 50 personas.
También hacía referencia a una devolución de más de 2,000 millones de pesos de parte de algunos de los investigados, lo que pedía fuera visto como una admisión de hechos y no un salvoconducto.
Esta semana, el dirigente político oficialista Guido Gómez Mazara también aseguraba, aunque no indicaba fuentes, que la Procuraduría logró la devolución de más de 2,000 millones de pesos entre los involucrados en la investigación que se sigue a Donald Guerrero.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Fue suspendida este jueves la docencia por el Ministerio de Educación (Minerd) en las provincias de Puerto Plata y Espaillat tras ser declaradas la tarde de estge miércoles en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las condiciones meteorológicas actuales.
La cartera educativa instruyó, además, a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en las siete provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.
La entidad indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten.
Asimismo, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
El Ministerio recordó que el COE declara la alerta roja cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección.
El COE establece que la alerta amarilla indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta y tomar precauciones.
De igual forma, la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.
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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja a las provincias Puerto Plata y Espaillat, mientras que mantiene siete en amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a los efectos de una vaguada prefrontal y la interacción de los efectos del viento cálido del este/sureste .
Las provincias en alerta amarilla son: Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.
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Mientras que en verde están San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago, Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.
De igual forma, en la costa atlántica exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.
De acuerdo al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) los campos nubosos del sistema frontal al norte del país y los efectos orográficos locales continuarán generando nublados esta noche y en el transcurso de la madrugada del jueves, acompañados de aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, sobre provincias del litoral costero Atlántico, el valle de Cibao, el sureste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.
Agregó que en la tarde, esta actividad de precipitaciones se extenderá sobre varios puntos del valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente hacia las provincias de: María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y El Gran Santo Domingo.
Santo Domingo, R.D.-El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.
Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.
Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.