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Poder Judicial cuenta con protocolo para afrontar acoso sexual y laboral.
Santo Domingo.-Vanessa Acosta, jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sostuvo este lunes que el acoso sexual y laboral constituyen graves violaciones a los derechos fundamentales, por lo que el Poder Judicial dominicano asumió el compromiso de afrontar esa conducta a través del Protocolo contra la Violencia, Discriminación y Acoso en ese poder del Estado.
Indicó que mediante ese instrumento el Poder Judicial promueve establecer y mantener un ambiente laboral que favorezca las relaciones de trabajo armoniosas y productivas, que afiancen el respeto mutuo y la dignidad humana de las personas.
“Es oportuno señalar que el acoso sexual está presente en muchos ámbitos de la vida de una persona, pero tiene una particular relevancia en el ámbito laboral por la afectación y degradación que sufre la persona que lo enfrenta. En esto reside la importancia de prevenir, tratar, investigar, sancionar y erradicar dicha forma de violencia y agresión”, señaló la también subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género en el Poder Judicial.
Acosta apuntó que el protocolo es el fruto del trabajo realizado por la Comisión para la Igualdad de Género en conjunto con la Dirección de Justicia Inclusiva, la Dirección de Gestión Humana, la Inspectoría General y la Dirección Legal del Poder Judicial.
Dijo que el protocolo es aplicable a jueces y juezas, servidores/as judiciales, personas colaboradoras del Poder Judicial. Indicó que el objetivo de esta norma interna es propiciar un entorno social y laboral saludable, libre de hostigamiento, de discriminación, de acoso sexual y laboral, mediante la aplicación de medidas preventivas, así como responder de manera efectiva en los casos que lleguen a producirse.
La magistrada Acosta ofreció la información durante el programa de formación “Fortalecer las competencias en el diálogo social, negociación colectiva y resolución de conflictos en la República Dominicana”, coordinado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El objetivo de este programa de formación es reforzar las capacidades de los gobiernos y actores sociales de República Dominicana a los bloques más importantes para el desarrollo de conocimientos y competencias fundamentales para procesos de conciliación/mediación y resolución de conflictos laborales.
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Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.