Santo Domingo, RD.-Alrededor de sesenta y cinco personas figuran como testigos en favor de las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público en el caso Calamar, todos vinculados al pasado gobierno de Danilo Medina.Más Noticias
Imputado en Calamar ha estado envuelto en una serie de casos de corrupcion.
Santo Domingo, RD.-Alrededor de sesenta y cinco personas figuran como testigos en favor de las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público en el caso Calamar, todos vinculados al pasado gobierno de Danilo Medina.El primer nombre que aparece en la lista de testigos es el de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, acusado en 2012 junto al senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, de desfalco, prevaricación y lavado de activos en perjuicio del Estado. Este caso fue archivado.
En el expediente contra Félix Bautista, Ventura Rodríguez fue acusado por el Ministerio Público de manejar fondos por más de 1,900 millones de pesos a través de su cuenta personal por más de nueve mil millones de pesos a través de la empresa Diprecalt y por más de tres mil quinientos millones de pesos a través de Constructora RMN.
También el Ministerio Público aseguró que adquirió una cantidad importante de inmuebles, incluyendo dos parcelas en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez; un apartamento en el residencial Pisos del Prado en el Distrito Nacional, una casa en Arroyo Hondo, un apartamento en la Torre del Prado Excelsior en la avenida México, un terreno con una extensión de un millón de M2 en Barahona, una villa en Casa de Campo y otros doce inmuebles más.
Nueve años después, en 2021, reaparece el nombre de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, esta vez como testigo en el expediente de medida de coerción en el caso Antipulpo, donde el principal implicado es el hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez.
Con su testimonio en este caso el Ministerio Público estableció que se realizaron varias cesiones de crédito a la empresa General Supply Corporation S.R.L., atribuida a Alexis Medina, a través de la empresa Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC y DOITECA.
Así como también explicaron que en la cesión de crédito cargada al contrato FP-011, Ventura Rodríguez solo recibió la suma de 166,000 galones de AC-30, quedando pendiente 333,00 galones; “probamos además de que desconoce los conduces existentes, por las sumas antes señaladas, así como los choferes que aparecen recibiendo los conduces, que los mismos no trabajaron para su empresa”.
El Ministerio Público estableció en ese expediente que Bolívar Antonio Ventura Rodríguez entregó de manera voluntaria RD$25,000,000.00, los cuales habían sido entregados por Francisco Pagan Rodríguez, director en ese entonces de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), para asegurar la compra de la planta de cemento asfáltico ubicada en la sesión Orégano Chiquito, distrito municipal de Tábara Abajo, provincia Azua de Compostela, lo cual fue hecho a través del señor José Luis González (Morroco).
En este caso, Calamar, el órgano acusador lo presenta también como testigo para comprobar la participación “directa” de Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Víctor Matías Encarnación Montero, y que estos utilizaron sus empresas (Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC) para distraer fondos del patrimonio público, a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimientos de deuda de trabajo adicionales, y que se basan en volumetrías inexistentes (realizadas desde la OISOE).
El Ministerio Público asegura que estas operaciones se realizaron en el año 2019, pero que los antedataron con fecha de 2018 para poder justificar el pago como deuda pública en el Ministerio de Hacienda; también prueba tanto el soborno recibido por funcionarios públicos, como la estafa contra el Estado dominicano, donde distrajeron en detrimento del Estado, bajo esta modalidad, la suma de RD$1,231,993,188.
Asimismo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) indica que demostrará con el testimonio de Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) cómo operaba la estructura encabezada por José Ramón Peralta y Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Víctor Matías Encarnación Montero, utilizaron las empresas del señor Bolívar Antonio Ventura (Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC ) para distraer fondos del patrimonio público, a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimientos de deudas de trabajo adicionales y que se basan en volumetrías inexistentes.
Otras personas que figuran como testigos en el expediente son Fernando Crisóstomo Herrera, Fernando Crisóstomo Herrera; Francisco Pagán Rodríguez, Belkiz Antonia Tejada, Battesimo Bruno Palamara Mieses, Ana Agustina Evelin Luciano Luciano, entre otros.
Santo Domingo, R.D.-Fue suspendida este jueves la docencia por el Ministerio de Educación (Minerd) en las provincias de Puerto Plata y Espaillat tras ser declaradas la tarde de estge miércoles en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las condiciones meteorológicas actuales.
La cartera educativa instruyó, además, a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en las siete provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.
La entidad indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten.
Asimismo, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
El Ministerio recordó que el COE declara la alerta roja cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección.
El COE establece que la alerta amarilla indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta y tomar precauciones.
De igual forma, la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.
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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja a las provincias Puerto Plata y Espaillat, mientras que mantiene siete en amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a los efectos de una vaguada prefrontal y la interacción de los efectos del viento cálido del este/sureste .
Las provincias en alerta amarilla son: Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.
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Mientras que en verde están San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago, Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.
De igual forma, en la costa atlántica exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.
De acuerdo al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) los campos nubosos del sistema frontal al norte del país y los efectos orográficos locales continuarán generando nublados esta noche y en el transcurso de la madrugada del jueves, acompañados de aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, sobre provincias del litoral costero Atlántico, el valle de Cibao, el sureste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.
Agregó que en la tarde, esta actividad de precipitaciones se extenderá sobre varios puntos del valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente hacia las provincias de: María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y El Gran Santo Domingo.
Santo Domingo, R.D.-El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.
Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.
Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.