Santo Domingo.-Inhabilitada esta por falta de intensivistas y otros especialistas está la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Monte Cristi, el cual adolece de otras carencias que son comunes en los centros pertenecientes al Ministerio de Salud Pública del país.Más Noticias
UCI prácticamente sin servicios por falta de intensivistas.
Santo Domingo.-Inhabilitada esta por falta de intensivistas y otros especialistas está la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Monte Cristi, el cual adolece de otras carencias que son comunes en los centros pertenecientes al Ministerio de Salud Pública del país.Mientras en la provincia Puerto Plata, el hospital Ricardo Limardo, de la Red Pública, cuenta con un sólo endocrinólogo, un psiquiatra y un neumólogo, entre otros especialistas de gran demanda, para una población de más de 400,000 habitantes.
Así recrea el doctor Johnny Tavárez Capellán, director Provincial de Salud de Puerto Plata, la realidad que se vive en las provincias del país por la falta de especialistas en diferentes ramas médicas, en un documento remitido a Listín Diario donde refuerza los planteamientos que se hacen en la serie de reportajes que publica sobre la Salud en Serio Riesgo por la falta de médicos en los pueblos.
El doctor Tavárez Capellán hace varios planteamientos de solución a la problemática, como es el caso de crear “la Residencia Nativa”, para identificar a esos jóvenes médicos provincianos, seleccionarlos directamente y admitirlos en los diferentes programas de formación de médicos especialistas, bajo el compromiso de quedarse a ejercer en sus provincias.
Dijo que esa propuesta de la “residencia médica nativa” y otras facilidades se la remitió el 30 de marzo del año pasado, mediante una comunicación, al ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, ya que está preocupado por la escasez de especialistas en los pueblos y la concentración de los recursos humanos competentes en las grandes ciudades.
No habrá equidad
“El tema que tratas es de mucho interés y reviste importancia porque impacta en la calidad de los usuarios de los servicios de salud”, señala el funcionario y dice que hace un tiempo le había planteado al actual ministro la situación y plantea que para solucionar eso es necesario reformar el concurso de plazas para médicos residentes en todos los hospitales docentes del país. El director Provincial de Salud de Puerto Plata dijo que ha planteado que hay que crear la residencia nativa, lo cual no sólo consiste en crear hospitales docentes en todo el país, “porque eso iría en desmedro de la calidad de los especialistas que formamos, pero sí pudiéramos identificar médicos jóvenes provincianos que tienen el interés de volver a su terruño natal a brindar servicios a sus coterráneos”.
Lamentó que la mayoría de jóvenes quieren las comodidades de las grandes ciudades y la miel que genera la medicina privada.
Entiende que si no hay una reestructuración del programa de residencias médicas nunca habrá distribución equitativa de médicos especialistas en el país.
Intensivistas nativos
Puso como ejemplo que hace más de cinco años el Estado construyó una UCI en el hospital de Monte Cristi, que está actualmente inhabilitada por falta del recurso humano, “si no formamos los intensivistas nativos de esa ciudad, jamás ese lugar contará con ese nivel de atención, pasarán otros cinco años y no llegará un especialista en medicina crítica a esa ciudad”, lamentó.
Dijo que cuando hizo la propuesta al ministro Rivera le pareció interesante y el año pasado se crearon nuevas posibilidades para los médicos generales, pero que ahora falta institucionalizar la elección de los nativos, responsabilidad que debe caer sobre un equipo de profesionales encabezado por el director provincial de salud de cada provincia del país, que como rector del sistema está en la obligación de programar en años los servicios públicos de salud de su provincia.
Provincias más críticas
De acuerdo a revelaciones hechas por actores y estudiosos del sistema de salud a través de Listín Diario, al menos 10 provincias del país, sobre todo aquellas donde no hay desarrollo de la medicina privada, son las que presentan mayores condiciones críticas de falta de médicos especialistas, agravado porque tampoco tienen un sistema robusto de servicio en el primer nivel de atención.
Las provincias más afectadas por la escasez de especialistas en áreas de gran demanda y atendiendo al perfil epidemiológico de su población, son Dajabón y Monte Cristi, en el Norte del país; Monte Plata en el Gran Santo Domingo; Hato Mayor y El Seibo, en Este: San José de Ocoa, Elías Piña, Pedernales, Independencia y Baoruco, en el Sur.
Las mayores urgencias en los hospitales
El requerimiento más urgente de esas provincias es de médicos cardiólogos, dada la alta incidencia de las enfermedades cardiovasculares, traumatólogos, cirujanos, especialistas en imágenes, emergenciólogos, médicos de familia y emergenciólogos, entre otros.
Mientras a nivel nacional el país requiere contar con especialistas en reumatología, cirugía de tórax y de traumas, psiquiatras, geriatras, intensivistas, otorrinolaringólogos, así como psicólogos, especialistas en cuidados paliativos y enfermeras, entre otros recursos humanos sanitarios.
Por redacción
Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo dispuso que determinadas compras vinculadas a programas sociales del Estado sean realizadas exclusivamente con micro, pequeñas y medianas industrias de producción nacional, como parte de una política dirigida a fortalecer la fabricación local y ampliar la participación de este sector en las contrataciones públicas.
La disposición está contenida en el Decreto núm. 672-26, emitido por el presidente Luis Abinader, y abarca adquisiciones relacionadas con alimentación, vestimenta, materiales escolares, productos de higiene y otros bienes destinados a programas de asistencia y protección social.
La iniciativa establece que las instituciones comprendidas deberán priorizar a las MIPYMES industriales dominicanas siempre que exista capacidad suficiente para responder a las cantidades, especificaciones y estándares de calidad requeridos.
Productos deberán ser de origen nacional
Uno de los puntos centrales de la disposición es que los bienes adquiridos dentro de estos procedimientos deberán ser de producción nacional y encontrarse en territorio dominicano.
Además, el decreto procura que las compras se efectúen directamente a los productores y limita la intermediación, salvo que exista una autorización previa y escrita del fabricante.
Las entidades contratantes deberán incorporar en sus pliegos de condiciones los mecanismos necesarios para comprobar tanto el origen nacional de los productos como la condición del oferente como MIPYME industrial o productor nacional.
La política sigue una línea que ya ha sido utilizada por el Estado para promover la participación de MIPYMES y de la industria nacional en las compras públicas. El Gobierno también ha impulsado recientemente herramientas como Eficompras, integrada al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, para ampliar el acceso de pequeños proveedores al mercado estatal.
Entidades alcanzadas por la medida
Entre las instituciones incluidas en el decreto figuran Supérate, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación.
También son mencionados el INAIPI, CONANI, CONAPE, PROMESE-CAL, URBE, MIVHED, INAVI y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, entre otras entidades responsables de programas de asistencia pública.
La disposición no implica que todas las adquisiciones realizadas por estas instituciones deban contratarse exclusivamente con MIPYMES. La aplicación queda circunscrita a los programas, bienes y servicios contemplados específicamente en el decreto.
Empresas deberán estar certificadas
Las industrias interesadas en participar deberán cumplir con varios requisitos administrativos.
Entre ellos se encuentra poseer el Registro Industrial de PROINDUSTRIA y la Certificación MIPYMES emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Cuando se trate de empresas lideradas por mujeres, deberán contar también con la correspondiente Certificación MIPYMES Mujer.
El decreto dispone que PROINDUSTRIA y el MICM faciliten estos procedimientos y brinden orientación a las empresas para agilizar los registros y certificaciones necesarios.
Estado deberá identificar proveedores disponibles
Antes de iniciar los procedimientos de contratación, las instituciones deberán consultar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para identificar las empresas que puedan responder a la demanda.
La modernización del RPE forma parte de las reformas recientes del sistema de compras públicas, que han buscado simplificar requisitos para las MIPYMES y reducir obstáculos administrativos para su participación como proveedoras del Estado.
Si no aparecen proveedores con capacidad suficiente, la institución correspondiente deberá realizar una manifestación de interés con el propósito de determinar si existen otras empresas nacionales calificadas para ofrecer el producto o servicio.
Los procesos tendrán que desarrollarse mediante mecanismos competitivos y conforme al régimen establecido por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y sus normas de aplicación.
MICM y Contrataciones Públicas coordinarán implementación
Otro de los componentes de la medida es la creación de una Mesa de Articulación Interinstitucional integrada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Ese organismo tendrá entre sus funciones dar seguimiento a la aplicación del decreto, identificar sectores industriales con potencial para abastecer al Estado y facilitar la coordinación entre las necesidades de las instituciones públicas y la capacidad productiva de las empresas dominicanas.
También deberá promover capacitaciones dirigidas tanto a las MIPYMES como a las unidades responsables de las contrataciones estatales.
PROINDUSTRIA, por su parte, tendrá la responsabilidad de modernizar el Registro Industrial para incorporar información sobre los productos fabricados, capacidad de producción y certificaciones de las empresas.
Buscan conectar compras públicas con producción nacional
La medida coloca las adquisiciones del Estado como un instrumento para incentivar la producción local y generar oportunidades para empresas de menor tamaño.
El Gobierno ya había establecido mediante disposiciones anteriores mecanismos destinados a que determinadas compras vinculadas con programas de alimentación, reducción de la pobreza y protección de sectores vulnerables fueran dirigidas a MIPYMES industriales con capacidad de suplir los productos requeridos.
El nuevo decreto también instruye a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) y al MICM a desarrollar acciones para promover el consumo de bienes y servicios elaborados por las micro, pequeñas y medianas industrias nacionales.
Las disposiciones del Decreto 672-26 entrarán en vigencia a partir de su publicación.
Santo Domingo.– Los abogados de varios de los encartados en el denominado caso SeNaSa 2.0 cuestionaron este lunes la solicitud del Ministerio Público de imponer hasta 18 meses de prisión preventiva contra parte de los investigados, al considerar que existen otras medidas de coerción suficientes para garantizar su comparecencia durante el proceso.
Los representantes legales sostienen que sus defendidos, entre ellos profesionales de la medicina, poseen domicilio conocido, vínculos familiares y laborales en la República Dominicana, elementos que, según la defensa, disminuyen cualquier posibilidad de que intenten abandonar el país o sustraerse de la acción de la justicia.
Los juristas insistieron en que los imputados se encuentran en disposición de asistir a las audiencias y demás actuaciones judiciales que sean requeridas mientras continúe la investigación.
“Son médicos, tienen arraigo y no se van a ir del país”, manifestaron abogados vinculados al proceso al defender la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva.
Tribunal impuso diferentes medidas de coerción
Como parte del proceso relacionado con la denominada Operación Cobra 2.0-A, el tribunal estableció distintas medidas de coerción de acuerdo con la situación particular de cada imputado.
Entre las disposiciones adoptadas figuran prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Durante la jornada de este lunes, abogados de algunos de los procesados comenzaron además las gestiones correspondientes al retiro de dispositivos de monitoreo impuestos por el tribunal dentro de las medidas adoptadas.
Investigación por presuntas irregularidades
El expediente tiene su origen en una investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a supuestas irregularidades relacionadas con autorizaciones y servicios de salud atribuidos a personas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades investigan la posible existencia de un esquema mediante el cual se habrían realizado operaciones irregulares en perjuicio de la aseguradora estatal.
Los abogados de los imputados han reiterado que sus clientes permanecerán disponibles para responder a las imputaciones y participar en las distintas etapas del proceso.
La defensa sostiene que el arraigo laboral, familiar y domiciliario de los acusados debe ser ponderado por los tribunales al momento de determinar la necesidad y proporcionalidad de las medidas de coerción.
El proceso continúa bajo investigación mientras las partes preparan sus respectivos argumentos frente a las decisiones adoptadas por la jurisdicción competente.
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INTRANT ajustará licencias de mayores de 75 años tras fallo del Tribunal Constitucional
La institución modificará sus sistemas de emisión y renovación luego de que el TC declarara inconstitucional la reducción automática de la vigencia de la licencia por razón de edad
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció que adecuará sus procedimientos para cumplir con la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la disposición que establecía una vigencia de solo dos años para las licencias de conducir de las personas mayores de 75 años. Tribunal Constitucional
La decisión constitucional se produjo a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Fanny Josefina Melo Abreu y Héctor Manuel Melo Abreu contra el artículo 21 del Decreto núm. 6-19, que contiene el Reglamento de Licencias de Conducir. La sentencia fue publicada por el Tribunal Constitucional el 14 de septiembre de 2026. Tribunal Constitucional
El director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez García, informó este lunes que la institución acatará la decisión y realizará los ajustes correspondientes en sus procedimientos. La medida elimina el trato diferenciado que reducía la duración de las licencias únicamente por haber alcanzado determinada edad. Diario Libre
INTRANT inicia adecuación de sus sistemas
Como parte del cumplimiento de la sentencia, Méndez García dispuso que las áreas jurídicas, técnicas y de atención al usuario trabajen en las modificaciones necesarias para que los sistemas utilizados en la emisión y renovación de licencias sean adaptados al nuevo escenario jurídico. El Atlantico
La institución procura que las personas adultas mayores puedan realizar estos trámites en condiciones de igualdad y sin una reducción automática del período de vigencia fundamentada exclusivamente en la edad.
La decisión, sin embargo, no elimina los requisitos relacionados con las condiciones necesarias para conducir. La normativa dominicana contempla evaluaciones y requisitos vinculados con las aptitudes y condiciones psicofísicas de los conductores, por lo que el fallo debe distinguirse de las restricciones que puedan justificarse a partir de condiciones individuales acreditadas y no simplemente de la edad de una persona. Intrant
Igualdad y no discriminación en el centro del caso
El alcance del fallo trasciende el procedimiento administrativo de renovación de una licencia. La controversia coloca en primer plano el principio constitucional de igualdad y no discriminación, al cuestionar que la edad, considerada de manera aislada, pueda servir para imponer una carga administrativa diferenciada.
La sentencia TC/0904/26 constituye así una referencia relevante en la discusión sobre los derechos de los adultos mayores y los límites constitucionales de las regulaciones administrativas. Tribunal Constitucional
El INTRANT continuará aplicando la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las normas relativas a la aptitud para conducir, pero deberá hacerlo conforme al criterio constitucional establecido en la decisión.
La adecuación anunciada representa, además, una consecuencia directa del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional para los poderes públicos y órganos del Estado.