Santo Domingo, RD.-No ha tenido fruto el esfuerzo de Odebrecht para que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) le habilite el registro de proveedor del Estado.Más Noticias
Odebrecht no tiene éxito en propósito de que se le habilite como proveedor del Estado.
Santo Domingo, RD.-No ha tenido fruto el esfuerzo de Odebrecht para que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) le habilite el registro de proveedor del Estado.El Tribunal Constitucional declaró inadmisible una acción de amparo incoada por Odebrecht contra la DGCP, a raíz de la suspensión del registro en el 2017.
La empresa brasileña recurrió ante el TC una sentencia dictada en el 2018 por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que también desestimó el reclamo de la constructora.
El Constitucional precisó que el caso se originó con la solicitud realizada por la Procuraduría a la Dirección Contrataciones Públicas, el 12 de enero de 2017, a fin de que le imponga una medida cautelar a la Constructora Norberto Odebrecht S.A, consistente en la inhabilitación provisional del Registro de Proveedores del Estado, por existir en su contra una investigación penal abierta.
La DGCP acogió la solicitud de la Procuraduría, mediante la resolución número 8/2017, emitida el 19 de enero de 2017, que dispuso la inhabilitación de la empresa hasta tanto “el Ministerio Público finalice la investigación y se presente acto conclusivo”.
Luego, el 4 de octubre del 2017, la constructora Odebrecht solicitó a la DGCP dejar sin efecto la resolución 8/2017 y que le habilite el Registro de Proveedor del Estado, argumentando que la condición prevista por esa normativa se cumplió.
Al no recibir respuesta, la empresa interpuso una acción de amparo, la cual fue declarada inadmisible por la primera sala del TSA, mediante la sentencia número 030-02-2018-SSEN-00265, dictada por la Primera Sala del TSA, el 27 de agosto de 2018, por existir otra vía efectiva para hacer el reclamo, en virtud del artículo 70.1 de la ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales.
Odebrecht impugnó esa decisión ante el Constitucional, pero tampoco prosperó su reclamo, porque también declaró inadmisible la acción de amparo.
El TC acogió el recurso de revisión interpuesto por la constructora, pero revocó la sentencia impugnada, y emitió su decisión sobre la acción de amparo, declarándola inadmisible. El dispositivo de la sentencia fue dada a conocer por el TC, en el comunicado 18/23, del 3 de abril.
Hay que esperar la sentencia integra para conocer los motivos de la decisión.
Investigaciones
En el 2017, la Procuraduría inició una investigación sobre los sobornos que admitió pagar la constructora brasileña Norberto Odebrecht en el país, por 92 millones de dólares, para obtener la adjudicación de contratos de obras.
Luego, la Procuraduría General de la República llegó a un acuerdo con la constructora, que fue homologado por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Odebrectht se comprometió a pagar el doble del monto de los sobornos y a cooperar con las investigaciones.
La Procuraduría sometió a la justicia a un grupo de personas, entre ellos el representante de Odebrecht en el país, el empresario Ángel Rondón, así como a legisladores, y exfuncionarios públicos.
El proceso judicial concluyó en el 2021 con la condena de Rondón y el ingeniero Víctor Díaz Rúa y la absolución de Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga.
Está pendiente en la Corte de Apelación el fallo sobre recursos contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que presentaron, de forma separada, el Ministerio Público y los condenados.
Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
Ramírez aseguró que la institución cuenta con suficiente abastecimiento de libretas y procesos estandarizados para evitar los cuellos de botella del pasado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
«No tiene costo adicional para el ciudadano. Es un valor agregado por tener su pasaporte vigente«, explicó.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
«Las motocicletas representan aproximadamente el 58% del total del parque vehicular nacional», destacó el jurista, señalando que este sector crece a un ritmo superior al 6% anual.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
La decisión está contenida en el decreto número 111-26.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Cruz Cruz se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional y sustituye al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue colocado en situación de retiro por el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional y designado asesor del presidente de la República en materia policial, como establece la legislación dominicana.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.