Editorial
El derecho convencional no basta para sancionar el crimen de la corrupción administrativa.
Desde hace muchos años se ha planteado que con la corrupción administrativa que se ha producido en la República Dominicana se pueden construir varias republicas dominicanas con mejores estándares de vida del que tiene el país actualmente.
Y ciertamente es así.
Pero, lo que más sorprende es que si la República Dominicana es signataria de una serie de convenciones y acuerdos internacionales en el contexto del derecho público y en los que se ha consignado que el crimen de la corrupción no perime, por qué en el país ha sido tan difícil sentar jurisprudencias en esta materia?
Qué de especial tiene la República Dominicana para que sea tan difícil sentar precedentes en términos de condenas en contra de los corruptos?
Una pregunta que se queda sin respuesta, ya que incluso los intentos serios que ha habido para por lo menos a nivel de determinadas instancias acabar con el flagelo de la corrupción, por qué entonces surge la inquietud de cuál es la razón de que esos esfuerzos terminen diluyéndose y convirtiéndose en un mal ejemplo para los que no quieren acogerse al mandato de la ley en esta materia.
Pero habría que preguntarse también por qué en Perú y El Salvador, entre otros países latinoamericanos, es posible juzgar a presidentes y expresidentes comprometidos con la corrupción y en la República Dominicana resulta tan difícil cuando el derecho público internacional es transversal a todos los países y va a la par o es de igual aplicación en todas las naciones, porque la que no es signataria de las convenciones y los tratados, se supone que en algún momento lo será.
De manera, que en lo que respecta al derecho público internacional se produce un desarrollo disparejo entre naciones con problemas por lo menos similares, donde impera la impunidad, aunque en los textos los crímenes y los delitos sean castigados por las normas jurídicas.
En los países del llamado tercer mundo es donde más se impone que se respeten las leyes aparte de sus constituciones y las convenciones y los tratados internacionales, porque esos preceptos del derecho internacional se constituyen en una garantía para combatir un flagelo que lleva más subdesarrollo y atraso a las naciones de la llamada América Morena.
Lo lamentable de todo esto es que los niveles de la corrupción administrativa en la República Dominicana, podría decirse, que son desproporcionados, si es que se admitiera que este mal es consustancial a la existencia de la nación.
Pero, siempre habrá que preguntarse, por qué en El Perú y en El Salvador se mete preso a un presidente, mientras en la República Dominicana esa es una acción prohibida social y políticamente?
La respuesta no parece fácil, aunque las cantidades involucradas en los robos en contra del Estado en estas naciones son prácticamente insignificantes con los montos que se sustraen del patrimonio público de la República Dominicana.
Pero, aun así, si se pondera la doble moral de los actores de la vida política y pública de la nación, la sorpresa será mucho mayor.
El drama de muchas víctimas de violación de sus derechos humanos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza en la sociedad dominicana.
Aunque no han sido tantos los casos llevados al tribunal Superior Administrativo en contra del Ministerio Público y de su auxiliar la Policía Nacional, todo parece indicar que la paciencia se ha agotado en lo que respecta a estos órganos.
Es impresionante la cantidad de denuncias y querellas que se presentan en los centros de recepción de las mismas que son echadas en el zafacón del olvido por una diversidad de razones que van desde la negligencia de los fiscales, la ineptitud y la complicidad.
En realidad, el Ministerio Público ya ha hecho crisis y más que perseguir el crimen y el delito lo que hace es estimularlos.
Hay en la República Dominicana una verdadera amenaza en contra del estado de derecho, porque no hay sanción para que el comete cualquier violación a le ley penal del país.
Por lo que se ve, parece que no queda otra instancia para que este problema se combata que no sea a través del derecho internacional, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio Público en estos momentos es un instrumento para promover la vía de hecho, que la gente haga justicia con sus propias manos.
Se trata de un órgano que ha pasado a ser un verdadero fiasco, que opera más sobre la base de la percepción que de la eficiencia que demanda una sociedad saturada de violaciones a la ley.
Puede afirmarse, sin temor a ninguna equivocación, que el Ministerio Público ha perdido totalmente su credibilidad, lo cual deja muy mal parada a su incumbente, la magistrada Miriam Germán Brito.
Se impone una minuciosa investigación al respecto y que de esa manera haya un profundo y serio saneamiento de un órgano tan importante para contrarrestar el delito y el crimen en el seno de la sociedad dominicana.
El presidente Luis Abinader si por una cosa se caracteriza es por cometer errores infantiles, propios de los que no tienen ningún tipo de miramientos.
Primero lo vimos con la situación haitiana, porque en vez de procurar atacar las falencias de que adolece el Estado dominicano, se dedicó a ir a conclaves internacionales a solicitar una intervención armada en el pueblo vecino.
Puede afirmarse que el odio acumulado entre ambos pueblos durante la gestión de Abinader se ha profundizado y radicalizado.
Todo como resultado de las torpezas que caracteriza al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader, lo cual también tiene un impacto importante en la economía, ya que se trata del segundo socio comercial del país.
Pero ahora resulta que el escogido es Venezuela, porque Abinader ha convertido el país en una caja de resonancia de los Estados Unidos de América, lo cual constituye un craso error.
El hecho de que Nicolás Maduro tenga criterios pocos democráticos en la vida política de Venezuela no le da autoridad a Luis Abinader a crear una situación de ingratitud con un pueblo que las relaciones con él deben ser muy cuidadosas.
En este nuevo capítulo del presidente Abinader hay que volver a retomar la expresión que dice que no se le puede pedir peras al olmo.
Por mucho que se le pida al Gobierno la carencia de razonabilidad es tanta que no hay nada ni nadie que pueda hacerla cambiar.
Ello quiere decir que todavía faltan muchas metidas de patas que involucra al pueblo dominicano aun en contra de aquellos con los que debe haber un agradecimiento muy especial y eterno.
Qué importan las cosas que los hechos tal vez hablan mejor que las palabras, porque también debe decirse que no se sabe de qué se enorgullece el presidente Abinader cuando el país tiene una economía endeudada, con altos déficits fiscales y con una alta carestía de los artículos de la canasta básica.
De manera, que estamos ante una verdadera falsa para establecer una polémica que tiene repercusiones internacionales.
Craso error.
Desde hace mucho tiempo que se escucha decir que los Estados Unidos han iniciado en el campo político un tránsito indetenible hacia el tercer mundo.
Ese convencimiento en muchos lugares del mundo no luce que sea solamente por la carestía del costo de vida y la predominación de empleos de mala calidad, sino, principalmente, por el aparecimiento de una figura que no respeta nada ni a nadie.
Donald Trump ha demostrado la fragilidad del sistema norteamericano con violaciones de la ley civil y penal que lo iguala a lo que ocurre allí con los llamados países del tercer mundo.
Donald Trump ha dejado claro que tiene más poder y fuerza que los instrumentos que tiene el Estado para combatir el crimen y el delito.
Sin embargo, se observa que este personaje parece haber entrado en decadencia con la entrada en escena como candidato presidencial de Kamala Harris.
Aunque, naturalmente, nadie todavía puede cantar victoria, porque Trump se mueve entre altas y bajas, pese a que políticamente se ha beneficiado más de la primera que de la segunda.
Ello así, aunque su discurso es discriminatorio, promotor de violencia y de una serie de irreverencia, pero la mas o mayor perjudicada es la sociedad norteamericana.
Su agresividad ha sido tan radical que aparte de atacar instituciones sagradas de la vida de los Estados Unidos, ha intentado acabar o eliminar organismos de seguridad como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), al cual ha atacado sin piedad.
Ahora se podría decir que la principal amenaza a la permanencia de Trump en la vida pública de los Estados Unidos de América sea su edad, porque de otra manera no habría forma de apartarlo de la política de esa nación.
Las elecciones de noviembre podrían ser el último eslabón de un Donald Trump que no para de ofender y de alguna manera burlarse de la sociedad que dice defender.