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La extradición de expresidentes y otros funcionarios vinculados al crimen organizado sólo es válida para algunos países.
Por Elba García
Se desmonta totalmente la teoría de que los Estados Unidos a través de sus embajadas ponía y quitaba gobiernos de los países latinoamericanos, cuyo último episodio en esta materia son las elecciones generales celebradas en Paraguay y donde salió triunfante frente a una coalición de oposición liderada por el abogado Efraín Alegre el que la gente percibe como un secretario o subalterno del pasado presidente Horacio Cartes, acusado por la potencia del norte de promover el lavado de activos y el terrorismo internacional
En las elecciones generales de este domingo 30 de abril en El Paraguay ha sido escogido como presidente de la República, el economista Santiago Peña, quien es contrario al actual presidente de la República Mario Addo Benítez, cuya corriente es muy cuestionada a lo interno del Partido Colorado y de toda la sociedad, fundado por el Alfredo Stroessner, dictador que gobernó ese país por varias décadas.
Expresidente, Horacio Cartes.
El escenario paraguayo sirve muy bien para medir hasta dónde la imposición de gobiernos por parte de los Estados Unidos es un asunto del pasado, porque a pesar de que el triunfador de las elecciones en el país suramericano responde a una corriente ultra conservadora, de una derecha, podría decirse, radical, el mismo tiene como su principal desafío responder ante el Departamento de Justicia de Washington los cuestionamientos a su padrino político como lo es el expresidente Horacio Cartes.
Pero el Paraguay tal vez no es el mejor ejemplo de la pérdida de ese poder aplicado por los Estados Unidos en una zona donde tiene tanta influencia como es Latinoamérica, lo cual es medible con lo ocurrido en otras naciones del hemisferio como Chile, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Argentina, Venezuela y el propio Perú, donde han ganado elecciones candidatos con posiciones opuestas a las de la potencia del norte.
Santiago Peña, presidente electo de Paraguay
Sin embargo, lo que nadie puede poner en duda es que la potencia del norte cuenta con una herramienta que le permite hacer o por lo menos aplicar justicia en los casos de presidentes y expresidentes supuestamente involucrados en negocios del bajo mundo y de la corrupción administrativa, cuyo último caso en esta materia fue la extradición desde El Salvador hacia su país del exmandatario Juan Orlando Hernández, quien permanece en prisión en una cárcel de los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
En los actuales momentos el Paraguay debe verse en ese espejo y este parece ser el principal reto del electo presidente de esa nación, ya que el padrino político del elegido Santiago Peña es acusado de forma frontal por la embajada y directamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por supuestamente estar involucrado en lavado de activos y terrorismo internacional.
Danilo Medina y Leonel Fernández, Ex-presidentes de República Dominicana
Lo que no se entiende por qué este mecanismo de persecución de la corrupción por parte de los Estados Unidos no ha sido utilizado en el caso de un país como la República Dominicana, donde se cree que los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández han estado vinculados, aunque no se ha determinado a qué nivel, con lavado de activos y con recibir contribuciones económicas del bajo mundo.
En el caso de Horacio Cartes son pocos los que ponen en tela de juicio la posibilidad de que el Gobierno de los Estados Unidos solicite su extradición, así como del actual vicepresidente, Hugo Velázquez, ya que el gobierno de la nación más poderosa del mundo no pudo influir como lo hacía antes para que la gente rechazara la propuesta electoral patrocinada por alguien que está bajo la lupa de las autoridades norteamericanas por sus andanzas en el entorno de la ilegalidad nacional e internacional.
Actual presidente del Paraguay, Mario Addo Benítez,
Pero se debe reiterar la pregunta de cuál es la razón para que los Estados Unidos sea mucho más duro con algunos y lo que podría explicar que expresidentes dominicanos no hayan corrido la misma suerte que otros mandatarios latinoamericanos que guardan prisión en cárceles de los Estados Unidos.
Han sido muchos los exfuncionarios, por ejemplo, despojados de sus visados por sus acciones al margen de la ley, pero todavía no existe el precedente de solicitar en extradición a un expresidente dominicano de los que amplios sectores de la vida nacional señalan tener vínculos con el narcotráfico y con el bajo mundo transnacional.
Hugo Velázquez, Vicepresidente de Paraguay
El caso paraguayo representa un capitulo interesante en lo referente a expresidentes que se han prestado a todo tipo de maniobras ilegales para acumular fortunas o promover esas acciones al margen de la ley en favor de personajes de su entorno o anillo político.
La República Dominicana ha sacado a la superficie los más escandalosos y grandes actos de corrupción, sino de todo el mundo, por lo menos del hemisferio, pero las consecuencias no son tan severas como las que se han producido en otras naciones.
Para solo citar un caso, el país no ha podido condenar un solo funcionario por los actos de corrupción en contra del Estado dominicano de la multinacional de la construcción Odebrecht, pese a que son numerosos los exlegisladores y candidatos con intenciones hasta de dirigir la nación que tienen responsabilidad en esos hechos.
El caso de los Super Tucanos representa otro ejemplo de la benignidad de las autoridades de los Estados Unidos con la República Dominicana, porque a pesar de que este proceso lleva años y cuyas pruebas donde primero fueron presentadas fue en los Estados Unidos, no hay nadie condenado y mucho menos ha habido alguna investigación en contra de un expresidente y ahora nueva vez aspirante presidencial y que todavía juega un papel importante en el escenario político nacional.
Ese acto corrupción fue detectado en los Estados Unidos, pero no ha habido la posibilidad de que varios de los responsables hayan sido extraditados desde la República Dominicana, porque pruebas han existido de más.
Los casos de corrupción abundan, como lo revelado en el escándalo denominado Calamar, en el que se habla de la sustracción mediante la falsificación de documentos, coalición de funcionarios y la asociación de malhechores de alrededor de 19 mil millones de pesos, pero el mismo se torna más complejo y delicado con la denuncia hecha por el abogado Angel Lockuard de que donó a la campaña del presidente Luis Abinader la suma de cuatrocientos millones de pesos y el mandatario todavía no ha dicho esta boca mía sobre el tema, ya sea para afirmar o negar la versión del imputado.
En la República Dominicana todo parece indicar que los expresidentes, los pasados y actuales funcionarios y los políticos en general se han librado de ser perseguidos para ser juzgados por tribunales de los Estados Unidos, lo cual los coloca en una posición privilegiada frente a los de otros países en los que la potencia del norte trata sin ningún tipo de consideración.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.