SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, advirtió que el proyecto de ley depositado por el Poder Ejecutivo (PE) constituye un grave retroceso institucional, que afectaría el sistema judicial dominicano.
En un documento de prensa, el presidente del CARD, Miguel Surún Hernández sostiene que la pieza, denominada «Fortalecimiento del Sistema de Justicia», entregaría en favor del recomendado “Ministerio», funciones constitucionales del Ministerio Publico y del Defensor del Pueblo, llegando hasta el extremo del anular la autonomía del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Indicó que lo convertiría en una dependencia del Poder Ejecutivo, que controlará los análisis periciales forenses en materias de drogas, falsificación de documentos y autopsias, sentando las bases para las desvinculaciones de cientos de técnicos forenses de carrera, para contratar activistas políticos al servicios del ministro de turno.
Recordó que la Ley 458-08, que creó el INACIF, como entidad totalmente autónoma, no dependende ni siquiera de la Procuraduría General de la República, precisamente para evitar la politización de los exámenes forenses, los cuales son determinantes en los procesos penales.
Señaló que dicho proyecto, en su literal F, Párrafo II, artículo 6, entrega a la Policía Nacional, la facultad de perseguir e investigar las infracciones penales, en violación al artículo 169 de la Constitución, que encarga al Ministerio Público la “investigación penal y la de ejercer la acción pública en representación de la Sociedad”.
Afirmó que se atribuye al “Ministerio de Justicia” la instauración del Sistema de Derechos Humanos, en violación del artículo 191 de la Constitución, que consagra dichas funciones en favor del Defensor del Pueblo, como rector del Sistema de Derechos Humanos, cediendo además en favor de dicho Ministerio, la representación del Estado Dominicano, en violación al artículo 128 de la Constitución, que atribuye al Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, la representación, funciones que son indelegables.
SISTEMA CARCELARIO
Indicó que el Poder Ejecutivo asumiría el control de todo el Sistema Carcelario, destruyendo las reformas legales instauradas en virtud de la Ley 113-21, de Régimen Penitenciario, la cual fue el producto de años de Estudio y Planificación, con lo cual se perderían miles de técnicos para colocar a activistas políticos.
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