Internacionales
Sam Altman (ChatGPT), en el Capitolio: “Si la inteligencia artificial sale mal, puede salir muy mal”
El cofundador de OpenAI comparece ante el Senado estadounidense para defender los beneficios y alertar de los riesgos de la tecnología revolucionaria
Washington.-Un ambiente de cordialidad reinó este martes por la mañana durante la primera audiencia sobre inteligencia artificial celebrada en el Capitolio. El tono fue muy distinto del de los agresivos interrogatorios celebrados en el pasado entre senadores estadounidenses y fundadores de redes sociales como Facebook o, más recientemente, el presidente ejecutivo de TikTok. Nadie parecía interesado en empezar con mal pie una relación que se promete larga y complicada. Ayudó que el invitado estrella, Sam Altman, cofundador de OpenAI, creadora de ChatGPT, la herramienta más poderosa creada por la humanidad en ese campo, se sentara ante los miembros de ambos partidos de la Comisión Judicial, de acuerdo por una vez, y les pidiera una actuación urgente: “Es esencial regular la inteligencia artificial, y que esas normas garanticen que el público acceda a los muchos beneficios de esta tecnología”, dijo en su parlamento inicial. ”Mi peor miedo es que esta tecnología salga mal. Y si sale mal, puede salir muy mal”.
Altman añadió que comprendía que la “gente esté ansiosa por cómo [la IA] puede cambiar la forma en que vivimos”. “Pero creemos que podemos y debemos trabajar juntos para identificar y gestionar las posibles desventajas para que todos podamos disfrutar de las tremendas ventajas”, remató.
Altman también discutió con aparente empatía los mayores desafíos que su revolucionaria herramienta traerá para el futuro del trabajo, en los modos en los que su uso irresponsable puede afectar en la difusión de desinformación, en los resultados de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos o en el trabajo de las industrias creativas.
“Esta audiencia está siendo histórica”, dijo tras escuchar las primeras conciliadoras respuestas de Altman el veterano senador Dick Durbin (Illinois), presidente de la comisión. “Perdí la cuenta de la cantidad de personas y entidades del sector privado que se presentaron aquí para tratar de hacernos creer que la economía prosperaría si los legisladores nos quitábamos de en medio”.
El ejemplo de las armas nucleares
Altman fue un poco más allá a continuación: “Estados Unidos debe ser el primer país en hacer algo. Pero creo que, por muy quimérico que suene, también opino que esto debería ser también un esfuerzo de alcance global”. En ese sentido, abogó por crear una organización internacional que establezca estándares para la IA, al estilo de cómo se ha hecho en el pasado con “las armas nucleares”.
A su lado, se sentaron la ejecutiva de IBM, Christina Montgomery, que pidió a los legisladores que fueran específicos en su regulación (”no es lo mismo que la tecnología se emplee en ayudar a elegir este o aquel restaurante o que se haga para tomar decisiones sobre empleo o vivienda”), y Gary Marcus, profesor emérito de la Universidad de Nueva York, que aportó los puntos de vista más críticos de la mañana y describió “una tormenta perfecta de irresponsabilidad corporativa, penetración extraordinaria y falta de regulación y de confianza”. “La humanidad está yendo por detrás esta vez”, sentenció.
Los tres coincidieron con los legisladores en la importancia de no cometer “los mismos errores” que con las redes sociales. “Actuamos muy lentamente. Muchas decisiones desafortunadas tuvieron consecuencias duraderas”, dijo Marcus. “Las decisiones que tomemos ahora tendrán efectos durante décadas, tal vez incluso siglos”.
A la petición del senador de Luisiana John Neely Kennedy de que aportaran medidas para diseñar esa regulación en la que todos parecían de acuerdo, Marcus sugirió crear una agencia, del tipo de la FDA (que controla el mercado de los medicamentos en Estados Unidos) para establecer un examen previo a las nuevas herramientas y otra que haga un seguimiento posterior una vez estén en el mercado, así como la creación de maneras de financiación para intervenir en la investigación para el futuro.
La primera propuesta de Altman coincidió en la necesidad de crear una agencia que dé y quite licencias a las empresas de IA, y que garantice “el cumplimiento de las normas”. La segunda pasaría por crear “un conjunto de estándares de seguridad”. ¿La tercera? “Crear protocolos para descubrir cuándo un modelo es capaz de replicarse a sí mismo”. Ese temor, que parece tomado de una novela barata de ciencia ficción, es, según los expertos, uno de los mayores desafíos de la IA para el futuro de la humanidad.
Algunos senadores subrayaron el hecho de que Chat GPT haya conseguido 100 millones de usuarios en dos meses. Algunos de esos usuarios se sentaron este martes del lado de las preguntas en el Capitolio. El demócrata Richard Blumenthal (Connecticut) reprodujo un audio que imitaba su voz, creado por la herramienta tecnológica de moda. Marsha Blackburn (Tennessee) explicó que durante el fin de semana había pedido a la máquina que inventara una canción del artista de country Garth Brooks, mientras que Amy Klobuchar (Minnesota) descubrió con gran “agrado” que a la pregunta de cuáles son los tres mejores músicos de la historia, obtuvo de ChatGPT una respuesta que incluía a dos nacidos en su Estado: Prince y Bob Dylan.
elpais.com
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
Internacionales
Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.