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Graves faltas cometidas por Cámara de Cuentas, según Alfredo Pacheco.

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Alfredo Pacho, presidente de la Cámara de Diputados,  dijo que la comisión que estudió el conflicto en la Cámara de Cuentas comprobó que hubo faltas muy graves para recomendar al pleno de ese órgano acusar ante el Senado de la República el inicio de un juicio político.

Pacheco indicó que la comisión comprobó que hubo usurpación de funciones, aperturas de sesiones irregulares, informes incompletos, auditorías «escondidas», alteración de actas y otros aspectos encontrados.

Pacheco, en una rueda de presa este jueves, reaccionó a los comentarios de voceros y legisladores de oposición, quienes cuestionaron la decisión de proceder con un juicio político, argumentando que no había razones suficientes para hacer la acusación ante el Senado.

El presidente de la Cámara Baja informó que consulto al presidente y miembros de la comisión, quienes le comentaron las faltas graves que cometieron los miembros de la Cámara de Cuentas.

Entre lo encontrado, Pacheco reveló que miembros abrían sesiones del pleno de manera «irregular» para tomar decisiones entre ellos.

También indicó que comprobaron que había archivos de auditorías que «preferencialmente se guardaban, prácticamente se escondían», así como la alteración de actas.

Además, dijo que hubo usurpación de funciones, ya que «algunos miembros», que no llevaban la parte administrativa, realizaban traslados irregulares de personal.

«Si ante toda esas evidencias que encontró la, y que así está rindiendo el informe, la oposición prefiere mantener esa situación, entonces será responsabilidad directa de los miembros de los partidos de oposición cargar con la responsabilidad de mantener esta Cámara de Cuentas», Manifestó Pacheco.

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Profesional del derecho advierte que el Estado no es dueño de áreas protegidas hasta que indemnice a sus propietarios

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Santo Domingo, R.D.-“Mientras el Estado no indemnice y registre a su nombre los inmuebles que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el derecho de propiedad circula, pudiendo transferirse”, explica el abogado Julio Cury.

El jurista ofreció estas declaraciones a propósito del reciente anuncio del director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, de que iniciará una “ofensiva legal” contra las transacciones que hayan derivado en la emisión de títulos privados dentro de zonas protegidas, .

Aclaró que los beneficiarios no adquieren un derecho pleno y libre, sino uno gravemente restringido, con la carga pública existente y la subrogación en el eventual crédito indemnizatorio frente al Estado.

“Parace que Yeni y Camacho ignoran que la traslación dominial exige indemnización previa, y mientras ello no ocurra, el derecho inscrito subsiste en cabeza del titular registral, pudiendo transferirlo aun cuando se encuentre jurídicamente restringido por la carga ambiental”, dijo.

El jurista advirtió que las investigaciones anunciadas para auditar actos jurídicos y transacciones inmobiliarias en áreas protegidas deben distinguir entre fraudes reales y derechos registrales válidamente adquiridos que permanecen vigentes por falta de expropiación formal e indemnización.

“Creo que Yeni y Camacho entienden que el art. 16 de la Constitución del 2010 y, previamente, el art. 33 de la Ley núm. 202-04, hicieron al Estado propietario de esas áreas, cuando lo que produjeron fue una afectación pública intensísima que vació el contenido esencial del derecho de propiedad mediante la prohibición de explotación y aprovechamiento económico”, expresó.

“La paradoja jurídica que subyace es que, por un lado, la Procuraduría General de la República, representado judicialmente al Estado en los casos de justiprecio, jura que las áreas protegidas son del Estado, pero, por otro, se rehúsa a que este compense a los titulares, lo que configura una suerte de confiscación incompatible con el núcleo esencial del derecho de propiedad en el bloque de constitucionalidad”, puntualizó el reconocido abogado.

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Se reactiva debate sobre mano dura en contra de la delincuencia, pero sin violar la ley.

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Santo Domingo.– La designación del nuevo director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, reactivó el debate sobre el uso de la «mano dura» para enfrentar la delincuencia y cómo garantizar seguridad ciudadana sin vulnerar los derechos humanos.

¿Qué declararon las autoridades sobre la gestión del nuevo director?

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, afirmó que el nuevo director de la Policía inició «con el pie izquierdo», porque aunque se comprometió a continuar la reducción de la tasa de criminalidad, según dijo, no se refirió a temas clave como los intercambios de disparos, la depuración policial y la profundización de la reforma estructural.

En la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Interior y Policía, Carlos Sánchez, señaló que no se trata de promover mano dura, sino de fortalecer la institucionalidad y respaldar la reforma que cursa en el Congreso.

Desde la misma cámara baja, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Pedro Martínez, sostuvo que la principal demanda ciudadana es seguridad, pero advirtió que las ejecuciones extrajudiciales y actuaciones fuera del marco legal afectan la imagen del país y vulneran el Estado de derecho.

Acciones y propuestas en el Senado y acto de traspaso de mando

En el Senado, legisladores expresaron que el orden debe imponerse con protocolos claros, tecnología y formación, evitando excesos, y hay quienes defienden la aplicación del régimen de consecuencias contra quienes violen la ley, subrayando que debe hacerse sin irrespetar a la ciudadanía.

Durante el acto de traspaso de mando, el director policial, Andrés Modesto Cruz Cruz, aseguró que dará continuidad a la gestión de su antecesor en la reducción de la criminalidad y que su administración no buscará acumulación de poder, sino fortalecer el trabajo institucional en materia de seguridad.

  • No obstante el debate, legisladores oficialistas instan a la población a otorgar un voto de confianza tras la reciente designación del director de la Policía.

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Medida de coerción en contra de doctor por abuso sexual fue aplazada.

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Duarte, RD.-Fue aplazada para el próximo lunes 23 de febrero por la Oficina de Atención Permanente de la provincia Duarte aplazó la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra el doctor Wilbert Polanco Sanz, imputado por presunta agresión sexual en perjuicio de una paciente de nacionalidad haitiana.

La vista fue fijada para las 9:00 de la mañana, luego de que la defensa solicitara el aplazamiento con el propósito de estudiar a profundidad el expediente y preparar los elementos probatorios que, según afirman, demostrarán la inocencia de su representado.

“Estamos hablando de un lugar pequeño, lleno de pacientes; es una puerta abierta. Se ve a la ciudadana cuando sale totalmente normal, por lo que entendemos que tenemos cómo demostrar la inocencia del doctor”, expresó el abogado defensor.

“En este momento solo estamos apoderados de este caso, por lo que estamos verificando y evaluando todo eso”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que su defendido actuó conforme a los protocolos médicos. “El doctor recibió a esa paciente referida por otro colega y realizó los estudios correspondientes, de los cuales contamos con documentación sobre los hallazgos”, concluyó.

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