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Pasaporte electrónico de seguridad es inconstitucional, según Adocco.
Por Efe
Santo Domingo.- El decreto emitido por el presidente de la Republica que declara de seguridad nacional la contratación, diseño y emisión del pasaporte electrónico en la República Dominicana es contrario a la Constitución y otras leyes del país, según la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).
Según señaló Adocco en un comunicado de prensa, la disposición va, específicamente, contra el artículo 49 de la Carta Magna sobre la libertad de expresión e información.
El texto reza que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.
Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley, señaló Adocco.
Asimismo, indicó que la declaratoria de seguridad nacional decretada por un año, donde se declara como «reservada» toda información referente a las contrataciones realizadas, basada en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, incluye una excepción en su aplicación en su párrafo 1.
En concreto, dispone que la excepción debe primar única y exclusivamente para informaciones sobre las características técnicas del documento en aquellas que, por razones de seguridad o emergencia nacional, pudieran afectar al interés público, vidas o la economía del país, previa declaratoria y sustentación mediante decreto.
En lo concerniente a la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública, citada en el decreto, establece que comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública, informando periódicamente de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas, siempre y cuando este acceso no afecte a la seguridad nacional.
“En modo alguno, se refiere a que se puedan ofrecer informaciones sobre suplidores u oferentes de un rubro adquirido con fondos públicos”, indicó el residente de la organización, Julio de la Rosa Tiburcio.
De igual forma, la “reserva” contemplada en la Ley establece limitaciones y excepciones a la obligación de informar por parte del Estado y de las instituciones, en concreto cuando se trata de información vinculada con la defensa o la seguridad del Estado, que hubiera sido clasificada como «reservada» por ley o por decreto del Poder Ejecutivo.
Este, según Adocoo, “deja bien claro que la misma opera respecto a diseños y estructura del documento, no de quienes suplen los documentos, como el caso de la especie”.
Las leyes que sustenta el decreto y sus respectivos reglamentos, establecen excepciones sobre el derecho fundamental a la información que, en ejercicio del mismo, formulen los ciudadanos y por eso señala de forma categórica en qué circunstancias pudieran verse restringidas cuando pudiera afectar la seguridad nacional.
Por eso decreto no puede ampliar la reserva en aspectos fundamentales como la transparencia en el manejo de los recursos del pueblo dominicano, sin que el mismo tenga derecho a conocer costo de adquisición, empresas beneficiadas, calidad de lo que se compra, accionistas de las empresas y sobretodo, capacidad, trayectoria de cumplimiento, así como solvencia y experiencia.
Adocco reiteró que la excepción a la que se refiere la Ley de Compras y Contrataciones y Ley de Libre Acceso a la Información, solo aplica para informaciones sobre las características de la libreta, en modo alguno, estas pueden superar al derecho fundamental, a la información, contemplada por la carta magna.
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Santo Domingo, R.D.-Fue suspendida este jueves la docencia por el Ministerio de Educación (Minerd) en las provincias de Puerto Plata y Espaillat tras ser declaradas la tarde de estge miércoles en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las condiciones meteorológicas actuales.
La cartera educativa instruyó, además, a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en las siete provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.
La entidad indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten.
Asimismo, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
El Ministerio recordó que el COE declara la alerta roja cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección.
El COE establece que la alerta amarilla indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta y tomar precauciones.
De igual forma, la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.
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Alerta roja a Puerto Plata y Espaillat y otras 7 provincias están en amarilla y 13 en verde por lluvias
SANTO DOMINGO.- Fueron colocada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) las provincias Puerto Plata y Espaillat, mientras que mantiene siete en amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a los efectos de una vaguada prefrontal y la interacción de los efectos del viento cálido del este/sureste .
Las provincias en alerta amarilla son: Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.
Mientras que en verde están San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago, Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.
De igual forma, en la costa atlántica exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.
De acuerdo al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) los campos nubosos del sistema frontal al norte del país y los efectos orográficos locales continuarán generando nublados esta noche y en el transcurso de la madrugada del jueves, acompañados de aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, sobre provincias del litoral costero Atlántico, el valle de Cibao, el sureste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.
Agregó que en la tarde, esta actividad de precipitaciones se extenderá sobre varios puntos del valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente hacia las provincias de: María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y El Gran Santo Domingo.
Santo Domingo, R.D.-Jesus Castro Marte, obispo de la diócesis de La Altagracia, expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.
Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.
Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.