Nacionales
El video del caso Duncan – Alburquerque causa debates tras condena.
Santo Domingo, RD.-Como legal y lícito consideró el Tercer Tribunal Colegiado del Distritito Nacional el elemento de prueba audiovisual donde se le ve al imputado Félix Alburquerque Comprés disparar al comunicador Manuel Duncan hasta darle muerte.
La magistrada explicó que la legalidad del audiovisual, que consta de 11 cortes, está sustentada porque la noche que ocurrió el hecho, un técnico de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DICAT) y un investigador, coincidieron en que solicitaron a la encargada del pica pollo “Todo Express” y esta les permitió ver el video y les dio la contraseña para extraer el audiovisual.
La prueba tomó mayor fuerza en la decisión tomada por el segundo disparo que realizó Alburquerque Comprés, en vista de que en el audiovisual se ve cuando el exmilitar se da vuelta y le vuelve a disparar, aun cuando ya yacía en el suelo el comunicador Duncan.
Del mismo modo, sostuvo que ambos testigos, identificados como Isaac Abraham Rosado Marte y Wilson Sánchez, también se presentaron en un segundo local comercial, obteniendo el permiso y acceso para extraer más videos.
Entendiendo el Tribunal que al no mostrar resistencia en ninguno de los locales para extraer las fílmicas, no era necesario un documento u orden judicial del Ministerio Público, como defendía la defensa técnica del imputado.
Por estas motivaciones, las magistradas consideraron el audiovisual de “origen legal y lícito”.
Otro de los aspectos que consideraron al momento de valorar la prueba para tomar la decisión del caso fue el planteado por la defensa técnica del imputado, de si se respetó la cadena de custodia del vídeo, explicando las magistradas que el técnico analista del DICAT, José Hernández, recibió el video en crudo, sometiéndolo a una plataforma forense para mejorar la calidad, ampliar, poder darle zoom y tomar solo las partes que fueran necesarias para el caso.
Expresaron que, a pesar de que, “ciertamente se produjo interrupción” en la cadena de custodia de la prueba, esto no la desestimaba para no ser valorada por tratarse de imágenes fílmicas extraídas de cámaras de seguridad.
Sosteniendo que las imágenes en video tienen una característica distintiva que lo individualiza, consistente en la fecha y hora, minutos y segundos en la que fue filmado.
“Hemos comprobado después de un análisis minucioso y detenido que no presentan salto, sino que se mantienen corriendo los minutos y los segundos, en una misma secuencia numérica de forma ininterrumpida siendo esto un marcado que nace con la prueba misma”, explicaron.
Llegando a la conclusión de que la interrupción no era suficiente para excluir la prueba como pidiera la defensa de Alburquerque en más de una ocasión.
Ese mismo audiovisual había sido excluido por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, en el auto de apertura a juicio del imputado.
Sin embargo, fue aceptado en el auto de fijación de audiencia de juicio de fondo.
En el video se muestra cuando Tavera Duncan corre, después de la pelea que sostuvo con Alburquerque Comprés, quien lo persigue con el arma, lo encuentra y le dispara dos veces, la última cuando la víctima yacía en el pavimento.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.