Santo Domingo, R.D.-Las autoridades República Dominicana dieron a conocer el listado de nueve ciudadanos haitianos, entre ellos exfuncionarios y exlegisladores, que no podrán ingresar al país por el conflicto en el Río Masacre y su vinculación con la construcción de un canal que busca desviar el causal de sus aguas.
Con el listado, el Gobierno compartió un perfil de cada uno de ellos y las informaciones que tienen acerca de los involucrados.
WANIQUE PIERRE
De acuerdo con la comunicación enviada por la Presidencia de la República, este es un exsenador del departamento Noreste de Haití, por el Partido Haitiano Tek Kale (PHTK).
Su expediente indica que en el año 2016 fue señalado por el expresidente del Senado haitiano, Simon Dieuseul Desras, de estar implicado en el asesinato del locutor de radio Césaire Chéristin Ferdinand y también de estar involucrado en el tráfico de drogas en territorio haitiano.
Los informes le indican al Gobierno que actualmente estaría apoyando la construcción del canal de riego en Juana Méndez con fines políticos alineados a los de Claude Joseph.
ARDOUIN ZEPHIRIN
Este es un exministro de interior y colectividades territoriales de Haití que fungió como consejero especial del extinto presidente Jóvenel Moïse, los informes señalan que actualmente está apoyando económicamente a los jornaleros que están construyendo el canal de riego contiguo al Río Masacre.
Según fuentes del Gobierno, se encuentra residiendo próximo a la zona franca Caracol en el municipio Cabo Haitiano.
JACQUES SAUVEUR JEAN
Jean es un exsenador haitiano y es propietario de un arrozal ubicado próximo a la zona que se prevé abastecer del agua del Río Masacre tras la construcción del canal de riego en Juana Méndez, debido a eso estaría apoyando financieramente la construcción para su beneficio personal.
JEANTEL JOSEPH
Joseph es un director de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas (BSAP) del ministerio de medioambiente de Haití y estaría apoyando la construcción del canal de riego en Juana Méndez proporcionando efectivos de seguridad, entre ellos exmilitares, que se han apostado en el perímetro de la referida obra en calidad de vigías o custodios.
LUCKNER DESIR (A) LUKO
Este es un periodista y excandidato a la presidencia de Haití, a través de sus programas digitales, pagados por la oposición haitiana incita a la población a la violencia y mueve masas para que se continúen los trabajos de construcción en el canal de riego contiguo al Río Masacre.
NADER JOACÉUS
Joacéus es un exministro de Trabajos Públicos Transporte y Comunicaciones (Mptcp) de Haití, actualmente estaría respaldando económicamente la construcción informal del canal de riego contiguo al Río Masacre con fines políticos e intereses particulares bajo la fachada de un falso patriotismo.
JEAN BAPTISTE BIEN AIME
Aime es un exsenador haitiano del partido político Lavalas y excónsul de Haití en la provincia Dajabón.
WIDELINE PIERRE
Pierre es una exdirectora departamental del Ministerio de Medio Ambiente del Nordeste y Arquitecta, renunció oficialmente a su cargo para protestar contra la decisión del gobierno de reabrir la frontera entre Haití y República Dominicana en noviembre del año 2022.
La exfuncionaria ha estado respaldando la construcción del canal de riego ubicado en el Río Masacre y se le ve de “manera constante” compartiendo con los efectivos militares haitianos apostados en la zona.
CAMIEL SAMSON
Este es señalado como presunto patrocinador en la construcción del canal de riego en el Río Masacre.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
«La defensa resaltó que Read Estrella se ha presentado de manera voluntaria, ha puesto a disposición toda la documentación requerida y continuará colaborando con la investigación, reiterando que no existe peligro de fuga ni intención alguna de sustraerse del proceso judicial», reseñan.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
La audiencia continuará este viernes a las 2:00 p. m.
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
El expolicía realizó un acuerdo con la fiscalía del Estado de la Florida, a través del cual se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses, facilitando informaciones sobre el caso de envío de drogas que comparte con Herrera Silvestre.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Los narcos operaban desde un resort en Puerto Plata, cuya identidad no fue revelada en los documentos.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
La red reunió a varios inversionistas que unían sus narcóticos para hacer envíos sustanciales. La droga movilizada ascendería a al menos 376 kilogramos en tan solo dos años, con un valor estimado de más de siete millones de dólares al precio de mercado estadounidense para 2022.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.
Ahora, se está a la espera del juicio de Herrera Silvestre, que será el próximo 8 de enero.