Editorial
Toma o Desvío del Rio Masacre, Clave del Diferendo Dominico-Haitiano.
La República Dominicana y Haití son dos Estados con alguna similitud como consecuencia de la falta de institucionalidad que aqueja a ambos, lo cual genera que el abordaje de los problemas en lo referente a políticas públicas, sean tan parecido.
Sin embargo, hay que decir que para ser realista, el Estado dominicano, por lo menos de palabras, es de hecho y de derecho diferente, aunque con una alta contaminación.
Por su parte, el Estado haitiano sólo existe en el papel, es decir, que en la práctica es un fantasma, por lo que no se puede esperar ningún tipo de eficiencia y planificación de sus ilegitimas autoridades.
En estas cuestiones descansa la pobreza que afecta a ambas naciones, son países con una baja educación y con unos niveles muy altos de corrupción, por lo que la crisis dominico-haitiana está determinada por un problema que muy bien podría ser semántico, toma o desvío, cuyo último es el que constituye una real violación del Tratado de 1929.
En consecuencia, el diferendo entre ambos países, que ocupan la misma isla, no puede sorprender a nadie, cuya agravante está representado por la irresponsabilidad con que se manejan los asuntos de Estado, la poca seriedad y regurosidad con que se asumen los problemas de estas naciones.
De manera, que la crisis dominico-haitiana, derivada de la construcción del canal de riego que se construye en Juana Méndez, es algo carente de sentido, no porque no tenga importancia irrigar las tierras de la empobrecida nación y exigir el respeto de los acuerdos, sino porque hace años que los mecanismos de solución están plasmados en el Tratado firmado en el 1929, el cual delimita los derechos y deberes de ambos, por lo que si fuera sólo una toma no debe ser motivo de conflictos, pero si se trata de un desvío entonces se ha incurrido en una falta grave que viola lo acordado.
Pero tanto uno como el otro parece que no manejaron con la suficiente seriedad el tema que ha degenerado en la crisis, aunque se sabe que en por lo menos en la República Dominicana hay una cultura de manejar los asuntos que comprometen su porvenir con superficialidad y un buen ejemplo sobre este particular fue el Tratado de Libre Comercio firmado entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, en el que el gobierno nacional no supo defender una cuestión tan delicada y con un profundo contenido social, político y económico para el país como es el arroz y permitió que el productor del cereal pueda ser liquidado de una forma impensada.
Es una pena que estas cosas ocurran, pero la cultura de la improvisación y la falta de un pensamiento profundo y estratégico para manejar los asuntos del Estado sólo deja como resultado este tipo de conflicto y situaciones desventajosas para la sociedad.
Tanto el conflicto con Haití como la firma del D.R. CAFTA por parte de la República Dominicana ha dejado una secuela de daños que parecen ser irreparables, porque en por lo menos el último ha habido un ultranacionalismo que daña, en ambas naciones, que tal vez sus relaciones jamás vuelvan a ser iguales, pese a las acusaciones raciales de siempre.
Sin embargo, puede afirmarse que lo racial no ha sido lo fundamental para que las cosas hayan llegado a estos niveles, pese que no se puede negar que es un componente importante en la relación entre ambas naciones, sino que la torpeza de las autoridades dominicanas es el elemento que más pesa para que las cosas estén en el nivel en que se encuentran en estos momentos.
La realidad es que el Gobierno pudo manejar mejor la situación creada con la toma o el desvío del rio Masacre, pero todo parece indicar que primó más la superficialidad que la profundad de pensamiento que requería el asunto.
Pero no queda de otra que la paciencia y que la solución al diferendo sea el resultado de los estudios técnico-científicos planteados por este periódico mediante un arbitraje internacional, a fin de que prime la justicia y el respeto a los acuerdos firmados entre ambas naciones en torno al rio Masacre
Aunque el deseo es un componente importante en cualquier esfuerzo para que las cosas sean mejores, pero la realidad no se cambia sólo con eso.
Sino que los grandes cambios tienen que conllevar un alto nivel de planificación y de trabajo consistente para poder alcanzar las metas trazadas.
En la República Dominicana todos los esfuerzos de algunos para alcanzar, por ejemplo, el manejo de la administración pública es muy marcado, pero desde que los actores de la vida política nacional se sienten con algún poder estatal, entonces desvían su atención y la solución de los problemas de la población pasan a un segundo plano.
Por esta razón los discursos de la oposición son muy atractivos y convincentes, pero cuando se llega al poder el mismo da un giro que lleva a la gente a perder la confianza en quien se apoyó en esa narrativa para dirigir el Estado.
Esa debilidad de los partidos políticos ha querido cubrirse con el fenómeno del clientelismo, pero la verdad que es prácticamente imposible darle de forma personal alguna dádiva del Estado a todos y cada uno de los ciudadanos, pese a que ello sí es posible mediante la satisfacción de necesidades sociales, es decir, de la solución colectiva de los problemas.
Si el Estado a través de la gestión de los partidos logra una buena educación o buen sistema de salud, la gente lo aprecia y respeta al que lo hace, pero además crea una buena imagen de la administración pública.
En el país el problema estriba en que los partidos no ven las cosas de esa manera, ya que a los principales actores de la actividad política sólo les interesa resolver los problemas individuales o personales, sobre todo a nivel monetario, pero no promover una inversión estatal que fortalezca el sistema.
Por esta razón, ha tomado tanto poder la corrupción administrativa, cuyos responsables gozan además de impunidad, la cual no tiene límites y que se puede decir que sale del Palacio Nacional, entra a un sector importante del empresariado, penetra en los principales medios de comunicación y luego se convierte en un cometa, que nadie sabe dónde termina.
Este problema, conjuntamente con otros tan o más graves, no es tan fácil de erradicar porque se trata de un mal que tiene un profundo componente cultural, que viene desde de los tiempos de la colonia, cuyas consecuencias han lacerado toda la vida nacional.
El asunto ha derivado en que todo se ve desde la perspectiva de los negocios y en realidad no debe ser así, porque hay renglones que su manejo tiene que ver principalmente con la preservación de una serie de valores sociales y morales que no respetarlos hace que la sociedad pase de los tiempos de la civilización a la época de las cavernas.
En este contexto está, por ejemplo, la educación, la cual es el alma de un verdadero desarrollo humano, pero que cuando la misma es contaminada con la corrupción y con otros hechos que le quitan sentido, la sociedad entra en un nivel de estancamiento y retroceso de la que nadie la puede salvar.
El problema es que ya esta crisis ha tocado fondo y que la solución de la misma no puede estar en manos de los que la provocaron, ya que ellos no abandonan la idea de que el Estado es para usarlo en beneficio individual y de los grupos que están anidados en el seno de los partidos políticos del país.
¡Es así de sencillo!
Editorial
Los intereses y la conveniencia es lo que determina el respeto a la Constitución y la jurisprudencia del TC en el país.
Con toda razón diversos sectores de la sociedad dominicana han salido al frente de una de las tantas violaciones constitucionales en que incurre la Junta Central Electoral (JCE).
El debate ahora tiene que ver con el reglamento dictado por el órgano comicial que dispone la prohibición de encuestas antes del inicio de la precampaña y la campaña electoral.
La preocupación es legítima, sobre todo por la acción ilegal provenir de un órgano que es el que tiene que ver con el montaje y fiscalización de las elecciones para escoger las autoridades nacionales.
Sin embargo, llama a la atención de que en algunos casos se quiera hacer valer las jurisprudencias del Tribunal Constitucional y en otros se haya querido justificar la violación que proviene de la JCE.
Son innumerables los errores de la JCE, cuyos peores son aquellos que consistieron en el sometimiento de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que violaba una serie de derechos fundamentales y los que llevaron al organo comicial a acogerse a la promulgacion ilegal del presidente Luis Abinader de una pretendida ley, la 13-26, que viola la sentencia TC/0788/24 que sentó jurispredencia en el pais en esta materia.
Es como una especie de ver sólo lo que conviene en violación de la regla general que establece la Constitución como ley suprema de la nación.
Naturalmente, no es de ninguna manera, que el reclamo no tenga asidero en lo que se refiere a la prohibición de encuestas, sino que de igual modo que se ha rechazado el reglamento de la JCE sobre la prohibición de encuestas, igual debió ocurrir cuando el presidente Luis Abinader viola la Constitución con la promulgación de una supuesta ley que debió ser observada.
De cualquier manera, los fiascos cometidos por la Junta Central Electoral ponen en tela de juicio la eficiencia de este órgano para controlar unas elecciones donde se supone que debe primar el principio de legalidad y de juridicidad y los cuales viola cotidianamente.
Este periódico pese a que entiende que las encuestas son un instrumento, muchas veces, para desinformar y manipular al votantes por empresas que su regla del juego es buscar dinero por esta vía, pero no hay otra opción que acogerse a los principios de legalidad y de juridicidad y al mandato de la Constitución de la República.
Sin que tenga la necesidad, aunque la justificación podría estar explicada en un problema de ignorancia, intereses o de miedo, el gobierno de Luis Abinader, tal vez el peor en lo que respecta a irrespetar el orden constitucional establecido, no se detiene en su imitación de lo que ocurre en los Estados Unidos.
Este periódico ha dicho y ahora por igual lo repite que la constitucionalización del derecho conlleva una gran confrontación con una partidocracia que ha demostrado históricamente que no cree en la ley ordinaria y orgánica, pero mucho menos en la carta magna.
El respeto de la Constitución es parte de una retórica que forma parte de una formalidad que en la realidad no tiene ningún valor, lo cual implica un alto riesgo para la democracia nacional.
El comportamiento del gobierno del PRM y Luis Abinader no difiere en prácticamente nada con los demás que conforman la llamada partidocracia, pero éste por la poca formación que lo caracteriza para conducir el Estado incurre en peores errores que los que le precedieron.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional e internacional el actual gobierno ha llegado a extremos que pueden crear serios escollos jurídicos, políticos y sociales al país, porque ponen en cuestionamiento todo el sistema legal, la seguridad jurídica y la justicia constitucional y convencional, la cual se fundamenta en los derechos fundamentales.
La audacia parece ser cada día más peligrosa, porque Abinader y su gente lucen no tener presente que la República Dominicana es el único país del mundo donde se produjo una revuelta armada para exigir el respeto a la constitucionalidad con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en 1963.
Sin embargo, Abinader no para de cometer torpezas que violentan de forma vulgar la Constitución y todo el derecho internacional, en algunos casos por razones de geopolítica y otras veces por responder a los intereses de la desgraciada partidocracia.
El presidente actúa sobre la base de los parámetros que impone la administración de Donald Trump, que es experto en violar la Constitución de los Estados Unidos y todo el derecho internacional.
Y definitivamente Abinader ha decidido acompañar a Trump en sus andanzas en contra del orden legal internacional y de lo que dispone el derecho interno, cuyos mejores ejemplos, entre muchos otros, está el decreto que promulga la Ley 13-26 que persigue eliminar las candidaturas independientes, pese a que las mismas ya son el resultado de una interpretación del órgano facultado para ello como lo es el Tribunal Constitucional, cuya corte sentó una jurisprudencia al respecto que debe ser respetada por todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, que preside el presidente de la República.
Pero el jefe de Estado dominicano no tiene la menor idea de nada y en consecuencia ahora incurre, tal vez por miedo a las travesuras de Trump, a firmar un memorando de entendimiento para recibir indocumentados deportados a terceros países por disposición de los Estados Unidos, el cual debió conocerse en el Congreso Nacional.
La vocación anti-constitucional de Abinader es de tal magnitud que aun con el control del Congreso Nacional, cuyos diputados y senadores aprobarían el referido acuerdo, aunque vulnera la Constitución, él no ve necesario acudir a ellos por lo ocurrido anteriormente con la carta magna y que esa conducta no ha recibido la respuesta que se produciría en cualquier pueblo con un menor nivel de contaminación y enfermedad que el dominicano.
Sólo falta esperar cuál será el próximo paso en términos de violación constitucional de un gobierno que no siente ningún respeto por el orden legal, la justicia constitucional y el derecho internacional, lo que podría implicar una grave amenaza para la democracia nacional.