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Proyecto de presupuesto 2024 fue depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso.
El Ministerio de Hacienda sometió este jueves al Congreso Nacional, el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el 2024, en el cual se estima que los ingresos alcancen los RD$1,140,680.7 millones, equivalentes al 15.4 % del producto interno bruto (PIB).
Vale destacar, además que el total de gastos consolidados del Gobierno General Nacional (GGN) se situaría en RD$1,457,253.7 millones. Esta diferencia es resultado de los ingentes esfuerzos por transparentar los flujos netos de transferencias que ocurren entre diferentes ámbitos del sector público. En tal sentido, el Gobierno General Nacional incluye no solo el monto asignado al Gobierno Central, sino también aquellos recursos dirigidos a Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
También, se destaca el desarrollo del Puerto de Manzanillo, que constituirá una nueva ruta de conexión comercial de la República Dominicana con los mercados internacionales, el fortalecimiento de la intervención integral en la autopista Duarte, así como las obras viales en las regiones Valdesia y Enriquillo para mejorar la conectividad de Pedernales con el resto del país.
Además, en materia de gasto de capital para la ejecución de proyectos de alta rentabilidad social, incluye la construcción y ampliación de planteles educativos, con una asignación de RD$9,433.2 millones; la reparación y remodelación de hospitales, con RD$4,203.0 millones; la construcción y rehabilitación de puentes, carreteras y caminos vecinales con RD$14,345.5 millones; y la edificación de estancias infantiles, acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otras.
El proyecto presupuestario contempla una asignación de RD$99,193.0 millones para subsidios, de los cuales RD$86,393.0 millones serían destinados a respaldar las operaciones de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), cuyos resultados financieros se encuentran estrechamente ligados a la dinámica de los precios internacionales de los hidrocarburos.
Asimismo, se destinarán RD$1,600.0 millones para subsidios al transporte, RD$1,200.0 millones para la harina y RD$10,000.0 millones para los combustibles, recursos con los que se persigue mitigar posibles mermas del poder adquisitivo de los hogares, debido a un entorno doméstico e internacional de riesgos inflacionarios.
“Como parte del compromiso del Gobierno de garantizar un nivel de vida digno a toda la ciudadanía, se contempla la asignación de recursos para el programa de construcción de viviendas para personas en condición de pobreza y pobreza multidimensional, el cual tocará 11 provincias en distintas regiones”, detalla la comunicación con la que se remitió el proyecto.
De igual forma, se contempla la continuación de la construcción de la verja perimetral inteligente en la zona fronteriza.
Para el sector educativo, el PGE asigna el 4 % del PIB, ascendiendo a RD$297,041.5 millones, monto que se destinará fundamentalmente a ampliar la cobertura educativa, eficientizar la administración del sistema y a mejorar la calidad del servicio, así como las condiciones de los estudiantes y del personal docente. Para la educación superior se destinarán RD$1,085.6 millones para los proyectos de extensión de centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, impactando provincias del norte y sur del país.
Dadas las estimaciones de los ingresos y los topes presupuestarios requeridos para acomodar la creciente demanda de recursos, necesarios para salvaguardar el poder adquisitivo de los hogares y a su vez fortalecer los pilares del crecimiento y el desarrollo, el presupuesto plantea un déficit fiscal de RD$231,312.1 millones, un 3.1 % del PIB, lo que supone el sostenimiento de su reducción.
El resultado fiscal proyectado y las aplicaciones financieras previstas suponen fuentes financieras ascendentes a RD$344,980.21 millones, equivalentes a un 4.65 % del PIB, inferior a lo observado en años anteriores.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.