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Proyecto de presupuesto 2024 fue depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso.
El Ministerio de Hacienda sometió este jueves al Congreso Nacional, el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el 2024, en el cual se estima que los ingresos alcancen los RD$1,140,680.7 millones, equivalentes al 15.4 % del producto interno bruto (PIB).
Vale destacar, además que el total de gastos consolidados del Gobierno General Nacional (GGN) se situaría en RD$1,457,253.7 millones. Esta diferencia es resultado de los ingentes esfuerzos por transparentar los flujos netos de transferencias que ocurren entre diferentes ámbitos del sector público. En tal sentido, el Gobierno General Nacional incluye no solo el monto asignado al Gobierno Central, sino también aquellos recursos dirigidos a Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
También, se destaca el desarrollo del Puerto de Manzanillo, que constituirá una nueva ruta de conexión comercial de la República Dominicana con los mercados internacionales, el fortalecimiento de la intervención integral en la autopista Duarte, así como las obras viales en las regiones Valdesia y Enriquillo para mejorar la conectividad de Pedernales con el resto del país.
Además, en materia de gasto de capital para la ejecución de proyectos de alta rentabilidad social, incluye la construcción y ampliación de planteles educativos, con una asignación de RD$9,433.2 millones; la reparación y remodelación de hospitales, con RD$4,203.0 millones; la construcción y rehabilitación de puentes, carreteras y caminos vecinales con RD$14,345.5 millones; y la edificación de estancias infantiles, acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otras.
El proyecto presupuestario contempla una asignación de RD$99,193.0 millones para subsidios, de los cuales RD$86,393.0 millones serían destinados a respaldar las operaciones de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), cuyos resultados financieros se encuentran estrechamente ligados a la dinámica de los precios internacionales de los hidrocarburos.
Asimismo, se destinarán RD$1,600.0 millones para subsidios al transporte, RD$1,200.0 millones para la harina y RD$10,000.0 millones para los combustibles, recursos con los que se persigue mitigar posibles mermas del poder adquisitivo de los hogares, debido a un entorno doméstico e internacional de riesgos inflacionarios.
“Como parte del compromiso del Gobierno de garantizar un nivel de vida digno a toda la ciudadanía, se contempla la asignación de recursos para el programa de construcción de viviendas para personas en condición de pobreza y pobreza multidimensional, el cual tocará 11 provincias en distintas regiones”, detalla la comunicación con la que se remitió el proyecto.
De igual forma, se contempla la continuación de la construcción de la verja perimetral inteligente en la zona fronteriza.
Para el sector educativo, el PGE asigna el 4 % del PIB, ascendiendo a RD$297,041.5 millones, monto que se destinará fundamentalmente a ampliar la cobertura educativa, eficientizar la administración del sistema y a mejorar la calidad del servicio, así como las condiciones de los estudiantes y del personal docente. Para la educación superior se destinarán RD$1,085.6 millones para los proyectos de extensión de centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, impactando provincias del norte y sur del país.
Dadas las estimaciones de los ingresos y los topes presupuestarios requeridos para acomodar la creciente demanda de recursos, necesarios para salvaguardar el poder adquisitivo de los hogares y a su vez fortalecer los pilares del crecimiento y el desarrollo, el presupuesto plantea un déficit fiscal de RD$231,312.1 millones, un 3.1 % del PIB, lo que supone el sostenimiento de su reducción.
El resultado fiscal proyectado y las aplicaciones financieras previstas suponen fuentes financieras ascendentes a RD$344,980.21 millones, equivalentes a un 4.65 % del PIB, inferior a lo observado en años anteriores.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.