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Las garras de la cultura del robo se ha vuelto integral y transversal a toda actividad en el país y también impacta al cooperativismo.
El fenómeno constituye un obstáculo muy grande en contra de la aspirada prosperidad nacional, ya que el peso de la corrupción es tanto que el mismo representa una permanente amenaza en perjuicio del crecimiento y el desarrollo nacional.
El movimiento cooperativo es una expresión mundial que se inició en Inglaterra en 1844 cuando un grupo de tejedores se ve afectado con el desplazamiento de su trabajo como consecuencia del inicio de la revolución industrial.
A partir de ese acontecimiento se formó la primera cooperativa de consumo, la cual tuvo como nombre Pioneros de Rchdale de Inglaterra.
En lo que respecta a la República Dominicana, el cooperativismo se inicia a mediados del año 1946, cuya motivación provino de la orden sacerdotal Padre Scarboro, tras el envío del experto en esta materia padre Pablo stell, quien a través de la Semana Social del Caribe, auspiciada por la Iglesia Católica, se planteó la fomentación del cooperativismo en el país.
La Ley 127 del 27 de enero de 1964 y el decreto 623-86 contiene el marco jurídico que regula las cooperativas, instrumentos legales que instruyen el funcionamiento oficial de las asociaciones de este género en el país.
El órgano regulador de las cooperativas de ahorros y préstamos fue creado entonces mediante la Ley 31 de 25 octubre de 1963, la cual facultad al IDECOOP como ente del Estado para que estimule, fomente, organice, fiscalice y supervise las instituciones de este género, cuyo principal soporte se encuentra en el artículo 8, literal 15, de la Constitución de la República Dominicana.
Las cooperativas de ahorros y préstamos son calificadas por el Estado como un modelo de alto interés social y familiar, de distribución y de consumo, así como de cualquier otra fuente de utilidad.
Todo hasta ahí luce sumamente interesante, pero la cultura de sustraer lo ajeno es tal vez el principal enemigo de este tipo de organización sin fines de lucro, porque el «tíguere» que no tiene en que caerse muerto se introduce en la misma con mucha facilidad para manipular todas sus actividades, principalmente los grandes recursos económicos acumulados a través del ahorro de sus miembros.
De manera, que en la medida de que las cooperativas se convierten en un instrumento ideal para mejorar las condiciones de vida de sus miembros y que con el tiempo se produce una componenda entre los que las dirigen para apropiarse del dinero ahorrado por los socios y de esa manera desnaturalizar su propósito, muchas veces con la participación en los ilícitos del órgano regulador, como se estila en el país cuando de articular redes para hacer fraudes mediante la figura jurídica de la asociación de malhechores.
La cuestión toma un curso poco transparente en la medida en que las cooperativas se empoderan y crean una cartera de créditos y de ahorros envidiables por el alto capital acumulado, lo cual ha provocado que en algún momento se pretendiera convertirlas en instituciones lucrativas para que las capten los grupos económicos e incorporarlas al sistema financiero convencional, porque hay sectores que entienden que los pobres no tienen derecho a manejar sumas de dinero tan altas.
Pero, aunque ese plan de los grupos financieros nacionales no ha tenido éxito por la reacción de los que se oponían a tal cosa, los llamados «tígueres» que ganaban espacios en el interior de las cooperativas de ahorros y préstamos, se la ingenian para convertirse en poderosos hombres de negocios con los recursos que controlan de las cooperativas de ahorros y préstamos.
Escasamente han surgido escándalos en torno al manejo de las cooperativas de ahorros y préstamos, aunque es innegable que muchos de esos «tígueres» que las han asaltado no sólo han sabido apoyarse en la cultura de la impunidad que prevalece en el país, sino también que se han hecho multimillonarios y se retiran del control que tienen sobre ellas sólo cuando se enferman o se ponen viejos.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, las cooperativas de ahorros y préstamos San José y la Altagracia son controladas por los mismos grupos de «tígueres» que se apoyan en el mismo modus operandi que consiste en asaltar la presidencia de estas instituciones y su administración con personas de su extrema confianza que perduran en esas ´posiciones y en otros cargos, muchas veces, hasta que enferman o mueren como si se tratara de un negocio personal y con fines de lucro, pero se supone que deben ser elegidos por los socios, lo cual nadie puede asegurar, ya que operan como las más sofisticadas mafias que les permite evitar que el que ingresa como miembro tenga una participación activa sencillamente no invitándolos a las asambleas electoras.
Estas asociaciones desde hace mucho tiempo que cobran sospechosamente intereses muy parecidos a los que aplican las instituciones de intermediación financiera, lo cual no debe ser por su profundo contenido social, y los mismos se constituyen en una fuente de grandes ingresos, cuyas mafias que se mueven en su entorno son muy beneficiadas mediante las vías de ejecución inmobiliaria con personas reclutadas para ese fin.
Son verdaderas mafias que representan uno de los principales escollos para que este tipo de organización sin fines de lucro pueda cumplir su rol de contribuir con el ahorro familiar y con su misión profundamente social.
Naturalmente, este tipo de comportamiento no sólo es encontrado en las cooperativas de ahorros y préstamos, sino en todas las actividades comerciales y económicas del país, lo cual indica que el sostenido crecimiento nacional descansa en una verdadera vocación delincuencial.
En los actuales momentos ha explotado un escándalo con un fraude en contra de sus socios en la Cooperativa de Ahorros y Créditos COOP-HERRERA que supera los dos mil quinientos millones de pesos, cuyo caso ya está en la fase de presentación de cargos en contra de un numeroso grupo de directivos, incluido un expresidente de la misma que aspiró a ser juez del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia.
La cuestión es que si las autoridades ponen algún empeño encontrarán que la mayoría de las cooperativas de ahorros y créditos están impactadas por el mismo fenómeno de que un grupo de «tígueres» se han apropiado de ellas para sustraer los recursos de los socios que se dan cuenta del problema cuando ya es muy tarde.
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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
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El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
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Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.