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Por error de la Primera Sala de la SJC demandan al Estado dominicano.
SANTO DOMINGO.-Fue interpuesta una demanda en responsabilidad patrimonial amparándose en el error judicial como causa configuradora del daño antijurídico imputable al Estado, la cual se deriva de una sentencia dictada el 30 de pasado mes de junio por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual inadmitió un recurso de casación porque el recurrente peticionó revocar el fallo recurrido y no su casación.
La información fue ofrecida por el abogado Julio Cury, quien expresó que la decisión no solo es contraria al derecho, sino que es voluntariosa, ya que carece también de soporte normativo. “El error judicial, ya sea fáctico o de derecho, se materializa en toda decisión que sea contraria al ordenamiento, con prescindencia de la conducta subjetiva del agente infractor. Y es precisamente la contravención al derecho inmersa en una sentencia o resolución judicial lo que se enjuicia y sanciona”, sostuvo.
Agregó que cuando la aplicación del derecho es equivocada, ya porque se aplique una norma irrelevante al caso concreto, ya porque se deje de aplicar una aplicable al mismo, ya porque se apliquen normas derogadas, el error judicial degenera en una verdadera falla en la función de administrar justicia por la que el Estado debe responder.
Dijo que los ciudadanos no están obligados a soportar las cargas derivadas de un defectuoso ejercicio de la actividad jurisdiccional. “En circunstancias como estas surge el deber de indemnizar al particular, sin considerar la legalidad o ilegalidad de la conducta del juzgador. Obviamente, cuando se trata de jueces, resulta grave para la credibilidad de la administración de justicia que se cuestione la legalidad o razonabilidad de sus actuaciones, dado que son los que están llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, puntualizó el jurista.
Indicó que “revocar” en las conclusiones de un recurso de casación no es un vocablo considerado como impropio o equivocado por la ley ni tampoco su uso es sancionado con la inadmisibilidad de la instancia, pero aún lo fuese, se trataría de una formalidad semántica irrazonable que pudiera sortearse en aplicación del art. 74.2 de la Constitución. “Es tanto así que el art. 33 de la misma Ley de Casación manda a la Suprema Corte de Justicia a buscar de oficio las condiciones de admisibilidad del recurso”, añadió el destacado abogado, al tiempo de señalar que el derecho de acceso a la jurisdicción que consagra el art. 69.1 constitucional, unido a la doctrina convencional, aconseja prescindir de todo formalismo impeditivo de un pronunciamiento sobre el punto litigioso objeto del conflicto.
Santo Domingo, R.D.-El juicio de fondo contra los imputados del caso Antipulpo fue aplazado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debido a una afección visual del imputado Carlos Martín Montes de Oca Vásquez.
El tribunal procedió a pautar la audiencia para el miércoles, 15 de mayo, a las 10:00 de la mañana. Fecha en la que se espera sean escuchadas las declaraciones del director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, en calidad de primer testigo del Ministerio Público.
Santo Domingo, RD.- Uno de miembros del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE),Dolores Fernández, encabezó este lunes una reunión de trabajo sobre los últimos detalles para la ejecución del Voto Penitenciario este domingo 19 de mayo.
En el encuentro participó el director de Elecciones, Mario Núñez; el jefe de la Policía Militar Electoral, mayor general, Juan José Otaño Jiménez, y el procurador especializado contra Crímenes y Delitos Electorales, Iván Félix Vargas.
Se recuerda que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales suministró a la JCE un levantamiento de las informaciones de cantidad de internos preventivos con cédulas existentes y de los que no tienen cédula física.
Además, el órgano electoral realizó operativos de cedulación para garantizar la expedición de ese documento de identidad a los internos que carezcan del mismo.
Santo Domingo, R.D.-Fue ratificado este lunes por la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el arresto domiciliario al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, quien es vinculado a hechos de corrupción administrativa en el expediente de las operaciones Coral y Coral 5G.
Los fiscales litigantes Jonathan Pérez y Miguel Collado, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitaron mantener a Torres Robiou la medida de coerción de arresto domiciliario, grilletes electrónicos e impedimento de salida del país, logrando que la petición fuera acogida por los jueces del tribunal de alzada, Pedro Sánchez Rivera, Nancy Joaquín y July Tamariz.
Los jueces adoptaron la decisión al desestimar un recurso de apelación incoado por el acusado por intermedio de su defensa a la resolución No. 249-02-2024-SERIS-0014, de fecha 30 del mes de enero del año 2024, dictado por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, al establecer que no han variado las circunstancias que dieron lugar a la misma.
El fiscal Jonathan Pérez dijo que el tribunal mantuvo la medida de coerción en contra de Torres Robiou porque no hay circunstancias nuevas ni presupuestos nuevos que pudieran hacer variar la medida de coerción impuesta.
Al valorar la decisión del tribunal, Pérez expresó “el Ministerio Público entiende que fue coherente con las decisiones que ha dado previamente esta Sala. Entendemos que fue una buena decisión”.
Al general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Robiou, se le atribuye formar parte del entramado corrupto militar que operó en varias instituciones del Estado y que fue desmantelado por el órgano persecutor en el año 2021, bajo la operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral.
Otros vinculados por el Ministerio Público a hechos de corrupción en este proceso judicial, son: Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Mata Flores, el general Julio Camilo de los Santos y el mayor José Manuel Rosario Pirón, quienes también cumplen las mismas medidas de coerción.
El acusado Torres Robiou cumple arresto domiciliario desde mayo del año 2023, cuando la jueza titular del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, varió la medida de coerción de prisión preventiva que le fue impuesta para cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.