Latinoamericanas
Caracas rechaza que CIJ resuelva disputa con Guyana y apuesta a referendo
EFE
Tensión diplomática por el referendo en la disputa Venezuela-Guyana
Países Bajos.- Venezuela advirtió este miércoles a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que «no reconoce su jurisdicción» para resolver la disputa con Guyana por un territorio de casi 160,000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, y alertó de que «nada va a impedir» el referendo convocado por Caracas para el 3 de diciembre.
Después de que Guyana pidiera ayer a la CIJ medidas provisionales para frenar el referendo convocado por Caracas sobre esta disputa, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró hoy que esta «línea de acción es claramente la del colonialismo judicial«.
Rodríguez advirtió de que Venezuela «reafirma su rechazo categórico a la audaz acción de Guyana de interferir en sus asuntos internos: nada impedirá la celebración del referendo«.
«Es inaceptable intentar derogar el orden constitucional venezolano impidiendo el referendo consultivo del 3 de diciembre. Venezuela no aceptará esto (…) En la ONU, Venezuela se ha opuesto a la competencia obligatoria y automática de la Corte en 12 ocasiones desde su creación, demostrando así coherencia al respecto», aseguró Rodríguez.
Caracas reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero esas negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados y Guyana busca una solución a través de la CIJ.
Rodríguez se refirió hoy a ese acuerdo de 1966 y recordó que Caracas «no reconoce la vía judicial como un medio amistoso para alcanzar una solución práctica y mutuamente satisfactoria para las partes».
Por ello, tildó como «una manipulación burda y pueril» los argumentos expuestos ayer por Guyana ante la CIJ, en las que advirtió que el referendo venezolano supone una «amenaza existencial» para el territorio guyanés.
«Acudimos a esta Corte para defender la independencia, soberanía y autodeterminación como derechos inalienables de nuestra nación. Estamos aquí porque Guyana ha decidido abandonar y transgredir el Acuerdo de Ginebra, pero ahora pretende desacatar el orden internacional y promover un cambio en el sistema político venezolano a través de una acción intervencionista y audaz que busca instrumentalizar la Corte contra Venezuela«, señaló Rodríguez.
La petición de medidas provisionales por parte de Guyana «no tiene precedentes, es inusual» y «crea un peligro para el resto de la comunidad internacional, en particular esos Estados que tiene fórmulas constitucionales de participación similares», según Caracas, que defiende la celebración del referendo como un «asunto interno» de Venezuela.
«Los venezolanos tenemos derecho a consultarnos y escucharnos. Nadie puede negar ni dividir este derecho. Finalmente, el Estado de Venezuela no dará la espalda a lo que el pueblo decida durante el referendo«, alertó Rodríguez.
Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral de 1899 es nulo y sin efecto debido a que «afectó fraudulentamente 159,500 kilómetros cuadrados del territorio» de la Guayana Esequiba, como la llama el Gobierno venezolano.
En 2018, Guyana, antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la CIJ para resolver la disputa territorial entre ambos Estados sobre la región del Esequibo, y el pasado abril, la CIJ se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, lo que fue en un golpe a Caracas, puesto que había intentado que se declarara «inadmisible» este caso.
La acción del Gobierno de Nicolás Maduro al convocar un referendo ha disparado la tensión diplomática. Organismos como la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Commonwealth (mancomunidad de excolonias y protectorados británicos) rechazan esa consulta.
El agente de Guyana, Carl Greenidge, defendió ayer ante la CIJ que el referendo «está diseñado para obtener un mandato popular abrumador para que el gobierno (venezolano) rechace la competencia de la Corte, impida un fallo futuro de la Corte y, al hacerlo, socave la autoridad y la eficacia del principal órgano judicial de las Naciones Unidas».
Además, alertó a la CIJ de que Venezuela busca «anexar e incorporar a su propio territorio toda la región del Esequibo de Guyana«, y «otorgar la nacionalidad venezolana a su población».
Los dos días de audiencias sobre la indicación de medidas provisionales concluyeron este miércoles y se espera que el tribunal pueda pronunciarse en unas semanas.
Latinoamericanas
Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
Puede leer
Incertidumbre en Haití sobre la llegada de contingentes de la nueva fuerza antipandillas
Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.
Latinoamericanas
Se retrasa hasta este martes la llegada a Cuba del primer barco del Convoy Nuestra América
Latinoamericanas
Incautan en febrero 28 toneladas de cocaína en operaciones en diez países, incluyendo RD
Agencia EFE
Colombia.-La Policía de Colombia lideró en febrero una operación transnacional contra el narcotráfico que dejó 28 toneladas de cocaína incautadas y 38 personas capturadas en operativos simultáneos en diez países de América y Europa, informó este domingo la institución.
La ofensiva, que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de febrero, también permitió decomisar más de tres toneladas de marihuana, 1,800 litros de ketamina y 700,000 dólares en efectivo, así como tres vehículos y cuatro embarcaciones utilizadas por redes criminales.
Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de Estados Unidos, además de autoridades de Panamá, Ecuador, España, Francia y Países Bajos, entre otros países.
En total, los operativos se realizaron en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana, lo que, según la institución, evidencia el alcance global de estas organizaciones ilegales y la necesidad de cooperación internacional para combatirlas.