Opinión
Hoy, como ayer…
Por Isaías Ramos
La concesión de nuestros aeropuertos es una sombra oscura que persigue al pueblo dominicano, una estafa monumental que deja cicatrices en nuestra historia. Retrocedamos en el tiempo y recordemos las palabras contundentes del respetado jurista Jottin Cury en 1999, cuando denunció el contrato propuesto con la empresa AERODOM como ‘una burla a los mejores intereses del país’.
En este día, la historia se repite, y lo hace con un anuncio inesperado del jefe de estado. Afirma dirigirse al pueblo ‘con gran entusiasmo y satisfacción’ por una supuesta renegociación del contrato del aeropuerto. No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que, una vez más, hombres de prestigio de nuestra sociedad son involucrados, intentando revestir de legalidad acciones que, en su esencia, carecen de sustentación.
El presidente ha elegido un escenario impactante para dirigirse a la nación, empleando frases elocuentes como ‘los contratos pueden ser renegociados, pero los intereses de los dominicanos son innegociables para este gobierno’. Sin embargo, confiesa que el Estado no ha recibido ‘ninguna remuneración’ desde la entrega de nuestros aeropuertos en 2000.
La magnitud de la indignación se incrementa al contemplar que un activo público, generador de más de 4 mil millones de dólares, no ha retribuido a sus verdaderos dueños, al pueblo dominicano. Parece ser que el único propósito de esta concesión es maximizar las ganancias, aplicando tarifas aeroportuarias exorbitantes que impactan directamente en los costos de los vuelos.
Las palabras resonantes de Jottin Cury en el pasado aún resuenan en el presente. Este contrato, según él, era ‘incalificable, elaborado con la intención de empobrecer el patrimonio de la nación’ y que provocaba ‘náuseas por ser leonino’. Pero no detengámonos solo en este contrato inicial; exploremos los addendum y prerrogativas que se añadieron, contraviniendo los intereses del pueblo dominicano. Recordemos la última extensión de vigencia del contrato por 5 años más, firmada el 22 de marzo de 2004, sin siquiera ser ratificada por el congreso. No olvidemos las resoluciones del 11 de agosto de 2017, que aumentaron el cargo por manejo de equipaje y la tasa a cobrar por pasajero de entrada y salida.
El Frente Cívico y Social (FCS) ha sido un eco constante, denunciando estas realidades. Cada vez que la élite política anuncia al pueblo acciones de éxito y bienestar, la realidad se desvela como verdaderos fracasos que traen consigo miseria y empobrecimiento. No permitamos que nuestro pasado devore nuestro glorioso porvenir ni justifiquemos las aberraciones del presente, especialmente cuando comprometen el legado que dejaremos a las futuras generaciones.
Si, como dice el presidente, ‘los intereses de los dominicanos son innegociables para este gobierno’, deberíamos cuestionar la ética y la moral de renegociar un contrato que aún tiene 7 años para vencer. No solo es una cuestión de legalidad, sino de responsabilidad y justicia hacia las generaciones venideras.
En el FCS, creemos firmemente que la defensa de los intereses colectivos debería ser una decisión tomada por las autoridades elegidas por el pueblo dominicano a partir de 2028. En ese momento, podrán debatir y decidir la manera y la forma de operar nuestros aeropuertos. Si optan por continuar concesionándolos, lo mínimo que deberíamos exigir es un proceso de licitación transparente, similar al método utilizado por Advent International cuando decidió vender sus acciones, coordinado por bancos de inversión de alto renombre como Crédit Suisse y J.P. Morgan.
En este llamado final, en el FCS instamos al pueblo dominicano a despertar y a defender vigorosamente los intereses colectivos. La protección de estos valores es esencial para garantizar un futuro próspero y justo para toda la nación.
¡Despierta RD!»
Por José Cabral
En un país donde la politiquería lo ha dañado todo, absolutamente todo, hay que apelar a una herramienta que puede servir de mucho y se trata del voto en blanco como una forma de llamar a la atención silenciosa a unos partidos que nada les sirve de escarmiento.
En las pasadas elecciones municipales hubo un ensayo que, aunque no se trató exactamente del voto en blanco, sino del nulo, cuya última no parece ser la mejor opción, porque no son contabilizados y en consecuencia no surten ningún efecto, todavía requiere de una acción más contundente.
En cambio, el voto en blanco luce como una herramienta que como ya se ha planteado en diferentes lugares del mundo, representa una forma de protesta ante la conducta depravada y corrupto de los actores de la vida política nacional e internacional y sirve como una expresión democrática.
Sin lugar a dudas, que el voto en blanco puede ser la clave para darle una nueva vida y mayor credibilidad al sistema electoral dominicano y como vía de consecuencia a la democracia.
El alto nivel de abstención electoral es un espejo de la falta de estímulo del votante porque sufre desde hace décadas el mismo proceder de todas las organizaciones que conforman la odiosa partidocracia.
El voto en blanco podría constituirse en un instrumento útil para evitar que el desacreditado sistema político dominicano caiga en la ilegitimidad, aunque no necesariamente en la ilegalidad, pero que este paso, sin duda, haría reflexionar a los que no les importa los intereses de la mayoría, sino los propios, de grupos y de otros particulares.
Sería como una especie de desaprobación constructiva como ya lo planteo alguien en una reflexión sobre este mismo tema.
En algunos países del hemisferio el voto en blanco es un mecanismo de cambio, ya que si esta opción logra la mayoría podrían repetirse las elecciones, pese a que para que esto ocurra en la República Dominicana habría que modificar las leyes del régimen electoral.
Pero de cualquier modo no deja de ser útil el voto en blanco para enviarles un contundente mensaje a todos los «vividores» de la política vernácula, sobre todo porque el país no está muy lejos de tener un total colapso institucional.
Se imaginan los dominicanos preocupados con el sendero que lleva el país enviar un mensaje en las urnas de que ninguno de los candidatos merece su voto y la repercusión que esto podría tener en el ámbito nacional e internacional.
Como ya se ha dicho el voto en blanco no es una expresión de apatía, sino de inconformidad, es una forma de dejar claro que no se quiere ninguna de las opciones presentadas.
A votar en blanco el próximo 19 de mayo y la mayoría de la gente verá como las cosas comienzan a cambiar, incluso el burocratismo que caracteriza a las instituciones públicas, las cuales en el marco de la concepción de los partidos políticos que controlan el Estado, son un patrimonio particular de cuyas acciones no tienen que rendirle cuenta a nadie.
Por Isaías Ramos
El discernimiento es esa capacidad esencialmente humana que nos permite analizar, evaluar y comprender profundamente las encrucijadas que la vida nos presenta. Reflexionamos críticamente, balanceando aspectos racionales y emocionales, buscando esa chispa de claridad en cada decisión.
Pero, ¿qué sucede cuando el discernimiento parece fallar ante decisiones cruciales cuyas opciones parecen, todas, llevar a consecuencias negativas?
En esos momentos de incertidumbre, cuando el corazón pesa y el camino hacia adelante se nubla, es fundamental mantenernos fieles a nuestros principios. No podemos permitirnos el lujo de engañar a nuestra conciencia o justificar pequeñas traiciones por conveniencia o desesperación.
Actualmente, nuestra nación se encuentra inmersa en la recta final de una campaña electoral insulsa. Nos enfrentamos a una alarmante escasez de candidatos que realmente encarnen los valores y principios que nuestros padres de la patria instauraron. ¿Dónde están esos líderes capaces de trazar un camino claro hacia el futuro que deseamos? Las elecciones se acercan, y la oferta política parece más desalentadora que nunca.
Esta crisis de liderazgo es un claro desafío al poder del discernimiento individual. Nos vemos obligados a elegir en un panorama desolador donde predominan las promesas vacías y las estrategias populistas, más enfocadas en el engaño y la manipulación que en ofrecer soluciones reales. Las mismas caras, desgastadas por escándalos y fracasos, siguen ocupando el escenario político, insistiendo en que merecen otra oportunidad.
El discernimiento, sin embargo, debe ir más allá de la simple elección entre las opciones presentadas. Debe implicar una búsqueda activa de alternativas, un impulso hacia la creación de nuevas posibilidades que reflejen nuestros ideales más elevados. En estos momentos de crisis, es donde más se prueba la resiliencia de nuestra democracia y la integridad de nuestro compromiso con los valores fundacionales.
¿Cómo podemos confiar en aquellos que han sido parte del sistema corrupto que tanto ha dañado a nuestro país? La falta de visión política, la ausencia de transparencia y la escasez de propuestas innovadoras solo refuerzan la percepción de que la mayoría de los candidatos carecen del compromiso genuino necesario para liderar verdaderos cambios.
Es imperativo recordar que somos herederos de una nación forjada con principios y valores trascendentales. Frente a esta encrucijada crítica, debemos recordar nuestra responsabilidad como ciudadanos informados y conscientes. Cada voto que emitimos refleja nuestra dignidad y respeto por nosotros mismos. Vender o traicionar nuestros principios más íntimos equivale a despojarnos de nuestra propia humanidad.
Sucumbir a la tentación del egoísmo y la falta de integridad nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos sumerge en un camino oscuro, impulsados por intereses mezquinos en lugar de valores profundos y duraderos. En este contexto, el discernimiento por sí solo no basta.
En el Frente Cívico y Social, entendemos que solo unidos podemos superar este desafío crucial y abrir paso a una nueva era política fundada en valores auténticos y proyectos transformadores. El tiempo es esencial y nuestra nación merece lo mejor.
No permitamos que la falta de visión y principios nos condene al estancamiento perpetuo. Juntos, podemos redescubrir el significado de la política como servicio verdadero al pueblo, redefiniendo así el futuro de nuestra nación.
El cambio está en nuestras manos. Es hora de reclamar nuestro futuro, de construirlo sobre los cimientos de nuestra integridad. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional requerirá en ciertas ocasiones que un Estado Parte entregue a sus propios nacionales, cuando la persona sea sospechosa de haber cometido un crimen de la competencia de la CPI. No obstante, esto podría representar dificultades para aquellos Estados en los cuales su constitución expresamente prohíba la extradición de sus nacionales, y podría requerir de soluciones creativas.
Los Estados deberían tomar en cuenta el ¨carácter específico de la Corte¨ al decir sobre la mejor manera de asegurar que la nacionalidad de la persona requerida no afecte su entrega a la Corte Penal Internacional.
Los Estados Parte del Estatuto no podrán alegar bajo ninguna circunstancia que la nacionalidad del acusado, o una disposición constitucional que prohíbe la extradición de nacionales impida su entrega.
Para muchos Estados, la posibilidad de entregar sus nacionales a la CPI no necesita la implementación de una ley particular más que aquella que prevea la entrega de cualquier persona a la CPI.No obstante algunos Estados poseen una constitución que expresamente prohíbe la extradición de los nacionales. Estos Estados deben de escoger entre estas dos opciones:
- a)Algunos Estados podrían distinguir en su legislación entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la CPI, lo cual permitiría la entrega de nacionales a la CPI a pesar de la restricción a la ´´extradición¨ de nacionales a tribunales extranjeros, sin obstaculizar la habilidad del Estado de cooperar plenamente con la CPI.
La ventaja de esta medida consiste en el procedimiento simple a seguir para la entrega de una persona acusada a la CPI. También reconoce el carácter específico de la competencia de la CPI , la cual no puede considerarse como una jurisdicción extranjera , y prevé una manera más eficiente de proceder con la cooperación.
- b)La reforma podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio, asegurando que la constitución no sea violada por la entrega de un nacional a la CPI. La ventaja de una enmienda constitucional con una referencia específica a la CPI yace en el hecho de que elimina cualquier posibilidad de que surja un conflicto normativo a escala nacional.
Lo planteado anteriormente garantiza que los tribunales nacionales dicten sentencias de conformidad con sus obligaciones legales respecto al Estatuto de Roma, pese al posible dilema de entregar a un ciudadano a otro sistema judicial.