Santo Domingo, R.D.-Manuel Rocha, exdiplomático estadounidense, arrestado por delitos federales como ser agente del gobierno cubano, fue por tres años empleado de la Embajada estadounidense en Santo Domingo.
Rocha trabajó entre noviembre de 1991 y julio de 1994, como jefe adjunto de la Misión en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
El documento de acusación del Distrito Sur de la Florida señala que el 8 de mayo de 1994, durante una entrevista de investigación de antecedentes del FBI realizada en la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, con respecto a su nombramiento en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, “Rocha declaró falsamente”.
De acuerdo con su declaración: “No sabía de ninguna situación, pasada o presente, que pudiera tener relación con su idoneidad para el empleo en el gobierno de los Estados Unidos; que no había nada en su vida personal que pudiera afectar negativamente su nombramiento en el Consejo de Seguridad Nacional o que pudiera usarse”, indica la justicia estadounidense.
Además, el 7 de enero de 2017, usando su pasaporte dominicano, voló de La Habana a la ciudad de Panamá y luego a Santo Domingo.
Al día siguiente, el 8 de enero de 2017, regresó a Miami, usando su pasaporte de los Estados Unidos .
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que «durante décadas, Rocha supuestamente trabajó como agente encubierto para Cuba y abusó de su posición de confianza en el gobierno de Estados Unidos para promover los intereses de una potencia extranjera», dijo el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
Rocha obtuvo un empleo en el Departamento de Estado de Estados Unidos entre 1981 y 2002, en puestos que le proporcionaron acceso a información no pública, incluida información clasificada, y la capacidad de afectar la política exterior de Estados Unidos.
Después de que terminó su empleo en el Departamento de Estado, Rocha participó en otros actos destinados a apoyar a los servicios de inteligencia de Cuba, según el Departamento de Justicia estadounidense.
Desde 2006 hasta alrededor de 2012, Rocha fue asesor del Comandante del Comando Sur de Estados Unidos, un comando conjunto del ejército de Estados Unidos cuya área de responsabilidad incluye a Cuba.
«Rocha proporcionó información falsa y engañosa a Estados Unidos para mantener su misión secreta; viajó fuera de Estados Unidos para reunirse con agentes de inteligencia cubanos; e hizo declaraciones falsas y engañosas para obtener documentos de viaje«, dijo.
Según la denuncia, Rocha comenzó su carrera en el Departamento de Estado en 1981, ascendiendo de rango para desempeñar una variedad de funciones, incluidas desde febrero de 1989 hasta noviembre de 1991, como Primer Secretario de los EE.UU. en la Embajada en la Ciudad de México, México.
Desde julio de 1994 hasta julio de 1995 laboró como empleado del Departamento de Estado, como Director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con responsabilidad especial, entre otras cosas, sobre Cuba.
También, desde julio de 1995 hasta julio de 1997 como Oficial Principal Adjunto de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Cuba.
Desde julio de 1997 hasta noviembre de 1999 fue designado como Jefe Adjunto de Misión en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina; y entre noviembre de 1999 hasta agosto de 2002, como Embajador en Bolivia en la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Bolivia.
La denuncia alega que, en una serie de reuniones durante 2022 y 2023, con un agente encubierto del FBI haciéndose pasar por un representante encubierto de la Dirección General de Inteligencia cubana, Rocha hizo repetidas declaraciones admitiendo sus “décadas” de trabajo para Cuba, que abarcan “40 años”.
Rocha está acusado de conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación previa al Fiscal General; actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación previa al Fiscal General; y con el uso de pasaporte obtenido mediante declaración falsa.
Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó a su homólogo dominicano, Luis Abinader, por la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que concluyen este sábado en la capital dominicana.
Durante un encuentro celebrado en Cali, Colombia, Asfura explicó que dirigentes deportivos hondureños que participan en los Juegos le manifestaron estar gratamente impresionados con la organización, las instalaciones deportivas, la villa destinada a los atletas y el trato recibido.
Ambos gobernantes se reunieron en un hotel de la ciudad colombiana, donde asistieron a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
Durante la conversación, el mandatario hondureño solicitó el respaldo y la colaboración de República Dominicana para organizar los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para celebrarse en Honduras en 2029.
Asfura afirmó que Santo Domingo 2026 ha representado un ejemplo para la región por la calidad organizativa de un evento que reúne a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas.
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Abinader prometió compartir la experiencia dominicana en todo lo relacionado con la organización y el montaje de la competencia.
Asimismo, puso en contacto al mandatario hondureño con el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, para iniciar un proceso de colaboración con las autoridades deportivas de Honduras.
En otra parte del encuentro, el presidente dominicano invitó a Asfura a visitar República Dominicana para continuar profundizando las relaciones comerciales, empresariales y culturales entre ambos países. La fecha de la visita será informada posteriormente.
En la reunión participaron también los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras, así como Jaqueline Foglia Sandoval, embajadora hondureña en Colombia, y Félix Aracena, embajador dominicano en ese país.
Santo Domingo, R.D.-La lectura integra de la sentencia número 249-02-2026 SSEN-00040 fue reprogramada para el 23 de septiembre a las dos de la tarde por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual condena a Adam Caceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robipu, acusados de corrupción y lavado de activos.
La decisión, contenida en el Auto núm. 249-02-2026-TFIJ-00052, busca concluir adecuadamente la redacción y revisión de la decisión motivada correspondiente al proceso núm. 062-2022-EPEN-00201, tras ponderar la complejidad del proceso y la amplitud del debate del juicio oral que se extendió por aproximadamente 658 días calendario.
En el proceso fueron juzgados 36 acusados, de los cuales 29 son personas físicas y 7 personas jurídicas, además de la participación de 18 intervinientes voluntarios.
La dimensión del juicio se refleja en el volumen probatorio producido durante los debates, que incluyó 319 testimonios, 4,081 pruebas documentales, 146 pruebas periciales y 114 pruebas materiales, elementos cuya valoración individualizada debe quedar debidamente plasmada en la sentencia escrita.
El órgano jurisdiccional destacó que la explicación oral ofrecida al momento de pronunciar el dispositivo de la sentencia tuvo una duración aproximada de 11 horas, mientras que la parte dispositiva comprende 41 ordinales distribuidos en 88 páginas.
Aunque el tribunal informó que ha mantenido un trabajo constante en la redacción de la sentencia desde la emisión del dispositivo, indicó que aún restan aspectos cuya fundamentación demanda un análisis detallado.
Además, una vez concluidos esos apartados, resulta necesario integrar el documento completo y realizar una revisión conjunta destinada a garantizar la coherencia interna, la congruencia y la suficiencia de la motivación judicial.
La decisión también enfatiza que la motivación de las sentencias constituye una garantía esencial del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.
Al evaluar el cronograma procesal, el tribunal explicó que el plazo legal para la redacción de la sentencia concluía el 8 de septiembre de 2026. Sin embargo, consideró razonable otorgar una extensión adicional de 10 días hábiles, fijando la lectura íntegra para el 23 de septiembre de 2026.
Finalmente, el tribunal ordenó la notificación de esta decisión a todas las partes involucradas y reiteró que la lectura íntegra de la sentencia constituye el acto formal de notificación previsto por la normativa procesal penal.
BARAHONA.- Ciento nueve armas de fuego de diferentes marcas y calibres, además de municiones, drogas y objetos vinculados a actividades delictivas en las provincias de la region de Enriquillo, fueron ocupados por la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional.
Las autoridades indicaron que, como resultado de las labores de prevención, inteligencia e investigación, decenas de personas han sido apresadas en flagrante delito por su presunta vinculación con distintas infracciones.
Entre las armas ocupadas figuran ocho de alto calibre, incluidos cuatro fusiles, lo que, según la institución, representa un golpe a la circulación ilegal de armamentos y contribuye a reducir los riesgos asociados a hechos violentos en la zona.
La Policía informó que demás de las armas de fuego, durante operativos preventivos realizados desde el 21 de febrero hasta la fecha, también fueron incautadas sustancias narcóticas, armas cortopunzantes, balanzas, dinero en efectivo y otros artículos relacionados con actividades ilícitas.
La Policía atribuyó los resultados a las acciones estratégicas desplegadas por la Dirección Regional Sur en coordinación con sus departamentos operativos e investigativos, como parte de las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos.
La institución aseguró que continuará ejecutando operativos focalizados y acciones conjuntas con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado para combatir el porte ilegal de armas, el microtráfico de drogas y otras manifestaciones delictivas que afectan a las comunidades de la región Enriquillo.
Asimismo, exhortó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades mediante denuncias oportunas y garantizó la confidencialidad de las informaciones suministradas, como parte del esfuerzo para preservar el orden, la paz y la seguridad en la zona.