El artista declaró a los investigadores que los agresores ya habían atacado mortalmente a su esposa; fue despojado de dinero, prendas y un teléfono celular

SANTO DOMINGO ESTE, República Dominicana.– El merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro, habría sido sorprendido por varios individuos cuando llegó alrededor de la 1:00 de la madrugada de este lunes a su residencia, donde su esposa, Zeneida Socorro Castillo, ya había sido atacada mortalmente.

La información forma parte de las declaraciones ofrecidas por el propio artista a los investigadores, de acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional.

Durante el hecho, los agresores habrían despojado a Julián Oro Duro de dinero en efectivo, prendas de valor y un teléfono celular, mientras las autoridades continúan investigando para determinar el móvil y reconstruir completamente la secuencia de los acontecimientos.

Esposa habría sido atacada antes de su llegada

Las pesquisas preliminares establecen que Zeneida Socorro Castillo habría sido atacada antes de que el músico llegara a la vivienda, ubicada en la calle Penetración, sector Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

Según el diagnóstico médico-legal preliminar divulgado por las autoridades, Castillo falleció como consecuencia de un trauma craneofacial y una herida cortopenetrante en la región lateral izquierda del cuello.

Las circunstancias exactas en las que se produjo su muerte continúan bajo investigación.

Artista presenta lesiones craneofaciales

Tras llegar a la residencia, Julián Oro Duro también fue agredido por los individuos.

La evaluación médica citada por la Policía establece que el artista presenta lesiones craneofaciales y hemorragia intracraneal, por lo que permanece bajo atención médica.

Horas después del hecho se informó que el músico se encontraba estable dentro de su condición y recibiendo las atenciones correspondientes.

Policía y Ministerio Público investigan

La Policía Nacional informó que varios equipos especializados fueron desplegados para esclarecer el crimen.

En las investigaciones participan agentes de la División de Investigación de Delitos contra las Personas (Homicidios), miembros de la Policía Científica y representantes del Ministerio Público.

Los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias, entrevistas y otros elementos que permitan identificar y localizar a los responsables.

Uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es cuánto tiempo permanecieron los atacantes dentro de la residencia y si esperaron deliberadamente la llegada del artista.

El abogado de Julián Oro Duro, Cándido Simón, ha planteado públicamente dudas sobre que el hecho pueda explicarse únicamente como un robo y considera que las circunstancias deben investigarse para determinar si existió una planificación previa.

Esa posición constituye, hasta el momento, una hipótesis de la representación legal de las víctimas y no una conclusión oficial de las autoridades.

Buscan establecer el móvil

Aunque durante el ataque fueron sustraídos dinero y objetos de valor, la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para determinar el verdadero móvil del hecho.

Las autoridades aseguran que mantienen desplegados equipos para identificar, localizar y poner a disposición de la justicia a los responsables de la muerte de Zeneida Socorro Castillo y de las heridas ocasionadas a Julián Oro Duro.

El caso ha generado amplia atención pública durante este lunes, mientras continúan surgiendo nuevos elementos sobre la secuencia del ataque y las autoridades avanzan en las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

La defensa de Ángel Luis Guzmán Vásquez y su familia asegura que existe disposición de cooperar con las autoridades y explorar una salida alterna dentro del proceso

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una estructura investigada por un supuesto fraude superior a RD$41 millones contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), estaría dispuesto, junto a miembros de su familia vinculados al expediente, a explorar una solución alterna con el órgano acusador.

Así lo informó el abogado Billy Gerónimo, representante legal de Guzmán Vásquez y de su hermano, Angeury Guzmán Vásquez, quien también figura entre las personas investigadas en el caso.

“Estamos cooperando con el Ministerio Público”, manifestó el jurista, al indicar que sus representados están dispuestos a considerar mecanismos legales que permitan una eventual salida alterna al proceso.

Ángel Luis cumple prisión preventiva

Ángel Luis Guzmán Vásquez se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.

Su detención se produjo en abril pasado cuando, de acuerdo con las autoridades, intentaba salir del país.

Mientras tanto, su hermano Angeury Guzmán Vásquez fue detenido el pasado viernes y está a la espera del conocimiento de la solicitud de medida de coerción presentada en su contra.

La defensa adelantó que solicitará el aplazamiento de la audiencia para disponer de tiempo suficiente para preparar y presentar la documentación con la que pretende demostrar el arraigo del imputado y sostener que este no representa peligro de fuga.

Ministerio Público señala a otros familiares

La investigación también menciona a otros integrantes de la familia de Ángel Luis Guzmán Vásquez, aunque algunos de ellos no se encuentran detenidos.

Según la solicitud de medida de coerción, entre las personas señaladas se encuentra Adonay María Carrasco Heredia, esposa de Ángel Luis.

El expediente también identifica a sus padres, Ángel Guzmán Patricio y Milagros Vásquez Gálvez.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Guzmán Patricio habría sido utilizado para la presunta triangulación de recursos, mientras que a Vásquez Gálvez se le atribuye participación en determinadas transacciones financieras cuya naturaleza y justificación forman parte de la investigación.

Estas imputaciones corresponden a la versión presentada por el órgano acusador y deberán ser debatidas y demostradas ante los tribunales.

Investigación incluye supuestas consultas no realizadas

Otro familiar mencionado en el expediente es Víctor Winerbi Aybar Vásquez, primo del principal investigado.

Según sostiene el Ministerio Público, Aybar Vásquez figura dentro del sistema de la aseguradora estatal relacionado con autorizaciones de servicios y consultas médicas que presuntamente no fueron realizadas.

La investigación busca establecer si se solicitaron y cobraron autorizaciones correspondientes a procedimientos, estudios o consultas que los afiliados de SeNaSa aseguran no haber recibido.

Un total de 25 personas imputadas

El Ministerio Público imputa en este proceso a 25 personas, entre ellas 21 médicos, por su presunta participación en un esquema mediante el cual se habrían solicitado autorizaciones de estudios y consultas especializadas a nombre de afiliados de SeNaSa sin que, según la acusación, esos servicios fueran efectivamente prestados.

El órgano persecutor sostiene que las operaciones investigadas habrían generado un perjuicio superior a RD$41 millones a la aseguradora estatal.

La eventual disposición de algunos imputados a negociar con el Ministerio Público no supone por sí sola la existencia de un acuerdo. Cualquier salida alterna deberá realizarse conforme a los mecanismos establecidos por la legislación procesal penal y, cuando corresponda, quedar sometida al control del tribunal.

Las imputaciones contenidas en el expediente constituyen hasta el momento la tesis del Ministerio Público. Corresponderá a los tribunales valorar las pruebas, los argumentos de las defensas y determinar las responsabilidades individuales respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Afiliados aseguran no reconocer servicios médicos facturados a la aseguradora estatal; auditores y especialistas del INACIF también forman parte de la oferta probatoria

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público incorporó cientos de testimonios de afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), además de auditorías y peritajes financieros, documentales y digitales, como parte de la oferta probatoria presentada en el denominado caso SeNaSa 2.0-A.

De acuerdo con el expediente elaborado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), numerosos afiliados consultados durante la investigación declararon no reconocer determinados servicios médicos que aparecen registrados como reclamados ante la aseguradora estatal.

El documento enumera testimonios desde el número 10 hasta, por lo menos, el número 300, lo que evidencia la amplitud de las declaraciones recopiladas durante la investigación.

Afiliados niegan haber recibido servicios facturados

Según sostiene el órgano acusador, varios afiliados manifestaron que no recibieron atenciones de determinados profesionales cuyos nombres aparecen asociados a reclamaciones realizadas a SeNaSa.

Entre los médicos mencionados en el expediente figuran Griselda Altagracia Basora Ramírez, Laura Altagracia Santana Evangelista, Adriano H. López, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Rafael Mauricio Cabral González, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Wander Manuel Díaz Encarnación, entre otros.

La inclusión de estos nombres corresponde a lo establecido por el Ministerio Público dentro de su investigación y no constituye, por sí misma, una determinación de responsabilidad penal.

En relación con Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, exsubdirector del Hospital Darío Contreras, el expediente recoge declaraciones de afiliados que, según la acusación, no reconocen haber recibido determinados servicios atribuidos al profesional.

Situaciones similares son descritas respecto de otros médicos incluidos en la investigación.

Investigación también examina movimientos financieros

La acusación incorpora análisis de operaciones financieras que el Ministerio Público considera relevantes para sustentar su teoría del caso.

Entre estas se encuentran transacciones que, conforme al expediente, habrían sido identificadas entre algunos profesionales de la salud investigados y el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez.

Los fiscales pretenden relacionar esos movimientos con los testimonios de afiliados y con otros elementos documentales y periciales recabados durante la investigación.

Será el tribunal competente el que deberá determinar el valor probatorio de esos elementos y su eventual vinculación con las conductas atribuidas a cada imputado.

Auditorías de SeNaSa forman parte del expediente

La oferta probatoria no se limita a los testimonios de afiliados.

El Ministerio Público también incluyó a funcionarios y especialistas que participaron en auditorías y levantamientos realizados dentro de SeNaSa.

Entre ellos se encuentran Giselle M. Herrera Segura, coordinadora de la Unidad de Investigación de SeNaSa, y Helen Navil Encarnación Alcántara, subgerente de Auditoría Médica.

Según el expediente, ambas deberán explicar ante el tribunal la metodología empleada, los antecedentes de las investigaciones y los hallazgos obtenidos durante las auditorías relacionadas con las reclamaciones examinadas.

Peritos del INACIF explicarán análisis financieros

Otra parte importante de la oferta probatoria corresponde a especialistas de la Subdirección de Auditoría Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Entre los peritos señalados figuran Valentina Suero de la Cruz, Wanda María Ramírez Rodríguez, Evelin José Gerez y Tomás Ery Heredia Severino.

Estos profesionales participaron, según la documentación, en la elaboración o análisis del informe pericial financiero identificado como INACIF-AF-025-2025 y deberán explicar los procedimientos empleados, así como sus hallazgos y conclusiones.

El expediente contempla igualmente pruebas documentales y digitales, incluyendo la participación de especialistas vinculados a investigaciones forenses tecnológicas.

Tribunal tendrá la última palabra

Con este conjunto de testimonios, auditorías, análisis financieros y peritajes, el Ministerio Público procura sustentar su teoría sobre las presuntas irregularidades investigadas en perjuicio del Seguro Nacional de Salud.

Sin embargo, las afirmaciones sobre fraude, irregularidades y participación penal forman parte de la tesis de la acusación y deberán ser debatidas durante el proceso judicial.

Las defensas tendrán la oportunidad de controvertir las pruebas, presentar sus propios elementos y formular los argumentos que consideren pertinentes.

Corresponderá finalmente al tribunal valorar las evidencias y determinar, conforme al debido proceso y a la presunción de inocencia, la eventual responsabilidad individual de cada una de las personas sometidas al proceso.