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Envían a juicio de fondo a implicados en fraude de terrenos de Los Tres Brazos
Santo Domingo, R.D.- El Ministerio Público interpuso un Recurso de Apelación en contra del auto de no ha lugar dictado por el exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró en junio de 2022- en favor de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y otros 16 acusados en la venta del sector Los Tres Brazos del municipio Santo Domingo Este, el cual fue acogido por los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Los jueces Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás ordenaron de inmediato la apertura de juicio de fondo contra Leoncio Almánzar, Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de Corde (Corporación Dominicana de Empresas Estatales); Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Asimismo va al juicio de fondo Lisetel González, quien está acusada de prestar su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
No ha lugar
Los jueces concedieron el auto de no ha lugar el agrimensor Hadonis Cruz Mella, Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
También, obtuvieron no ha lugar José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec, y la agrimensora Ana Antonia Ozuna Nolasco. La fecha de inicio de juicio de fondo está pendiente a fijarse por parte de la Corte.
Fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) establecieron que los involucrados en la trama de venta de terrenos en los Tres Brazos enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
Ministerio Público
Rosa Pichardo, representante del Ministerio Público, al considerar como un éxito la decisión de los jueces explicó: «Esta ha sido una decisión mixta y el Ministerio Público salió ganancioso, por lo que en una próxima etapa de juicio de fondo habremos de hacer valer las pruebas en contra de los acusados».
Con relación a los señalados que fueron favorecidos con un auto de no ha lugar manifestó que el Ministerio Público ha de hacer los análisis para presentar los recursos de lugar en esta próxima etapa.
Representantes de Los Tres Brazos
Los jueces consideraron que la querella interpuestas por Manuel de Jesús Contreras y Vicenta García, constituidos en actores civiles en nombre de los habitantes de Los Tres Brazos fue en tiempo hábil y basada en derechos.
En ese sentido, el presidente del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, Milciades Gerardo, expresó que esto constituye una victoria por parte de la comunidad.
- «Es bueno que donde se estafan personas y se vende un barrio, no puede quedar en la impunidad», planteó Gerardo a la prensa a su salida de la Corte junto a decenas de comunitarios.
Advirtió que, llegarán hasta las últimas consecuencias, esperando una condena definitiva y que se puedan resarcir las personas «estafadas» en la comunidad.
De igual forma, pidieron al gobierno, que una vez terminado este proceso debe proceder a titular de forma definitiva Los Tres Brazos.
La presunta estafa ha sido cuantificada por el Ministerio Público por más de 90 millones de pesos.
También acusan a los implicados de haberse robado más de cuatro millones de metros cuadrados de Los Tres Brazos en detrimento del Estado dominicano y miles de familias.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.