La escogencia de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional debe extremar la vigilancia para prevenir que los partidos políticos acaben definitivamente con los pocos niveles de institucionalidad que hoy caracterizan al Estado dominicano.
Siempre se ha dicho y repetido una mil veces que los partidos son el alma de la democracia, lo cual explica que ésta sea tan corrompida y mala.
Los partidos políticos no promueven otra cosa que no sea aquellas conductas que distorsionan absolutamente todo.
Por esta razón ellos dañan desde el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, sin que quede algún espacio para enderezar el país.
No es que este periódico esté o sea enemigo de estas organizaciones, sino que el comportamiento de ellas habla por sí solo.
Sin embargo, una de las responsabilidades del Tribunal Constitucional es llevar a los partidos políticos a actuar apegados a una conducta ética que sirva de ejemplo a toda la nación.
Porque de lo contrario el país corre el riesgo de tener un Estado inviable y fallido, tal vez muy similar a lo que ocurre en Haití, donde el mismo sólo existe de derecho, pero no de hecho.
Y la responsabilidad descansa en el TC, cuyos jueces tienen la misión de poner en cintura a la partidocracia, conformada no solo por los partidos tradicionales, sino también por los medianos y pequeños que le sirven de bisagra.
Es ahí donde estriba el miedo, la incertidumbre y la preocupación de amplios sectores de la vida nacional.
El libertinaje que caracteriza el comportamiento de la partidocracia es que impone que los jueces del Tribunal Constitucional tengan una tolerancia cero con los actores de la vida político-partidista nacional.
No se trata de buscar su desaparición, porque son un elemento importante de la democracia, sino llevarlo a que tengan una conducta acorde con la moral y la ética que debe normar cualquier sociedad civilizada.
El reto del nuevo Tribunal Constitucional está echado, solo falta evaluar sus resultados.