Nacionales
Presentan recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1-24
Santo Domingo.- Fue presentada este lunes una acción de inconstitucionalidad por parte del candidato presidencial Carlos Peña en contra la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una norma que diferentes sectores temen que pueda tener consecuencias en la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos.
Otros colectivos como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec), la Fundación Periodismo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y la Fundación Periodismo advirtieron sobre el peligro que, a su juicio, ofrece esta legislación.
RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Peña, del Partido Generación de Servidores, GenS, presentó su recurso ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que se declare no conforme a la Carta Magna y, por tanto, se considere nula de pleno derecho y se revoque por completo.
En esta acción de inconstitucional también se solicita que se anule cualquier acto y disposiciones conexas derivadas de la aplicabilidad y ejecución de la Ley 1-24, así como la suspensión inmediata de la ejecución de la misma, al menos con carácter provisional, hasta que el Tribunal Constitucional conozca el asunto con carácter definitivo.
EXPLICA MOTIVOS DEL RECURSO
En declaraciones a los medios, Peña dijo que se presenta esta acción para evitar prácticas que «entendíamos ya superadas, como lo es el espionaje, el caliesaje vulgar y la represión institucionalizada para limitar la libre expresión».
Calificó la ley de «atropello a toda la privacidad, a la dignidad que nuestra Carta Magna consagra debe protegerse», por lo que, subrayó, «nos convertimos en el primer partido en presentar una acción de inconstitucionalidad para proteger los derechos de los dominicanos».
ADOCCO TAMBIEN RECHAZA NORMATIVA
Previamente, este domingo la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) rechazó esta normativa al entender que la misma podría tener la interpretación y aplicación que el Gobierno quiera darle, violando los derechos fundamentales de las personas.
ATRIBUCIONES QUE TENDRÍA LA NUEVA ENTIDAD
Entre las atribuciones de la Dirección Nacional de Inteligencia está poder investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones que «atente» contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
FUNDACION DICE LEY ATENTA CONTRA DEMOCRACIA
La Fundación Periodismo advirtió acerca de los riesgos que para la ciudadanía y el sistema democrático que vive República Dominicana representa la referida legislación.
Afirma que es peligroso dejar en manos de una entidad controlada por el Poder Ejecutivo, en un país de instituciones «débiles» y donde todo «se politiza», el derecho de decidir y actuar contra quienes se considere estarían conspirando contra la llamada seguridad nacional.
“La ley 1-24 es atentatoria al ejercicio de los derechos civiles y políticos que garantiza la propia democracia, por lo que en su esencia representa el riesgo de que volvamos a trillar caminos que este país superó a base de sangre, dolor y luto”, sostiene la entidad en documento de prensa.
Indica que es deber de todos los dominicanos enfrentar y evitar a toda costa cualquier intento favorable al resurgimiento de prácticas dictatoriales, que se justifiquen en una supuesta defensa de la seguridad nacional.
an-am
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.