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Habrá elecciones justas y transparentes, según el Presidente de la JCE
Santo Domingo, R.D.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, dijo este miércoles durante una conferencia de prensa este miércoles que todos los dominicanos pueden dormir tranquilos, habrá elecciones justas y transparentes este 18 de febrero.
Jáquez presentó este miércoles el informe de auditoría realizado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) a los equipos que utilizarán para la trasmisión de resultados de las elecciones municipales de 2024.
Jhonny Rivera, director de Informática de la JCE, quien acompañó a Jáquez junto a los demás integrantes del pleno, explicó que de esta evaluación 19 de las recomendaciones fueron completadas, representando el 79%.
Además, dijo que la auditoría, realizada durante el periodo del 11 al 19 de enero de 2024, reflejó que 2 están en proceso de ser cumplidas y 3 no han sido superadas, siendo esto el 8% y 3% respectivamente.
En tanto, Jáquez aseguró que los equipos multifuncionales fueron entregados a CAPEL sin previo uso para garantizar la transparencia del proceso de auditoría.
Jáquez subrayó que esto muestra la voluntad de la JCE para no intervenir en los aparatos tecnológicos, asegurando una evaluación pulcra.
“Este hecho, aunque contribuyó a la identificación de algunos hallazgos, refleja nuestra decisión de no intervenir previamente en los dispositivos para poder presentar una evaluación genuina y real de la situación”, estableció.
El titular del órgano electoral anunció además que mañana, jueves, a las 3:00 de la tarde, realizarán a través de la Dirección de Informática una reunión con los delegados y representantes de los partidos políticos para socializar esta auditoría.
Por último, adelantó que los auditores, integrantes de CAPEL, visitarán desde el 13 hasta el 20 de febrero la JCE para culminar el proceso de evaluación de las elecciones municipales.
HALLAZGOS
Ante las observaciones emitidas por CAPEL, que no fueron solucionados por los técnicos de la JCE, el reporte dicta varias recomendaciones para eliminar estas fallas.
“Es importante destacar que la vulnerabilidad destacada no ha sido remediada”, subraya.
Consideran que la JCE debe implementar técnicas de cifrado en memoria y realizar una revisión de los procesos que pueden acceder a la memoria para mitigar la exposición de claves.
También, indicaron que las credenciales del usuario que utiliza el EDET para conectarse a la base de datos central o principal están “expuestas”.
“Este hallazgo se considera aún no remediado, aunque su severidad haya disminuido”, dice el documento de CAPEL.
Para enmendar esto, la entidad internacional aconsejó aplicar técnicas de cifrado en memoria y realizar una verificación de los procesos.
El último señalamiento no acatado es sobre la exposición del puerto de servidores utilizado en la base de datos central del EDET, ya que este continúa en condiciones vulnerables.
“La solución definitiva es el cambio de arquitectura de la aplicación, lo cual por tema de tiempo y complejidad no es posible hacerlo por el momento”, estableció.
CAPEL entiende que crear una arquitectura basada en “APlS”, es la manera inmediata para atender esta problemática, teniendo en cuenta esto protegerá la base de datos principal.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.