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Habrá elecciones justas y transparentes, según el Presidente de la JCE
Santo Domingo, R.D.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, dijo este miércoles durante una conferencia de prensa este miércoles que todos los dominicanos pueden dormir tranquilos, habrá elecciones justas y transparentes este 18 de febrero.
Jáquez presentó este miércoles el informe de auditoría realizado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) a los equipos que utilizarán para la trasmisión de resultados de las elecciones municipales de 2024.
Jhonny Rivera, director de Informática de la JCE, quien acompañó a Jáquez junto a los demás integrantes del pleno, explicó que de esta evaluación 19 de las recomendaciones fueron completadas, representando el 79%.
Además, dijo que la auditoría, realizada durante el periodo del 11 al 19 de enero de 2024, reflejó que 2 están en proceso de ser cumplidas y 3 no han sido superadas, siendo esto el 8% y 3% respectivamente.
En tanto, Jáquez aseguró que los equipos multifuncionales fueron entregados a CAPEL sin previo uso para garantizar la transparencia del proceso de auditoría.
Jáquez subrayó que esto muestra la voluntad de la JCE para no intervenir en los aparatos tecnológicos, asegurando una evaluación pulcra.
“Este hecho, aunque contribuyó a la identificación de algunos hallazgos, refleja nuestra decisión de no intervenir previamente en los dispositivos para poder presentar una evaluación genuina y real de la situación”, estableció.
El titular del órgano electoral anunció además que mañana, jueves, a las 3:00 de la tarde, realizarán a través de la Dirección de Informática una reunión con los delegados y representantes de los partidos políticos para socializar esta auditoría.
Por último, adelantó que los auditores, integrantes de CAPEL, visitarán desde el 13 hasta el 20 de febrero la JCE para culminar el proceso de evaluación de las elecciones municipales.
HALLAZGOS
Ante las observaciones emitidas por CAPEL, que no fueron solucionados por los técnicos de la JCE, el reporte dicta varias recomendaciones para eliminar estas fallas.
“Es importante destacar que la vulnerabilidad destacada no ha sido remediada”, subraya.
Consideran que la JCE debe implementar técnicas de cifrado en memoria y realizar una revisión de los procesos que pueden acceder a la memoria para mitigar la exposición de claves.
También, indicaron que las credenciales del usuario que utiliza el EDET para conectarse a la base de datos central o principal están “expuestas”.
“Este hallazgo se considera aún no remediado, aunque su severidad haya disminuido”, dice el documento de CAPEL.
Para enmendar esto, la entidad internacional aconsejó aplicar técnicas de cifrado en memoria y realizar una verificación de los procesos.
El último señalamiento no acatado es sobre la exposición del puerto de servidores utilizado en la base de datos central del EDET, ya que este continúa en condiciones vulnerables.
“La solución definitiva es el cambio de arquitectura de la aplicación, lo cual por tema de tiempo y complejidad no es posible hacerlo por el momento”, estableció.
CAPEL entiende que crear una arquitectura basada en “APlS”, es la manera inmediata para atender esta problemática, teniendo en cuenta esto protegerá la base de datos principal.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.