Latinoamericanas
Crisis de la vivienda en Argentina por la inflación y la liberalización de los alquileres
Buenos Aires.- Argentina atraviesa una crisis habitacional, que se evidencia en la dificultad de acceso a las viviendas de alquiler, algo que es notorio en la ciudad de Buenos Aires. El precio de publicación de departamentos de dos ambientes se multiplicó por cuatro a lo largo de 2023, según cifras del gobierno de la capital. La situación se ha visto potenciada por la muy alta inflación general y por el decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno de Javier Milei en diciembre.
El decreto dejó sin efecto la ley de alquileres de 2020, que garantizaba contratos de un mínimo de tres años y que establecía, tras una modificación, actualizaciones semestrales con un índice que promediaba el aumento de los salarios y de la inflación.
Para los propietarios e inmobiliarias, el decreto ayudó a abrir el mercado, pero para los inquilinos ha significado un incremento en los precios, que algunos fueran fijados en dólares, algo que estaba prohibido antes, y una modificación en los plazos y formas de actualización de la renta a pagar.
En diciembre de 2023 Romina Mamani, una docente de 43 años, se enteró de que la renovación del contrato que había apalabrado con la propietaria del departamento que alquila y en el que vive con su hijo de 15 años, ya no regía. Para firmar uno nuevo iba a tener que aceptar un 25% de aumento por encima de lo que había acordado originalmente.
Dijo que no y se puso a buscar alternativas. «No encontré nada, y todo lo que era por la zona o aledaño eran números exorbitantes, precio moneda extranjera, dólar, y regulado por IPC», dice a RFI.
El IPC es el índice de precios al consumidor, que es el que mide la inflación. Si un alquiler aumenta según ese índice es difícil, por no decir imposible, que Mamani pueda sostenerlo con su sueldo de docente, especialmente cuando la inflación en Argentina ya es del 211 % anual.
«Hay una situación gravísima, de contratos muy cortos para vivienda, de tres meses, seis meses, un año, aumentos de entre el 300 y el 500 %», explica Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, una organización de la sociedad civil que busca proteger los derechos de aquéllos que alquilan una vivienda, como Romina Mamani.
Para Muñoz, el decreto de necesidad y urgencia, mediante el que el gobierno dio libertad de negociación en el mercado de alquileres, ha ido en detrimento de los inquilinos.
Los propietarios aplauden la medida
Sin embargo, propietarios e inmobiliarias consideran que el decreto fue positivo. Claudio Vodanovich, secretario general de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios y ex secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, cree que, gracias al decreto, el mercado se estabilizará y aumentará la oferta.
«Va a producir, por un lado, el descenso de los precios, la posibilidad del inquilino de poder optar entre distintas alternativas para su vivienda, y también el acomodamiento de los precios«, asegura.
Por ahora, ésta no ha sido la experiencia de Romina Mamani, que no encontró otro lugar para vivir que pueda pagar y cuando quiso volver a aceptar la oferta de la propietaria, se encontró con que la única alternativa que le daba era firmar un convenio de desalojo.
Un convenio por el que tiene garantizada la vivienda hasta junio de 2024, pero cuando llegue ese mes deberá irse del departamento.
«Yo estoy buscando, y mis contactos también están buscando. El tema es que encuentre a alguien que no me pida una locura y por eso me dijeron que espere», nos cuenta.
Hasta entonces el Congreso o la Corte Suprema podrían rechazar el decreto y que vuelva a entrar en vigencia la Ley de alquileres de 2020. También puede ser que el decreto quede vigente.
En cualquiera de los casos, si la inflación sigue siendo tan alta, las condiciones que encontrarán Romina Mamani y otros que están buscando vivienda para alquilar seguirán siendo complicadas.
Latinoamericanas
Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Incertidumbre en Haití sobre la llegada de contingentes de la nueva fuerza antipandillas
Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.
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Se retrasa hasta este martes la llegada a Cuba del primer barco del Convoy Nuestra América
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Incautan en febrero 28 toneladas de cocaína en operaciones en diez países, incluyendo RD
Agencia EFE
Colombia.-La Policía de Colombia lideró en febrero una operación transnacional contra el narcotráfico que dejó 28 toneladas de cocaína incautadas y 38 personas capturadas en operativos simultáneos en diez países de América y Europa, informó este domingo la institución.
La ofensiva, que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de febrero, también permitió decomisar más de tres toneladas de marihuana, 1,800 litros de ketamina y 700,000 dólares en efectivo, así como tres vehículos y cuatro embarcaciones utilizadas por redes criminales.
Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de Estados Unidos, además de autoridades de Panamá, Ecuador, España, Francia y Países Bajos, entre otros países.
En total, los operativos se realizaron en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana, lo que, según la institución, evidencia el alcance global de estas organizaciones ilegales y la necesidad de cooperación internacional para combatirlas.