Opinión
Roque Espaillat, «El Cobrador».
Por José Cabral
Hace ya algunos meses que través de un amigo conocí a Roque Espaillat, «El Cobrador», cuyo seudónimo es el resultado de la creación de Melvin Mañón, figura muy conocida en el país.
La primera reunión con Roque fue en su oficina que está localizada por los alrededores del Parque Independencia y en la misma participaron los doctores Luis Díaz, Isaías Ramos, la licenciada Elba García y un servidor.
El segundo encuentro tuvo lugar en mi oficina de Santiago, donde Roque acudió acompañado de su estratega en ese momento, Melvin Mañón.
A instancia de un servidor nos pusimos de acuerdo para identificar un partido con reconocimiento ante la Junta Central Electoral (JCE) y concertamos varios encuentros con el doctor Fulgencio Severino, a fin de articular una propuesta lo más democráticamente posible, que escogiera a través de una consulta o primario un candidato a la presidencia y la vicepresidencia de la República.
Todo podría decirse que iba muy bien, pero la miopía política de la izquierda abortó ese proyecto, pero ello no fue obstáculo para continuar con el mismo y de presentar una propuesta lo más democrática posible a la sociedad dominicana.
Pero como el doctor Severino mostró cierta oposición a lo que lleva como nombre Frente de Salvación Nacional (FSN), el cual estaba concebido a nivel de una superestructura y una amplia infraestructura formada esta última por partidos y movimientos nacionales y municipales que fueran fundamentalmente éticos.
En virtud del tropiezo con la posición del doctor Severino, quien era el único de todos que contaba con un partido con personalidad jurídica, no quedó otra opción que continuar con el intento entre Roque Espaillat, Isaías Ramos y un servidor, José Cabral.
Sin embargo, cuanto todo parecía que avanzaba y que por lo menos nos habíamos puestos de acuerdo para construir esa propuesta todo quedó en suspenso porque el doctor Roque Espaillat se desapareció del escenario sin ninguna explicación que justificara su actitud.
Quedamos un viernes de que el próximo miércoles de la semana que seguía tomaríamos decisiones muy importantes hacia el logro de los propósitos buscados.
Pero nunca más supimos de Roque Espaillat, cuya justificación de su actitud estaba explicada en que él tenía un proyecto personal a través de un movimiento llamado «Rescate Democrático», es decir, que no le interesaba una propuesta política que fuera profundamente pluralista, abierta y democrática, cuyos dirigentes y candidatos se sometieran al escrutinio de los ciudadanos para darle una respuesta a la crisis de credibilidad de los partidos tradicionales.
Nunca más supe de El Cobrador, lo que indicaba que esa deuda pendiente con la sociedad dominicana no le interesaba, porque la única vía que él entendía que podía entrar a la actividad política era mediante un proyecto poco democrático y donde a él se señalara con el dedo como ocurrió con el Partido Socialista Cristiano (PSC).
Fueron muchas las cosas que se dijeron en ese momento de que él había comprado ese partido para convertirse en candidato presidencial, lo cual realmente no preocupaba porque eso se estila mucho en la sociedad dominicana, pero yo personalmente nunca creí eso, sino que en mi opinión Roque entendía que debía convertirse en aspirante presidencial sin nadie que lo obstaculice, aunque fuera de buena fe.
Luego me entero que había conformado una boleta con una señora de nombre Yadira Marte como aspirante vicepresidencial y comencé a ver la propagada desde que la colocó en la red social Tik Tok y hasta que explota el escándalo de que el PSC ha negociado con los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo, tres crápulas del escenario electoral dominicano.
Entendí que a pesar de que la candidatura de Roque la califico como una propuesta que no ofrece nada diferente, porque se sustenta en un espíritu antidemocrático, lo cierto es que considere atinada su decisión de no aceptar esa alianza.
Sin embargo, casi de inmediato surge otra versión, la cual prácticamente se confirma cuando Roque aparece con el doctor Ernesto Fadul, Ramfis Domínguez Trujillo y otra persona que no recuerda en la que se anuncia una posible alianza político-electoral entre ellos a través del Partido del hijo del más cruel dictador que ha tenido latinoamericana y el mundo.
Considero que esta última decisión de Roque de aliarse con Ramfis Trujillo va muy acorde con su forma de pensar y el espíritu de sus aspiraciones, ya que «El Cobrador» le confesó a quien esto escribe que siempre fue un seguidor y admirador del Doctor Joaquín Balaguer, uno de los discipulos mas aventajados del dictador, lo cual explica la alianza que parece ha concertado con el desacreditado pariente del sátrapa.
Es muy posible que «El Cobrador» se sienta muy tranquilo con su conciencia por el hecho de poner en una balanza para medir cuál es mejor aliado si los desacreditados partidos ahora aliados con el PSC o la figura de un “tigüere” del partidarismo nacional como Ramfis Domínguez Trujillo.
Sólo advierto al “Cobrador” que calcule muy bien a quien le va a cobrar si es que llega a tener éxito político, pese a todavía representa muy poco en la contienda electoral, cuya mala asesoría lo coloca en una encuesta que no ha sido realizada con un posicionamiento que no se corresponde con la verdad, lo cual lo proyecta en la misma dimensión de aquellos partidos que engañan a la sociedad con inventadas mediciones que no reflejan la realidad nacional.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.