Opinión
Roque Espaillat, «El Cobrador».
Por José Cabral
Hace ya algunos meses que través de un amigo conocí a Roque Espaillat, «El Cobrador», cuyo seudónimo es el resultado de la creación de Melvin Mañón, figura muy conocida en el país.
La primera reunión con Roque fue en su oficina que está localizada por los alrededores del Parque Independencia y en la misma participaron los doctores Luis Díaz, Isaías Ramos, la licenciada Elba García y un servidor.
El segundo encuentro tuvo lugar en mi oficina de Santiago, donde Roque acudió acompañado de su estratega en ese momento, Melvin Mañón.
A instancia de un servidor nos pusimos de acuerdo para identificar un partido con reconocimiento ante la Junta Central Electoral (JCE) y concertamos varios encuentros con el doctor Fulgencio Severino, a fin de articular una propuesta lo más democráticamente posible, que escogiera a través de una consulta o primario un candidato a la presidencia y la vicepresidencia de la República.
Todo podría decirse que iba muy bien, pero la miopía política de la izquierda abortó ese proyecto, pero ello no fue obstáculo para continuar con el mismo y de presentar una propuesta lo más democrática posible a la sociedad dominicana.
Pero como el doctor Severino mostró cierta oposición a lo que lleva como nombre Frente de Salvación Nacional (FSN), el cual estaba concebido a nivel de una superestructura y una amplia infraestructura formada esta última por partidos y movimientos nacionales y municipales que fueran fundamentalmente éticos.
En virtud del tropiezo con la posición del doctor Severino, quien era el único de todos que contaba con un partido con personalidad jurídica, no quedó otra opción que continuar con el intento entre Roque Espaillat, Isaías Ramos y un servidor, José Cabral.
Sin embargo, cuanto todo parecía que avanzaba y que por lo menos nos habíamos puestos de acuerdo para construir esa propuesta todo quedó en suspenso porque el doctor Roque Espaillat se desapareció del escenario sin ninguna explicación que justificara su actitud.
Quedamos un viernes de que el próximo miércoles de la semana que seguía tomaríamos decisiones muy importantes hacia el logro de los propósitos buscados.
Pero nunca más supimos de Roque Espaillat, cuya justificación de su actitud estaba explicada en que él tenía un proyecto personal a través de un movimiento llamado «Rescate Democrático», es decir, que no le interesaba una propuesta política que fuera profundamente pluralista, abierta y democrática, cuyos dirigentes y candidatos se sometieran al escrutinio de los ciudadanos para darle una respuesta a la crisis de credibilidad de los partidos tradicionales.
Nunca más supe de El Cobrador, lo que indicaba que esa deuda pendiente con la sociedad dominicana no le interesaba, porque la única vía que él entendía que podía entrar a la actividad política era mediante un proyecto poco democrático y donde a él se señalara con el dedo como ocurrió con el Partido Socialista Cristiano (PSC).
Fueron muchas las cosas que se dijeron en ese momento de que él había comprado ese partido para convertirse en candidato presidencial, lo cual realmente no preocupaba porque eso se estila mucho en la sociedad dominicana, pero yo personalmente nunca creí eso, sino que en mi opinión Roque entendía que debía convertirse en aspirante presidencial sin nadie que lo obstaculice, aunque fuera de buena fe.
Luego me entero que había conformado una boleta con una señora de nombre Yadira Marte como aspirante vicepresidencial y comencé a ver la propagada desde que la colocó en la red social Tik Tok y hasta que explota el escándalo de que el PSC ha negociado con los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo, tres crápulas del escenario electoral dominicano.
Entendí que a pesar de que la candidatura de Roque la califico como una propuesta que no ofrece nada diferente, porque se sustenta en un espíritu antidemocrático, lo cierto es que considere atinada su decisión de no aceptar esa alianza.
Sin embargo, casi de inmediato surge otra versión, la cual prácticamente se confirma cuando Roque aparece con el doctor Ernesto Fadul, Ramfis Domínguez Trujillo y otra persona que no recuerda en la que se anuncia una posible alianza político-electoral entre ellos a través del Partido del hijo del más cruel dictador que ha tenido latinoamericana y el mundo.
Considero que esta última decisión de Roque de aliarse con Ramfis Trujillo va muy acorde con su forma de pensar y el espíritu de sus aspiraciones, ya que «El Cobrador» le confesó a quien esto escribe que siempre fue un seguidor y admirador del Doctor Joaquín Balaguer, uno de los discipulos mas aventajados del dictador, lo cual explica la alianza que parece ha concertado con el desacreditado pariente del sátrapa.
Es muy posible que «El Cobrador» se sienta muy tranquilo con su conciencia por el hecho de poner en una balanza para medir cuál es mejor aliado si los desacreditados partidos ahora aliados con el PSC o la figura de un “tigüere” del partidarismo nacional como Ramfis Domínguez Trujillo.
Sólo advierto al “Cobrador” que calcule muy bien a quien le va a cobrar si es que llega a tener éxito político, pese a todavía representa muy poco en la contienda electoral, cuya mala asesoría lo coloca en una encuesta que no ha sido realizada con un posicionamiento que no se corresponde con la verdad, lo cual lo proyecta en la misma dimensión de aquellos partidos que engañan a la sociedad con inventadas mediciones que no reflejan la realidad nacional.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.