Nacionales
Recusan e interponen querella disciplinaria contra jueza Patricia Padilla
SANTO DOMINGO.-Fue recusada por el equipo de abogados de Donald Guerrero, implicado en el caso Calamar, la magistrada Patricia Padilla, jueza titular del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, por alegadas actitudes deliberantes parciales que estarían obstruyendo el derecho a la defensa del exministro.
Asimismo, los abogados Eduardo Núñez, Manuel Rodríguez, Mario Aguilera, María del Pilar Zuleta, Laura Rodríguez y Reynaldo Ramos, interpusieron ante el Consejo del Poder Judicial una querella disciplinaria en contra de la referida jueza, por cometer “acciones claramente contrarias a derecho y a los mandatos que rigen su rol de juzgadora imparcial, racional y en coherencia con el ordenamiento jurídico”.
De acuerdo a lo expuesto en el escrito de recusación, la defensa acusa a la magistrada de dictar decisiones ilegales sin escuchar a las partes ni celebrar audiencias, a pesar de que la ley así lo exige; retrasar durante meses la tramitación de recursos y solicitudes que por lo regular tardan días; además de estar parcializada a favor del Ministerio Público.
La jueza Padilla fue recusada y querellada el pasado mes de septiembre por la barra de defensa del ex ministro Ramón Peralta, también señalado en el caso Calamar, por “obrar con discrecionalidad excesiva” y violar los derechos del acusado.
“Dilaciones que laceran derechos y decisiones parciales”
Según detalla el equipo legal, la magistrada Patricia Padilla estaba apoderada de una solicitud de nulidad de investigación desde el 28 de noviembre del 2023. El 11 de diciembre dicha solicitud fue decidida de manera “administrativa”, sin convocatoria a audiencia y sin comunicación a las demás partes.
Destacan los abogados que además de violar las reglas fundamentales del debido proceso, como derecho a defensa y principio de contradicción y oralidad, la resolución de la jueza fue notificada seis días después de que la solicitud de nulidad fuese retirada por los abogados, precisamente por las evidencias de parcialidad manifestada. Además, afirman que la magistrada Padilla antedató la fecha en la decisión para así ignorar la solicitud de retiro de la instancia de nulidad.
Según el escrito, resulta imposible que la magistrada tomase la decisión previo al retiro de la instancia, pues, en las indagatorias previas al depósito del retiro, la secretaria del tribunal afirmó que no existía sentencia ni audiencia fijada.
Continúan exponiendo los abogados que, a la fecha, aún no ha sido tramitado ante la Corte de Apelación un recurso depositado en fecha 23 de enero del 2024, lo que “obedece a un comportamiento parcial en aras de retrasar la revisión de su decisión violatoria de derechos fundamentales”.
De acuerdo a la defensa, luego de dos meses para tramitar el recurso de apelación, la magistrada ha justificado su retraso en las notificaciones a los querellantes, lo cual es totalmente infundado, ya que todos han manifestado un domicilio procesal.
Acusan así a la magistrada de tomar sus decisiones de forma secreta, sin audiencias y sin convocar a los querellantes, dando “indicios serios de una actitud obstruccionista de derechos y garantías”.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.