Análisis Noticiosos
La Unión Tepito, el cártel chilango que se resiste a morir
Tras los últimos golpes, las autoridades plantean que la mafia se ha atomizado y perdido su poder; los investigadores independientes defienden que es un monstruo agazapado con mucho arraigo en los barrios trabajadores al que le queda aún vida
México.- Es un día festivo, de esos de la larga y cálida primavera mexicana que recuerdan mucho al bochorno veraniego. Ciudad de México celebra el aniversario de Benito Juárez. La gente se echa a los bares, los parques, el campo. En un restaurante de quesadillas a los pies del Ajusco, una familia festeja el cumpleaños de un niño. La policía acecha: creen que están ante una reunión secreta de los cabecillas de la Unión Tepito, el cártel chilango que hizo suya la capital a base de sangre y extorsión. Contra su pronóstico, no es una cumbre criminal, solo un pícnic en familia.
Eduardo Ramírez, El Chori, al que los informes de inteligencia sitúan como el nuevo cabecilla de la Unión Tepito, está pasando el día sin su seguridad personal en un área recreativa del Ajusco. La policía espera, paciente: hay demasiada gente, corren el riesgo de que se desate un tiroteo que afecte a víctimas civiles. La familia termina de comer, se monta en el coche, pone rumbo a Ciudad de México. Los agentes intervienen en un punto entre la montaña y el parque de atracciones Six Flags.
Cuando lo detienen, El Chori llora. Él, hombre violento y temido en las calles del barrio bravo de Tepito; acusado de asesinato y pertenencia a una organización criminal; sospechoso de desaparecer a su novia, de la que nadie ha vuelto a saber nada desde 2019; uno de los cabecillas más crueles de la Unión, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, se echa a llorar cuando la policía le echa el guante. Dice que se han equivocado de persona, que él importa zapatillas desde Panamá, que solo es un comerciante apegado a la ley. Los agentes no pestañean. Han agarrado a su presa.
Complicidad desde niños
El Chori, asegura la misma fuente, es un hombre extremadamente violento que se ha hecho un nombre a base de golpes, palizas, torturas, asesinatos, mutilaciones, extorsiones. Un repertorio alejado del de un comerciante de calzado. En el masivo mercado de Tepito, núcleo duro del cártel, le temen. Cuando la mafia lo envia a cobrar una extorsión, están mandando un mensaje: peligro, el asunto es grave, mejor no te atrases en tus pagos o ya te la sabes.
Las autoridades de la capital aseguran que la Unión Tepito es en estos días un cártel atomizado, dividido entre células independientes, sin un liderazgo claro. “Todos quieren subir, todos se sienten líderes”, explica la fuente. Aun así, son muy peligrosos, dice. En seis meses, cualquiera de sus cabecillas puede ascender en el escalafón criminal y hacerse fuerte. La estrategia policial es detenerlos antes de que eso ocurra, cortar las cabezas que sobresalgan en la organización. Pocos días después de la caída de El Chori, el sábado, la policía arrestó a otro lugarteniente de la Unión, José Mauricio Hernández Gasca, El Tomate, un escalón por debajo de El Chori en la jerarquía del grupo.
En sus 14 años como cronista de sucesos de la capital, el periodista Antonio Nieto ha cubierto más de 100 muertos relacionados con la Unión a pie de calle. Después de más de una década de investigación publicó El cártel chilango: Origen, poder y saña de la Unión Tepito (Grijalbo, 2020), la radiografía más completa que existe sobre ellos. El reportero discrepa con la policía. Cree que la versión oficial sobre la atomización de la mafia es un “relato simplista”.
“Es una mala interpretación de los medios y los organismos policiacos. Es cierto que el cártel ha perdido nivel de organización: si agarras las partes fuertes de un mismo cuerpo, claro que pega al sistema. Como una suerte de Al Qaeda o una organización terrorista, [la Unión] se divide en células, pero no están en confrontación. Nunca he documentado un solo caso en el que estas células se hayan querido matar por el poder”, afirma Nieto.
El periodista cree que las autoridades tienden a dar menos importancia a la Unión de la que en realidad tiene. Para él es un cártel en toda regla, con conexiones con otros grupos criminales a nivel nacional e internacional. Su fuerza, desarrolla, reside en una suerte de lealtad primitiva que pesa más que las luchas de poder. Son amigos del barrio que han crecido juntos y se cubren las espaldas: “Tienen complicidad desde niños, es difícil que esos lazos se rompan”.
—¿Y no es ese también un relato simplista?
—Sí, pero aquí la cuestión es que ese historial que tienen hace que conozcan a sus familias, conozcan exactamente de qué pie cojeas, dónde están tus hijos, tu amante, tu abuelo, tu mamá, so pena de que los acribillen. Aunque suena un poco a película de ficción, es algo que ha quedado documentado.
Historia de una unión
Hay un nombre protagonista en los comienzos: Pancho Cayagua. En 2009, Cayagua junta a un grupo de jóvenes del barrio y crea una especie de compañía de seguridad que protege a los comercios y clientes del mercado de Tepito contra la extorsión. Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, escindido del Cártel de los Beltrán Leyva tras la captura del capo Arturo Beltrán Leyva, intenta crear su propia organización y penetrar en el barrio bravo. Los chavales de Cayagua frenan a La Barbie. En ese primer momento, llevan unas camisetas rojas, una suerte de uniforme casero, en las que se lee “Unión Tepito”.
Poco tiempo después, ese grupo creado para proteger al barrio contra la extorsión, obliga a todos los comercios a pagarles por la “seguridad”. Ahí empieza el negocio más rentable de la Unión, el derecho de piso. Ya no son solo chicos de Tepito: Cayagua atrae a policías y federales corruptos que se unen a sus filas, “todo lo que estaba mal en la policía”, resume la fuente. Se hacen grandes, poderosos, sanguinarios, diversifican sus negocios. En 2013, masacran a 13 jóvenes en la discoteca Heavens, en el corazón de la ciudad. Otro nombre empieza a sonar: El Betito.
Policías decomisan armas, mariguana y precursores de drogas sintéticas de la Unión en la alcaldía Cuauhtémoc, en octubre de 2019.
ARMANDO MONROY (CUARTOSCURO)
En 2017, en uno de los primeros grandes golpes contra la Unión, una organización rival acribilla a Cayagua. Unos 15 jóvenes del grupo original se organizan y dan un paso al frente. Se autodenominan “hermanitos”, “la hermandad”, ilustra Nieto. Como en las viejas mafias italianas, son capitanes: una jerarquía “estructurada de manera horizontal” en la que solo un nombre sobresale por encima del resto, el único jefe real: Roberto Moyado Esparza, El Betito.
Pocos años antes, El Betito era franelero y cuidaba coches en el barrio, dice la fuente conocedora de la investigación. Nieto añade que pertenecía a una banda de robo de camionetas blindadas y tenía un abultado historial delictivo. Caguaya contrata a él y a otros chicos para ser el grupo de choque de la Unión. Se hacen conocidos por su brutalidad: asesinatos, secuestros, descuartizaciones.
Tras la muerte de Cayagua, El Betito da el paso al frente. En 2018, la Unión sube los decibelios. Un día de septiembre, cinco sicarios disfrazados de mariachis irrumpen en la plaza Garibaldi, templo de la música popular chilanga, y en seis segundos acribillan a 13 personas. Seis mueren. Iban a por el líder de un grupo rival, Fuerza Antiunión. El Betito llevaba unas semanas detenido, pero pocos dudaron de que su mano estaba detrás de la masacre. Lleva desde entonces en una cárcel federal. Para Nieto, él es el verdadero capo de la Unión, a pesar de estar entre rejas.
Una imagen de Roberto Moyado Esparza, El Betito, en una conferencia de prensa tras su captura, en 2018.GALO CAÑAS RODRÍGUEZ (CUARTOSCURO)
Nieto tampoco cree que El Chori fuera el líder actual, sino Alberto Fuentes Castro, El Elvis: “El capitán de mayor jerarquía es El Elvis, que siempre estuvo más arriba que El Chori en el mundo criminal. Ni siquiera hay una foto suya: la foto que ha distribuido la Fiscalía es falsa, esa persona no es él. Te das cuenta del nivel de mafioso que tiene: han pasado 14 años de la fundacion de la Unión Tepito y ni los medios ni las autoridades tienen una foto suya”.
Con El Betito, el cártel se mete de lleno en el narcotráfico. Consiguen un distribuidor de cocaína en Colombia, que descarga el material en el sureste mexicano, pero cuando detienen al capo, pierden la conexión. Su principal negocio sigue siendo la extorsión —entre 4.000 y 5.000 pesos por semana a cada comercio, de acuerdo con la fuente—, pero El Betito quiere expandirse, abarcar toda la ciudad: va a los bares y antros de la Roma, la Condesa, Polanco, Coyoacán, se “asocia” con los dueños: coloca a uno de sus hombres vendiendo su producto en el baño. Si alguien consume droga de fuera, paliza. La corrupción policial les echa un cable. Todos se lucran.
Perfil bajo, extorsión y arraigo en los barrios
Venden coca, pero también lo que llaman “droga de boutique”: marihuana hidropónica, tutsi (un polvo rosa que lo revienta entre los consumidores adinerados). Otros cárteles de fuera, como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación (CJNG), intentan penetrar en la ciudad, pero la Unión se hace fuerte en su feudo. “Una mafia urbana se comporta muy distinto a un grupo no prioritariamente urbano. Cuando grandes grupos como el CJNG o Sinaloa se inmiscuyen en áreas urbanas bajan el perfil. La Unión está imbuida en el monstruo urbano, toma otras formas delictivas que le permiten consolidar su presencia pero no ser necesariamente visibles”, apunta Rodrigo Peña, investigador del Colegio de México experto en las dinámicas criminales de la capital, que cree que la Unión Tepito se mantiene como el grupo “más dominante” en Ciudad de México.
Peña menciona otros factores que han ayudado a la Unión a conservar su poder: “La gentrificación que ha ocurrido en el barrio tiene que ver con una forma distinta de entender el mercado, y ahí participa también el grupo criminal: ya no se roba, ya no se secuestra, pero sí sabemos que la extorsión ha aumentado”. El cobro de piso, para el investigador, es el principal recurso de los de Tepito: “Es fundamental, se convierte en una especie de dispositivo político: les permite marcar presencia, construir una identidad de grupo, consolidar una idea de territorialidad que para los grupos criminales suele ser muy importante, y les da un perfil relativamente bajo”. En la capital, recuerda Peña, hay una “gran bajada de los delitos de alto impacto (en el caso homicidios hay un debate importante), pero uno de los pocos delitos que ha subido es la extorsión por este tipo de prácticas”.
Entonces, ¿es la Unión Tepito un grupo en decadencia y atomizado, como defienden las autoridades, o un monstruo en la sombra que conserva su fuerza? “Ahora está en ese punto suspensivo de quedarse clavado en su zona de comfort, pero lastimosamente para las autoridades y la ciudadanía, una vez que se agazapó, no parece haber un final agarren a quien agarren. Le cortan una cabeza a la hidra y le salen otras. No parece que a corto plazo podamos presumir el fin de la Unión”, considera Nieto.
El periodista añade otro factor: muchos adolescentes que crecen en colonias trabajadoras como la Morelos, la Guerrero o la Santa María la Ribera aspiran a ser de la Unión. “Un pedazo de la cultura barrial de la subcultura en Ciudad de México está pegada a este grupo delictivo. Esto hace que tengan mucha carne de cañón, que tengan muchos soldados. Es muy difícil que la autoridad pueda arrancar eso de cuajo”.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.