Opinión
Amnistía Internacional, CODUE y el impacto del racismo en RD
Por Narciso Isa Conde
En este país, ser pobre, ser negro, ser mujer o ser niña o adolescente -y ser todo esto y tener además pinta o ascendencia real haitiana- es una gran desgracia. Negar esa realidad, es querer tapar el sol con un dedo.
Amnistía Internacional-AI es un organismo de Derechos Humanos al servicio del sistema occidental, del orden mundial capitalista-occidental, nutrido por la ideología liberal y/o neoliberal. Hostil, al final de cuentas, a otros modelos político-sociales, especialmente adverso a aquellos de orientación socialista.
A.I. lanzó una fuerte crítica a los abusos de corte racistas y solicitó al presidente Luis Abinader «poner fin a las violaciones de derechos humanos hacia personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana, y personas negras».
En carta abierta dirigida al mandatario y a otras instituciones estatales, la entidad criticó también la «implementación de políticas migratorias de facto racistas con base en discriminación racial, las cuales generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas».
Recordó que «el propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250,000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional».
Amnistía Internacional destacó que «la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas de personas haitianas, incluyendo niños, niñas y mujeres embarazadas y puérperas»
“Tenemos información -agregó- de actos graves que habrían sido cometidos por funcionarios estatales dominicanos, contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas. En vez de proteger a estas personas del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que discriminan en su contra”,
· ES PEOR LA REALIDAD QUE LA DENUNCIA DE AMNISTÍA.
De todas maneras, comparados con las redadas abusivas y atropellantes, el maltrato físico, los hacinamientos en cárceles inmundas, los allanamientos ilegales en los bateyes, las golpizas filmadas, la prostitución de adolescentes, las deportaciones de menores o de padres y madres de menores, el trabajo semi-esclavo, la negación de ciudadanía a descendientes de padres o madres haitianas, la negaciones a la asistencia médica de mujeres embarazadas, el tráfico de mano de obra barata, la afrenta del muro fronterizo, las extorciones policial-militares, las quemas o destrucción de viviendas, los linchamientos y asesinatos recurrentes …poco ha dicho AMNISTÍA INTERNACIONAL y en bajo grado ha condenado la dimensión y el volumen de la saña racista desplegada en esta parte oriental de Quisqueya.
Se trata de una saña alimentada por la militarización represiva y el tratamiento ominoso que se le da al fenómeno socio-económico de la migración de nacionales haitianos, calificándola de “invasión pacífica”, “carga económica” y “agresión a una soberanía inexistente”; en tanto EEUU y UE han aplastado hace siglos la autodeterminación de nuestros dos pueblos en ambas partes de la isla.
La larga hegemonía de una supremacía blanca de corte colonialista, transferida a la cultura dominante en nuestro país, desprecia el enorme aporte del trabajo, mercado y talento haitiano a la economía, al arte y la cultura dominicana; así como desprecia, discrimina y agrede los valores de la negritud y el importante componente africano en nuestro sincretismo cultural. Los grupos de “gagá” han sufrido en carne propia la represión.
El eurocentrismo y el nort-centrismo -ambos con una fuerte dosis de racismo- no cesan de invadir la manera de pensar y actuar de las clase dominante- gobernante dominicana y sus medios, alimentando y contaminando a la vez variadas conductas racistas a diferentes niveles de la pirámide social; muchas veces no percibidas por una parte de sus propios sustentadores, incluidos sectores que en el colmo de los colmos vinculan la población haitiana a todo lo malo y a todo lo despreciable, hasta considerarla integrada por “seres inferiores”.
El racismo inunda la historiografía tradicional y el sistema de enseñanza del país.
El racismo anti-haitiano -apoyado en una historia insular colonialista y mentirosa- deprime el salario, empobrece y discrimina.
· EL SOL NO SE PUEDE TAPAR CON UN DEDO.
En este país, ser pobre, ser negro, ser mujer o ser niña o adolescente -y ser todo esto y tener además pinta o ascendencia real haitiana- es una gran desgracia. Negar esa realidad, es querer tapar el sol con un dedo.
El Consejo de la Unidad Evangélica (CONUE), presidido por el pastor Feliciano Lancen Custodio -entidad conectada al evangelismo racista estadounidense de extrema derecha- se ve obligado a calificar las críticas de A.I. de “injustas e inaceptables”. Eso se llama pretender “tapar el sol con un dedo”; obviando hechos incontrovertibles en el contexto de ciertas pugnas entre facciones imperialistas semi-liberales y ultra-conservadoras.
Amnistía Internacional se queda corta en la crítica a la negación de derechos de migrantes y descendientes de emigrantes haitianos/as radicados aquí, guarda silencio frente a las violaciones de derechos a la mayoría de nuestros connacionales y CONUE miente cuando se empeña en combatir una modalidad limitada de defensa de los derechos humanos de la negritud con raíces haitianas radicada en nuestro país.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.