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JCE confirma actual jefe de la Policía Militar Electoral, pese a pedido de los partidos.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) reafirmó al actual jefe de la Policía Militar Electoral, mayor general del Ejercito Juan José Otano Jiménez, a pesar de los reclamos realizados por partidos políticos de oposición.
De esta manera lo explicó el presidente de la JCE, Ramón Jáquez Liranzo, quien aseguró durante un almuerzo organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (ACHAMDR) que la Policía Militar Electoral cumple con sus funciones bajo el ordenamiento y seguimiento del órgano rector.
Jáquez Liranzo reveló que el pleno del órgano electoral aprobó un plan, encabezado por el mayor general Otaño Jiménez, para las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo.
“En tal sentido, se ha aprobado al mayor general Otaño Jiménez un plan que este pleno ha detallado minuciosamente”, dijo.
El presidente de la JCE especificó que la nueva iniciativa contempla el despliegue de diversos agentes en 37 zonas de operaciones que estarán dirigidas por un oficial general.
El primer grupo, según expresó, será el responsable de las “cadenas de custodia del proceso electoral”, para proteger la movilización de las valijas con las actas, antes de ser depositadas en las juntas municipales.
El siguiente personal será desplegado en los alrededores de los centros de votación para evitar que dirigentes políticos instalen carpas y desarrollen “activismo político” durante el día de los sufragios, comunicó Liranzo.
Por último, este cuerpo de seguridad contará con un personal especializado en el ambito penal, destinado a auxiliar a la Procuraduría Especializada contra Delitos Electorales.
“Son auxiliares del Ministerio Público. Son Policías Militares Electorales especializados en el proceso penal, como el llenado de actas de allanamientos y otras acciones legales competencias del Ministerio Público”, precisó.
CRÍMENES Y DELITOS ELECTORALES
Por otro lado, Jáquez Liranzo aprovechó su ponencia para aclarar que la investigación, acusación y persecución de los crímenes, al igual que los delitos, electorales no son competencia de la JCE.
“Sobre los crímenes y delitos electorales hay que aclarar que la investigación, acusación y persecución de estos, así como su «juzgamiento», no es competencia de la Junta Central Electoral”, subrayó.
Liranzo señaló que estas responsabilidades corresponden al “Ministerio Público Electoral”, quien deberá desplegar 2 fiscales en cada provincia del país para dar cumplimiento a lo establecido en las leyes.
No obstante, resaltó que la JCE ha firmado acuerdos con de colaboración con el Ministerio Público para eficientizar el combate contra las compras ilegales de cédulas y otros delitos electorales.
“La Junta reitera su compromiso con el apego a las leyes y la Constitución para las próximas elecciones”, dijo.
JCE RESPETUOSA DE LOS PARTIDOS
El representante del pleno de la JCE destacó la relación cercana que han asumido con las organizaciones políticas, para así aportar al fortalecimiento de la legitimidad y transparencia de esta contienda electoral.
“Con cada uno de los delegados, titulares y suplentes, un diálogo abierto y constante que han permitido que nuestras decisiones estén apegadas a las leyes y la constitución, pero siempre bajo el predominio de las sugerencias y opiniones de ellos. Esta es una Junta Central Electoral abierta que escucha, valora y respeta a los protagonistas del proceso, los partidos… Procediendo siempre con un tacto igualitario, para todos”, declaró.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.