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JCE confirma actual jefe de la Policía Militar Electoral, pese a pedido de los partidos.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) reafirmó al actual jefe de la Policía Militar Electoral, mayor general del Ejercito Juan José Otano Jiménez, a pesar de los reclamos realizados por partidos políticos de oposición.
De esta manera lo explicó el presidente de la JCE, Ramón Jáquez Liranzo, quien aseguró durante un almuerzo organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (ACHAMDR) que la Policía Militar Electoral cumple con sus funciones bajo el ordenamiento y seguimiento del órgano rector.
Jáquez Liranzo reveló que el pleno del órgano electoral aprobó un plan, encabezado por el mayor general Otaño Jiménez, para las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo.
“En tal sentido, se ha aprobado al mayor general Otaño Jiménez un plan que este pleno ha detallado minuciosamente”, dijo.
El presidente de la JCE especificó que la nueva iniciativa contempla el despliegue de diversos agentes en 37 zonas de operaciones que estarán dirigidas por un oficial general.
El primer grupo, según expresó, será el responsable de las “cadenas de custodia del proceso electoral”, para proteger la movilización de las valijas con las actas, antes de ser depositadas en las juntas municipales.
El siguiente personal será desplegado en los alrededores de los centros de votación para evitar que dirigentes políticos instalen carpas y desarrollen “activismo político” durante el día de los sufragios, comunicó Liranzo.
Por último, este cuerpo de seguridad contará con un personal especializado en el ambito penal, destinado a auxiliar a la Procuraduría Especializada contra Delitos Electorales.
“Son auxiliares del Ministerio Público. Son Policías Militares Electorales especializados en el proceso penal, como el llenado de actas de allanamientos y otras acciones legales competencias del Ministerio Público”, precisó.
CRÍMENES Y DELITOS ELECTORALES
Por otro lado, Jáquez Liranzo aprovechó su ponencia para aclarar que la investigación, acusación y persecución de los crímenes, al igual que los delitos, electorales no son competencia de la JCE.
“Sobre los crímenes y delitos electorales hay que aclarar que la investigación, acusación y persecución de estos, así como su «juzgamiento», no es competencia de la Junta Central Electoral”, subrayó.
Liranzo señaló que estas responsabilidades corresponden al “Ministerio Público Electoral”, quien deberá desplegar 2 fiscales en cada provincia del país para dar cumplimiento a lo establecido en las leyes.
No obstante, resaltó que la JCE ha firmado acuerdos con de colaboración con el Ministerio Público para eficientizar el combate contra las compras ilegales de cédulas y otros delitos electorales.
“La Junta reitera su compromiso con el apego a las leyes y la Constitución para las próximas elecciones”, dijo.
JCE RESPETUOSA DE LOS PARTIDOS
El representante del pleno de la JCE destacó la relación cercana que han asumido con las organizaciones políticas, para así aportar al fortalecimiento de la legitimidad y transparencia de esta contienda electoral.
“Con cada uno de los delegados, titulares y suplentes, un diálogo abierto y constante que han permitido que nuestras decisiones estén apegadas a las leyes y la constitución, pero siempre bajo el predominio de las sugerencias y opiniones de ellos. Esta es una Junta Central Electoral abierta que escucha, valora y respeta a los protagonistas del proceso, los partidos… Procediendo siempre con un tacto igualitario, para todos”, declaró.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.