La política ha exacerbado la ineficacia del sector eléctrico debido al clientelismo, la falta de transparencia,  de comunicación, nombramientos políticos y desvío de recursos.

Así se establece en  el informe “Mejoramiento de la calidad del gasto público”, elaborado por el Banco Mundial y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).

Indica que los problemas se han agravado por   la limitación de las oportunidades de  actores externos; la facilidad con la que los nombramientos políticos interfieren en el sector eléctrico y la ligereza relativa con que los contratos, empleos o recursos financieros de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) pueden desviarse hacia otros usos.

Establece que no se realizan audiencias públicas antes de adoptar decisiones en materia de regulación y no existen procesos participativos para aportar a la labor de las instituciones de la gestión o formulación de políticas públicas.

“Durante los últimos 10 años, las decisiones de inversión se han tomado a través de negociaciones bilaterales entre la CDEEE y los posibles inversionistas, de una manera poco transparente. En consecuencia, la gestión y las decisiones se basan en consideraciones políticas antes que económicas”, expresa el informe.

Clientelismo.  Refiere que debido al  clientelismo las medidas  se  han concentrado  en el área   ejecutiva y  las  decisiones e  inversiones se determinan en gran medida antes de los procesos electorales, lo que minimiza el costo político y maximiza los beneficios a corto plazo (por ejemplo, la postergación de los aumentos de las tarifas o incremento  de la oferta de energía).

Indica  que    esta  combinación de factores económicos y políticos ha generado  un “equilibrio inverso”, es decir, las graves deficiencias en la generación de ingresos provenientes de la venta de electricidad a los usuarios           finales, combinadas con la grave ineficiencia de las entidades  del sector,  han restringido considerablemente la autosuficiencia financiera del sector.

Estas medidas  han  distorsionado y perjudicado la inversión privada  e incrementado la intervención directa del Estado,  lo cual ha repercutido en los problemas de gobernanza, gestión y generación de ingresos.

El informe apunta, por otro lado, que las iniciativas de reforma que se intentaron en el pasado se vieron obstaculizadas porque  muchas de las medidas necesarias, como reajustar las tarifas,  tenían un alto costo político.

 Tampoco  existía una buena estrategia de comunicación para educar a las entidades públicas y a los consumidores acerca de la necesidad de la reforma y generar el apoyo requerido entre las principales partes interesadas.

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Medidas positivas

 El informe elogia las  últimas  medidas del Gobierno  que afectan al sector eléctrico  hace décadas, como son  reajustes de  tarifas;  eliminación del Programa de Reducción de Apagones (de cuyos beneficiarios solo  44% eran pobres).

Otras buenas medidas

Creación del programa Bonoluz, que beneficia  a los  pobres;  nombramiento  nuevas autoridades y reemplazo de  equipos de gestión de  compañías de distribución por  profesionales e implementación  de medidas a favor de la transparencia y  reducción de costos.