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36 millones son considerados pocos para remoción del Huacalito de La Vega
La Vega, RD.-Tras el presidente Luis Abinader disponer a Bienes Nacionales crear una comisión para rehabilitar y remodelar el Edificio de Oficinas Públicas Juan Pablo Duarte, conocido como el «Huacalito», de La Vega, y el correo de Santiago, con una inversión de 36 millones de pesos, el ingeniero y presidente del Instituto Duartiano en la provincia, César Arturo Abréu Fernández, consideró que la suma no es suficiente.
“Hay para eso 36 millones, que yo lo encuentro poco. Yo lo encuentro poco para intervenir en los dos edificios, yo no sé el de Santiago cómo está, pero el de La Vega requiere una inversión fuerte, cuantiosa”, estableció Abreu Fernández.
Además, cuando se filtra el agua por el techo, las varillas que son de hierro se oxidan y se deterioran, por lo que también se debe hacer un estudio de vulnerabilidad.
No obstante, los datos que se han ofrecido sobre esta intervención, como cuando iniciará o concluirá, la fuente de procedencia de la inversión monetaria, si es desde la Presidencia o si es desde Presupuesto de la Nación, resultan escasos.
El ingeniero César Arturo afirmó que, aunque las inversiones del Gobierno siempre toman tiempo, ya que hay que esperar que aprueben el presupuesto, y “en palacio las cosas caminan despacio”, “estamos bien porque se movieron las cosas y el presidente ya está enterado, porque parece que no lo sabía” (refiriéndose a las condiciones deplorables en las que se encuentra el Huacalito en la actualidad).
El pasado jueves 6 de junio el director de la Dirección General de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, informó a LISTÍN DIARIO que se creó una comisión para rehabilitar y remodelar el Edificio de Oficinas Públicas Juan Pablo Duarte conocido como el Huacalito de La Vega para devolverle el “esplendor” a esa edificación.
Además, agregó que la comisión ya se encuentra trabajando en el informe sobre las infraestructuras y que los fondos asignados para intervenir este edificio junto al del correo de Santiago ascienden a 36 millones de pesos.
Burgos expresó que ambos edificios se pondrán en condiciones óptimas para que la ciudadanía pueda acudir allí a buscar servicios sin ninguna dificultad, por lo que harán un trabajo lo más profundo posible.
Aseveró que van a ir más allá de las necesidades del edificio, proveyéndolo de confort, aire acondicionado, muebles, comunicaciones y adecuar el entorno.
Las condiciones precarias y de deterioro en las que se encuentra este complejo de instituciones públicas, donde funciona la Dirección General de Pasaportes, Ministerio de Educación, Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección Provincial de Salud Pública de La Vega, fueron denunciadas por este medio a través de una serie de reportajes.
Además, el edificio nunca se cierra, pues hace años las puertas de cristal tanto de la zona trasera como la delantera las tumbaron, algunas se las robaron y hasta el día de hoy permanece abierto.
Otra situación difícil se produce cuando llueve, pues el agua penetra y se inundan los alrededores.
El edificio está en la calle María Trinidad Sánchez de La Vega y, debido a las precariedades, los usuarios se quejan por el mal servicio, por lo que reclamaban a las autoridades su intervención.
¿QUÉ PASARÁ CON EL OTRO HUACALITO?
Con respecto a la otra edificación donde se pretendía mover al Huacalito de La Vega y que actualmente se encuentra en condiciones deplorables, a medio hacer y cerrado con mallas ciclónicas, Burgos dijo que realizó una visita a este lugar hace un mes, haciendo un levantamiento también por instrucciones del presidente y hasta el momento están esperando que se apruebe un proyecto para esta zona.
“En ese caso nosotros estamos esperando que el señor presidente apruebe un proyecto para ese lugar, pero no tenemos todavía la aprobación hasta que él no decida si va a hacer un centro cívico u otro edificio de oficinas públicas. Estamos esperando su decisión”, puntualizó.
Santo Domingo, R.D.– La resolución 00263-2024 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a favor de los pensionados y jubilados del Estado dominicano dispone el aumento de la cobertura y beneficios para los planes especiales transitorios de servicios de salud de la población en condición de retiro.
La medida, que ordena reducir al 3.2% los aportes de los pensionados y jubilados al Seguro Familiar de Salud (SFS) hasta el tope de 10 salarios mínimos nacional, garantizará coberturas adicionales aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y ampliará la red de prestadores de servicios de salud en todo el país, incluyendo clínicas, laboratorios y centros diagnósticos, para mejorar el acceso y la calidad de la atención.
Esta disposición entrará en vigor de forma retroactiva a partir del 01 de diciembre de 2024, impactando positivamente a jubilados y pensionados de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), médicos, maestros, policías, exmiembros de los cuerpos castrenses y sus dependientes directos.
Para la aplicación de los nuevos beneficios, el Gobierno dispuso una inversión de más de mil 600 millones de pesos y emitió el decreto 644-24 para reducir al 3.2% el aporte de los pensionados, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los jubilados y pensionados.
La resolución establece los nuevos per cápita por ampliación de red e inclusión de nuevos beneficios e instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud ARS SeNaSa, ARS CMD y ARS SEMMA brindar los servicios y actualizar un listado con los nuevos Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
Sobre SISALRIL
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) es la institución responsable de garantizar el derecho a la salud y la protección ante riesgos laborales de la población de manera oportuna y con calidad, mediante la regulación y supervisión en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Es una entidad autónoma del Estado, establecida el 9 de mayo de 2001 mediante la Ley No. 87-01 que crea el SDSS.
Restauración.–Varias personas de nacionalidad haitiana fueron apresadas por autoridades conjuntas para ser investigados con relación al robo efectuado en la residencia de la señora Martina Valdez, a quien también hirieron por arma blanca en el municipio de Restauración.
En un amplio operativo encabezado por el teniente coronel Caba Suriel, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), el Ejército de República Dominicana y la Policía Preventiva, se realizan las detenciones para tratar de esclarecer el hecho donde resultó afectada por golpes y heridas la señora Martina Valdez de 61 años de edad.
Se presume que un hombre de origen haitiano es el responsable de amordazar y provocarle heridas a la señora Martina Valdez de 61 años para robarle sus pertenencias.
Este hecho ocurrió alrededor de la siete de la noche del lunes cuando la señora Valdez se encontraba en su residencia de la calle Duarte de dicho municipio.
Caba Suriel manifestó que no permitirá que antisociales siembren la intranquilidad de las personas de bien en esta provincia, por lo que pidió a los malhechores a abstenerse de infringir la ley.
Santo Domingo, R.D.-Fue descargado de responsabilidad penal el agente de Migración Carlos Jiménez Rosario, cuya decisión provino del Primer Tribunal Colegiado de la Provincia de Santo Domingo de un hecho que se produjo por supuestamente violar sexualmente a una haitiana en septiembre del 2023 en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA)
La información la ofreció su abogado Óscar de León, quien dijo que la supuesta víctima Stephy Graph Cadichon, de 31 años, nunca compareció al tribunal y tampoco fue posible localizarla en Estados Unidos donde habría viajado.
Graph Cadichon imputó al agente haber abusado sexualmente de ella luego de una supuesta discusión que sostuvieron en la terminal aérea, porque la extranjera presuntamente intentó viajar con un visado falso de un niño que la acompañaba.
Según su denuncia, Jiménez Rosario la llevó a un cuarto del aeropuerto donde la violó.
De León explicó que los jueces Elizabeth Rodríguez, Flor Batista y José Leonel Asencio emitieron la sentencia absolutoria a favor de Jiménez Rosario por insuficiencia probatoria.
El agente duró preso siete meses en la cárcel Najayo-Hombres, como medida de coerción, la cual se le varió por presentación periódica y una garantía económica cuando fue enviado a juicio de fondo.
La extranjera tenía un proceso abierto en su contra por supuesta visa falsa, en el que se le declaró en rebeldía.