Santo Domingo, R.D.-Este lunes la comisión especial de senadores que estudia el proyecto depositado para modificar el Código Penal del país, determinó que la pieza contiene, en su mayoría, los mismos artículos que la pieza depositada en ocasiones anteriores.

Además, tampoco contaba con la adición en el artículo 317 de un párrafo que despenalice la interrupción del aborto en situaciones en las cuales la vida del feto y la madre esté en peligro.

De acuerdo con lo explicado por uno de los miembros de la delegación, el senador de Pedernales, Dionis Sánchez; fueron mínimas las variaciones que recibió el proyecto.

“Básicamente, fue en lo que siempre se ha planteado. En la discriminación, que hay algunos que la redactan de una forma…”, dijo Sánchez haciendo referencia al artículo 185 del Código Penal y otros relacionados.

Asimismo, el senador de Elías Piña, Yván Lorenzo, indicó que la delegación propondrá que los congresistas agoten, en las próximas sesiones legislativas, la etapa de lectura integral del documento, en el que fueron “agregados” alrededor de 72 tipificaciones penales.

Este mismo proyecto fue aprobado en 2023 durante dos discusiones consensuadas por los senadores. Sin embargo, perimió en una comisión bicameral después de su llegada a la Cámara de Diputados.

En la mesa de trabajo, presidida por el senador del Seibo, Santiago Zorrilla; también participan los senadores José del Castillo, Antonio Taveras, Franklin Romero, Virgilio Cedano, Pedro Catrain, Ramón Rogelio Genao y Lía Díaz de Díaz.

La votación favorable del proyecto se produjo cercana a la fecha en la que culmina la última legislatura del cuatrienio 2020-2024, programado para el 25 de julio.

Será el próximo 16 de agosto cuando los congresistas electos y legisladores reelectos se posesionarán en el Congreso Nacional, como parte de la apertura del nuevo periodo gubernamental 2024-2028.

Santo Domingo, RD.- Fue activado el Comité de emergencia y Desastres por la Dirección del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, el cual se mantendrá en sesión permanente ante el pronóstico por el huracán Beryl, que según los pronósticos provocará lluvias en el país, para hacer frente a cualquier desastre natural y dar respuesta oportuna.

«Actualmente contamos con 45 camas disponibles,  esperando que para el martes  tengamos más de 60 camas» dijo Landròn.

En la reunión se informó del abastecimiento de insumos y medicamentos en todas las áreas,   así como aumento del  personal.

El doctor Landròn manifestó la necesidad de estar preparados para dar servicios con calidad y calidez a los usuarios.

Madrid, España. – Henrry Molina,  juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y el director de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), Santiago Muñoz Machado, se reunieron en Madrid con el objetivo de impulsar en República Dominicana el lenguaje claro en las decisiones judiciales.

Con la reunión celebrada este lunes se pone en marcha los convenios que contribuirán a facilitar la comprensión del complejo lenguaje jurídico y, de esta forma, mejorar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

Esta iniciativa es fruto de las acciones llevadas a cabo por República Dominicana mientras ocupó la presidencia pro tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), encabezada por el Juez presidente Henry Molina. El objetivo es impulsar acuerdos similares con los poderes judiciales de toda la región.

Los convenios tienen por objeto establecer vínculos de cooperación técnica, de asistencia e investigación para la edición digital del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) con el CPJ, la ENJ y la RAE, a efectos de fortalecer las capacidades de los operadores jurídicos que garanticen el acceso a la justicia.

El citado Diccionario Panhispánico es fruto del esfuerzo conjunto de todas las Academias de la Lengua Española, los Tribunales o Cortes Supremas de Justicia de Hispanoamérica y especialistas de las universidades de los distintos países.

El diccionario es esencial para fortalecer la cultura jurídica común y una fuente extraordinaria de información para todos los poderes públicos y los operadores jurídicos, constatando la necesidad y la importancia de vincular el diccionario con las bases de datos de jurisprudencia y legislación de los países más avanzados.